Las propuestas de los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), de crear una pensión universal, y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), de elevar el salario mínimo a 1500 soles, “son populistas e irresponsables con el gasto público”, según el análisis del exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio.
Durante su exposición “Los desafíos económicos del próximo gobierno”, organizada por el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), el experto señaló que en campaña política es común “ofrecer de todo”, pero que al momento de gobernar surge la realidad de la brecha fiscal.
Frente al deterioro de las cuentas públicas en el Perú, el exfuncionario sostuvo que los planes de gobierno de ambos candidatos, que competirán en la segunda vuelta, son simplemente irresponsables.
La propuesta de pensión para todos, de Keiko Fujimori, toma como base el programa Pensión 65, creado por el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). No obstante, Castilla que fue ministro de Economía y Finanzas en los tres primeros años de gestión humalista, aclaró que ese programa se creó con una mirada focalizada para la población adulta mayor más vulnerable y que no podía contribuir a un sistema de pensiones, sea público o privado.
En esa perspectiva, consideró que ampliar la cobertura de este subsidio, incluso para quienes sí tienen la capacidad de aportar a un fondo de pensión; constituye una propuesta muy costosa e irresponsable.
El tema previsional es particularmente complejo, porque la expectativa de vida se ha incrementado en Perú, lo que conlleva a que haya una mayor presión fiscal, tomando en cuenta que una pensión se paga hasta que el beneficiario fallezca.
A esto se suma la reforma del sistema de pensiones recientemente aprobada, cuyo cambio sustancial es el establecimiento de una pensión mínima de S/ 600.
En relación al planteamiento de Roberto Sánchez de incrementar el sueldo mínimo actual de S/ 1130 a S/ 1500, Luis Miguel Castilla sostuvo que se trata de “un despropósito total”. “Es una propuesta populista y demagógica para ganar votos”, afirmó.
El exfuncionario señaló que una medida como esta crea la ficción de que un gobierno puede incrementar los salarios por decreto. “En una economía de mercado es la oferta y la demanda [la que regula esto]”, puntualizó.
Además, aclaró que, aunque la propuesta nace como una aparente preocupación por los trabajadores, en realidad coloca una valla más alta para la formalización de las micro y pequeñas empresas, lo que hace aún más rígido el mercado laboral.
Por su parte, Joaquín Alcázar, integrante del consejo directivo del Instituto Peruano de Economía (IPE) de Arequipa, explicó que la propuesta de Keiko Fujimori obedece a una estrategia de campaña. Aunque hizo hincapié en que, según su plan de gobierno, hay una mayor intención de reducir el déficit fiscal, algo que no encuentra en el plan de Roberto Sánchez.
La viabilidad de ambas propuestas, de acuerdo a su análisis, no depende del Ejecutivo. En el caso de Fuerza Popular, la iniciativa tendría que pasar por el Congreso y ser aprobada en ambas cámaras. Entre tanto, el incremento del salario mínimo es una medida más consensuada que se discute entre varios sectores, específicamente en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, donde participan gremios empresariales, sindicatos y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Alcázar sostiene que un incremento tan importante solo provocará mayor desempleo, pues para las empresas los “números no cuadran”. “Simplemente dejarían de contratar a más personas”, refirió.
En los planes presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones hay otras propuestas. En el caso de Keiko Fujimori, ella se compromete a restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal hasta el 1 % con tres medidas: eficiencia en el gasto público, eliminación de gastos superfluos y reordenación de recursos hacia sectores estratégicos que generen mayor productividad.
Además, promete un shock desregulatorio para reducir en 40 % el tiempo promedio que tardan los procedimientos administrativos. Para ello, propone eliminar más de 500 trámites redundantes.
En la otra orilla, Roberto Sánchez apunta a que todos los recursos naturales que se extraen del subsuelo pertenezcan al Estado y que todo aquel que quiera explotarlos pague por su extracción.
Asimismo, sostiene que, dado que los recursos naturales estarán en manos del Estado, la explotación se hará bajo una alianza público-privada. También plantea la prohibición de aquellas concesiones que otorguen ventajas a inversionistas extranjeros.
Joaquín Alcázar manifestó que, en términos generales, ambos candidatos tienen propuestas totalmente distintas. Asimismo, señaló que el IPE Arequipa se alinea más con el plan de gobierno de Fuerza Popular; sin embargo, reconoce que la actual bancada fujimorista instalada en el Congreso ha cometido errores y ha votado por leyes que encarecen los costos laborales.
Keiko Fujimori, indicó Alcázar, apuesta por un modelo de libre mercado, atracción de la inversión, reducción de gastos laborales para las empresas, ampliación de la base tributaria, generación de empleo y reducción de la pobreza.
En cuanto a la propuesta de reducir el déficit fiscal, Alcázar hizo notar la falta de coherencia con lo que ha hecho la bancada fujimorista, toda vez que apoyaron leyes que aumentan el déficit fiscal.
Respecto a Roberto Sánchez, considera que su eventual elección significaría la limitación de la inversión privada, un incremento de la carga tributaria sobre las grandes empresas y una ampliación del rol empresarial del Estado. Además, contempla el aumento de impuestos a los que más ganan y el replanteamiento de los contratos ley con distintas industrias. “En términos generales, es patear el tablero y cambiar la Constitución”, destacó.
En relación con la minería ilegal, ninguno de los planes de gobierno —de Fuerza Popular y Juntos por el Perú—establece con claridad qué hacer con este problema, según el análisis del exministro Luis Miguel Castilla.
Hoy en día, este tema es relevante porque se ha convertido en la principal economía ilegal, incluso por encima del narcotráfico. Durante su exposición en la UCSP, destacó que esta actividad movió más de 12 mil millones de dólares en 2025 y su influencia en la política es innegable.
En el caso de Fuerza Popular, existe una omisión respecto a las acciones que se adoptarán frente a esta problemática, mientras que Roberto Sánchez, desde su labor parlamentaria, ha promovido mayores facilidades para los mineros informales, incluso flexibilizando los requisitos para acceder al Reinfo.
“Claramente, lo que está en juego es la población que depende de esta actividad, y esas políticas y medidas se plantean para captar la preferencia electoral de ese segmento de la población”, resaltó.
