Se agrava crisis en colegios privados por norma que obliga a transparentar sus costos

Rolando Vilca Begazo

El Decreto Legislativo n° 1 476 que obliga a los colegios privados a transparentar sus costos para implementar las clases virtuales en el presente año, agravará más la crisis en estas instituciones al agudizar el enfrentamiento con los padres de familia y provocar el cierre de muchos de ellos.

El secretario de defensa de la Asociación Regional de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa (ARIEP), Ricardo Medina Minaya, señaló que “el Gobierno a través de esta norma crea un conflicto social entre los promotores de los colegios privados y los padres de familia, y en medio de ellos están los estudiantes”.

El D.L. 1 476 fija un plazo de siete días hábiles —desde el 6 de mayo— para que los colegios privados informen a los padres de familia, no solo sus costos operativos, sino la propuesta de modificación del contrato, es decir la reducción de la pensión por la implementación de las clases no presenciales.

Además, se advierte que estas instituciones “no pueden cobrar por las prestaciones que se dejaron de brindar producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19”.

De la misma forma, la norma aclara que en el caso que los padres de familia no estén de acuerdo con las nuevas condiciones del servicio (educativas y económicas) podrán resolver el contrato y se procederá con la devolución de la cuota de ingreso, matrícula y las pensiones canceladas (de este año) en un plazo máximo de 30 días calendario.

Estas condiciones, en opinión de Ricardo Medina, provocan un mayor enfrentamiento en aquellos casos donde la reducción de las pensiones no fueron acorde a lo solicitado por los padres de familia.

“En el caso de nuestra asociación, adoptamos el acuerdo de reducir las pensiones hasta en 50% y según la realidad de cada colegio, pero con esta norma se puede desconocer el compromiso conseguido con los padres de familia”, afirmó.

Más problemas

Medina, también explicó que si bien cada colegio “hará un estudio económico” para dar a conocer sus costos operativos, el problema se presentaría si estos son mayores a los que deben solventar con la rebaja de la pensión.

“Ahora tendrán que incorporar, por ejemplo, la mejora de la plataforma de enseñanza virtual, así como el servicio de consejería psicológica no solo para los alumnos que reciben un sistema de enseñanza para el que no estuvieron preparados, sino para los profesores y eso encarecerá los costos”, apuntó.

Esta situación provocaría la insolvencia económica de varios colegios, que se verían obligados a sobrevivir con los escasos ingresos para no perder más alumnos y cerrar, pues muchos se trasladaron a colegios públicos.

Hace dos semanas atrás, la Asociación Regional de Instituciones Educativas Privadas (ARIEP), reportó el cierre de 150 colegios privados a nivel regional, al no poder hacer frente a la crisis económica por la reducción de las pensiones y el retiro de alumnos. Ahora temen que esta cifra aumente mucho más.

Medina, incluso cito el caso de varios colegios en zonas urbano marginales donde la pensión se rebajó hasta 75 y 30 soles, a costa del descuento en los sueldos de los profesores e incremento de su trabajo. En tanto que en otros casos se cerraron algunas secciones y se despidieron a docentes.

“Están tratando de salvar la situación como pueden y esto no lo entiende el Gobierno”, agregó.

Demanda judicial

Ante esta grave situación, Ricardo Medina Minaya dijo que a nivel de ARIEP, evalúan la presentación de un recurso legal en contra de la aplicación del D.L n° 1 476. 

De similar opinión es el director técnico de Corpaidos, Alfredo Aguilar Medina, quien sostuvo que esta norma colisionaría con el artículo 58 de la Constitución peruana, que promueve la iniciativa privada en sectores como la educación, por lo que procedería una Acción de Amparo.

“En este contexto, los colegios privados se deberían preparar para una contienda judicial contra el mismo Gobierno, porque no se respeta el derecho de fijar sus propios costos y que estos sean ofertados dentro de una economía de libre mercado”, explicó.

Incluso consideró que esta norma podría ser “una punzada de muerte” contra un gran sector de colegios privados que cobran pensiones por debajo de los 200 soles, en medio del conflicto por la educación no presencial, al exigirles que devuelvan hasta el pago de las matrículas, si es que el padre de familia opta por retirar a su menor de estas instituciones.

Aguilar, también responsabilizó de esta situación a aquellos colegios privados “que no entendieron el escenario de la crisis económica y que ni siquiera llegaron a rebajas de pensión del 30%”.

“Ahora, todos los colegios están en medio de un gran problema y si prospera la devolución forzada de las cuotas de ingreso, matrículas y el pago de pensiones, eso liquidaría de muchos colegios”, finalizó.