La audiencia pública para evaluar recurso interpuesto por Pedro Olaechea será en Arequipa.
Rolando Vilca Begazo
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, para determinar la legalidad del cierre del Congreso, sin embargo las elecciones congresales convocadas para enero seguirán su curso.
Esta decisión, en opinión del expresidente de esta institución, Óscar Urviola Hani, hace prever que la disolución del parlamento “es un hecho consumado” y “sea cual sea la sentencia definitiva no interferirá con el proceso electoral en marcha”.
De esta forma, el fallo del TC solo quedará como precedente de futuras interpretaciones de la Constitución en relación al uso de la cuestión de confianza para disponer el cierre del Congreso y evitar así arbitrariedades en su aplicación.
“El TC aplicó el principio de previsión de consecuencias negativas en el sistema democrático y el espíritu pacificador que debe reinar en todos sus fallos para no desconocer las elecciones congresales del 26 de enero”.
Oscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional.
“Es oportuno que el TC diga cuáles son los límites de la cuestión de confianza y cómo se debe interpretar una negativa [del Congreso]. Eso es fundamental para el desarrollo de nuestra vida democrática”, afirmó Urviola.
Por unanimidad
La decisión de admitir la demanda competencial fue adoptada por unanimidad por los siete magistrados del Tribunal Constitucional.
El magistrado Carlos Ramos, encargado de sustentar la ponencia que permitió adoptar este acuerdo, señaló que no se podía dejar de lado el recurso interpuesto por Pedro Olaechea, por una postura ‘formalista’, sino que el TC debía asumir un pronunciamiento de fondo.
“No se trata de buscar respuestas a la disolución del Congreso, sino de buscar respuestas a la organización democrática del país hacia adelante”, declaró a medios capitalinos.
Elecciones en pie
En relación a la medida cautelar solicitada por Olaechea para que se restituya el Congreso disuelto en tanto el TC se pronunciaba sobre la constitucionalidad de la disolución del Parlamento, por mayoría se rechazó este pedido.
Los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledezma, Carlos Ramos, Augusto Ferrero y Eloy Espinoza-Saldaña votaron por la improcedencia; en tanto que Ernesto Blume y José Luis Sardón, se mostraron a favor.
Según Carlos Ramos, la razón principal era que “se pondría en riesgo el calendario electoral del país”. “La autoridad electoral puede llevar a cabo elecciones programadas [para el 26 de enero] y la ciudadanía debe sentirse tranquila sobre este proceso”, explicó.
¿Qué sigue?
Ramos también exhortó al gobierno de Martín Vizcarra para que “responda de manera diligente” a la demanda competencial, una vez que sea notificado el 4 de noviembre. Solo así se podrá resolver este tema a la brevedad.
“La admisión de la demanda competencial no implica el reconocimiento de Pedro Olaechea como presidente del Congreso [disuelto]”.
Eloy Espinoza-Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional.
No obstante hay que precisar que una vez recibida la notificación, el Ejecutivo tendrá 30 días hábiles —hasta el 16 de diciembre— para responder por escrito. Después de ello el TC fijará la fecha de la audiencia pública, que se realizará en la sede de Arequipa y donde ambas partes en controversia expondrán sus argumentos y responderán a las preguntas de los magistrados.
Tras la audiencia, el TC tendrá 15 días hábiles para emitir el fallo final. Sin embargo, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, advirtió que en caso que no se logre el voto mayoritario de cuatro magistrados a favor de la propuesta de Carlos Ramos, se podría convocar a un nuevo ponente para que elabore otra fórmula legal que logre el consenso mayoritario.