El vicepresidente de la minera Antamina (ubicada en la región Ancash), Ricardo Morel Bosio, admitió que de manera individual ninguna empresa podrá revertir la mala imagen que tiene el sector en el país, por lo que se debe asumir una estrategia gremial a nivel nacional.
“Cada una hace su mejor esfuerzo, pero los caminos y estrategias distintas no funcionan”, señaló después de participar en el conversatorio sobre “Minería y Aceptación Social”, que se desarrolló durante la 32 Convención Minera.
El funcionario de una de las diez mineras más grandes del mundo en cuanto a volúmenes de producción (en concentrados de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo), consideró que uno de los principales retos de esta industria extractiva es “reconstruir su reputación”. “La población nos ve como soberbios y eso es muy malo para el relacionamiento con las comunidades”, opinó.
Nuevo gremio
Para ello, propuso la creación de un consejo minero, que reúna a todas las empresas mineras que realizan actividades en el Perú, al igual como ocurre en Chile, “para asumir una visión gremial, no dispersa como la que se tiene al interior de la Sociedad Nacional
de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE)”.
Una segunda acción, agregó Morel, es “trabajar en el diseño de un sistema de prevención de conflictos”, a partir de las experiencias positivas aplicadas en diferentes lugares del país. De igual forma, recomendó la contratación de un vocero profesional de reconocida trayectoria que tienda puentes de diálogo con el gobierno para promover una alianza bilateral minería-Estado, “en lugar de enfrentarnos como ocurrió con el actual titular de la Sociedad Nacional de Minería Energía y Petróleo (Carlos Gálvez Pinillos)”.
Esta “alianza bilateral”, dijo, debería extenderse en los diferentes niveles de gobierno (regional y local) y convocar la participación de ONGs, para promover un desarrollo sostenible en las zonas de influencia. “Esto mejoraría la redistribución de la riqueza, disminuiría la corrupción (por el mal uso del canon) y generaría más confianza en la población”, agregó.
Licencia social
Por su parte, el ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, propuso retomar el concepto de licencia social como un “requerimiento esencial para garantizar la sobre-
vivencia del sector minero a futuro”. Incluso, dejó entrever la necesidad de incorporar a este mecanismo como una política pública, que canalice la adecuada atención
de las demandas de las comunidades de la zona de influencia de todo proyecto minero.
Esta propuesta fue calificada como una “muy innovadora” por el viceministro de Minas, Guillermo Shino, también presente en el conversatorio “Minería y Aceptación Social” y consideró que “debería ser evaluada por el Estado para implementarse en el futuro”.
“La idea de fondo es tener una mejor convivencia entre la industria extractiva y las comunidades. Por el lado del gobierno hemos empezado con las mesas de desarrollo y habrá que estudiar y analizar el resto de propuestas”, detalló.
Caso Tía María
Sobre el proyecto Tía María, José de Echave, aclaró que no logrará su viabilidad en el corto y mediano plazo. Además, consideró que la mejor forma de recuperar la confianza de la población es transparentar si el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) superó todas las observaciones hechas por la UNOPS.
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