La economía peruana ha demostrado una gran capacidad de resistencia frente a crisis políticas continuas. Sin embargo, esa aparente desconexión entre política y economía comienza a agotarse, advirtió el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio.
Este desgaste es consecuencia de la degradación de todas las instituciones públicas, las decisiones erróneas del Congreso y la incapacidad de ejecución de muchos gobiernos regionales y municipales. Todo ello provoca que esa separación entre política y economía, a la que Castilla denomina “teoría de las cuerdas separadas”, esté llegando a un límite peligroso.
“Cada vez es más difícil sostener esa desconexión. Hoy tenemos ministros que duran apenas cuatro meses en sus cargos y eso impide ejecutar políticas públicas o proyectos de largo plazo”, señaló el exfuncionario durante su exposición “Los desafíos económicos del próximo gobierno”, desarrollada días atrás en la Universidad Católica San Pablo.
El extitular del Ministerio de Economía recordó que, en los últimos 20 años, cada proceso electoral generó una caída en las expectativas económicas, lo que afectó decisiones clave como inversiones privadas, créditos hipotecarios y consumo familiar.
El episodio más crítico ocurrió tras la elección de Pedro Castillo Terrones en 2021, cuando el temor a un eventual cambio del modelo económico provocó una fuga de capitales de 17 mil millones de dólares, considerada la más importante registrada en el país. En ese contexto, el tipo de cambio se cotizó en S/ 4.10 por dólar.
Castilla recordó que el mercado se estabilizó cuando el Congreso fijó límites políticos respecto a una eventual asamblea constituyente.
El avance del populismo fiscal desde el Parlamento es otro problema grave. Mientras el Banco Central de Reserva mantiene el control monetario y la inflación bajo niveles manejables, el Congreso aprueba incrementos permanentes de gasto sin asegurar el financiamiento.
A inicios de mayo, el Consejo Fiscal hizo un nuevo llamado al Legislativo para que frene la aprobación de leyes con impacto fiscal que “socaven la administración responsable de la hacienda pública”.
“Se aprueban aumentos salariales y pensiones, pero luego el Ministerio de Economía tiene que recortar presupuesto de obras públicas para cubrir esos compromisos”, afirmó Castilla con relación al tema.
Como ejemplo, está la reciente modificación al régimen previsional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, aprobada por insistencia en el Congreso.
Según el análisis técnico del Consejo Fiscal, dicha reforma implica un “costo fiscal neto adicional de S/ 46 mil millones en valor presente y aumentará la carga presupuestaria del Estado durante las próximas décadas”.
La deficiente gestión del canon minero es evidente y constituye otra razón para el deterioro de la economía. Como ejemplo, mencionó al distrito de Yarabamba en Arequipa, que percibe elevados ingresos por actividad minera, pero tiene necesidades básicas sin resolver, como la falta de agua potable.
Esta desconexión entre recursos y calidad de vida refleja problemas estructurales de gestión pública y ausencia de planificación.
Aunque el Perú destina cerca del 4.5 % de su PBI a infraestructura (cifra que está por encima del promedio latinoamericano), Castilla sostuvo que la población no percibe mejoras en los servicios básicos.
Asimismo, destacó el proyecto Majes-Siguas II, que permanece entrampado desde 2017 por controversias políticas y administrativas.
“La inversión existe, pero el problema es la capacidad de ejecución y la pérdida de institucionalidad técnica”, remarcó.
