La región Arequipa cerrará el año con un nuevo conflicto social. Se trata de la ejecución del proyecto minero de Tambomayo, que cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y está ubicado en los anexos de Puna Chica y Tocallo en el distrito de Tapay, provincia de Caylloma.
El comisionado de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Wilmer Aranzamendi, explicó a Encuentro que este caso “reúne todos los requisitos para ser calificado como conflicto social”, como ocurrió en su momento con Tía María, por lo que será incorporado en el Reporte de Conflictos Sociales Activos de fin de año.
Este caso, que ya fue advertido en la edición 157 de Encuentro (del 19 de julio pasado), en la actualidad es abordado por la Oficina de Conflictos Sociales del gobierno regional y la Defensoría del Pueblo. Ambas instituciones buscan “tender puentes de diálogo” con el alcalde del lugar, Isidro Llanquecha Salas y los dirigentes del Frente de Defensa. El titular del proyecto minero es Cía. Minas Buenaventura, que invertirá US$ 256 millones para la extracción y procesamiento de oro y plata, durante 33 años de operación.
Reclamo
El problema radica en la ejecución del proyecto de captación de agua a cargo de la minera con una inversión estimada de S/. 5 millones, producto de un compromiso asumido anteriormente. Según denunció la autoridad edil, la inversión no sustenta el beneficio del proyecto, porque solo dotará de 5 litros por segundo, que serán insuficientes para atender la demanda de consumo humano y de riego de campos de cultivo en Tapay.
Además, insisten en que Buenaventura contrate a personal de la zona para las labores de construcción y operación de la mina. Aranzamendi, admitió que como van las cosas, será necesario convocar a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a fin de viabilizar la solución a estas demandas. “A nosotros nos preocupa encarar la problemática de conflictividad social en su momento y oportunidad. Y este es el momento de hacerlo, antes que (los pobladores) diseñen otras formas de protesta para hacerse escuchar”, argumentó.
En observación
Otro caso, que está en evaluación es el proyecto minero Zafranal cuya área de influencia se extiende en los distritos de Huancarqui (Castilla) y Lluta (Caylloma). La empresa a cargo es AQM Copper y Teck Resources, que invertirá US$ 1,100 millones en la extracción de cobre y oro. “Por ahora solo estamos monitoreando la situación para ver como discurren los hechos”, apuntó Aranzamendi.
Tía María marcó 2015
Para Wilmer Aranzamendi, el año que culmina fue muy complicado en el aspecto de la conflictividad social por el caso de Tía María. “Tuvo un desarrollo localizado en los distritos de la zona de influencia y luego se amplió a toda la provincia de Islay, influyó en la región y tuvo repercusiones macrorregionales y nacionales”, agregó.
Lo más grave, según el funcionario, es que desnudó la debilidad institucional del gobierno para atender la conflictividad social con la premura y efectividad que se requería.
Ahora, “mucho dependerá del gobierno que ingrese en el 2016 para encarar o no este problema hasta su solución”.
2016 de esperanza
Según Aranzamendi, por experiencia de procesos electorales anteriores, los meses posteriores a una elección presidencial son de relativa calma y con un clima de tranquilidad, porque la población espera que las nuevas autoridades asuman funciones y cumplan sus promesas.
No obstante, consideró que no se puede bajar la guardia en la conflictividad social, “porque siempre existe la tentación que en un escenario electoral afloren agendas ocultas de determinados grupos” interesados en crear caos. “En todo caso, esperamos que prime la sensatez y madurez política en los candidatos presidenciales, puesto que hay algunos conflictos como el de Tía María, que después no se podrían apagar”, sentenció.
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