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A días de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, la seguridad ciudadana ha tomado protagonismo en el discurso de los candidatos. Lo novedoso, esta vez, es que varios de ellos han incorporado el lenguaje de la tecnología: cámaras inteligentes, reconocimiento facial, inteligencia artificial y drones. Algunos incluso incorporan el concepto C5 (comando, control, comunicaciones, coordinación y cómputo). Sin embargo, entre enunciar el concepto y proponer un modelo articulado e interoperable hay una distancia enorme, y esa distancia, en campaña, suele medirse en votos, no en kilómetros de fibra óptica.
Arequipa tiene un problema de memoria institucional. En febrero de 2020, el entonces alcalde provincial Omar Candia anunció con bombos y platillos la creación de una Central Unificada de Seguridad Ciudadana. Esta integraría la Central 105 de la Policía Nacional con las cámaras de videovigilancia del serenazgo municipal. El gobierno regional financiaría el proyecto y la municipalidad aportaría el local. Seis años después, esa central no existe, los sistemas siguen sin comunicarse entre sí y el debate electoral de 2026 reproduce, casi sin variantes, los mismos anuncios de entonces.
La pregunta que deberíamos hacer a los candidatos no es si instalarán cámaras o fortalecerán el serenazgo. Eso ya se prometió en 2018 y en 2022. Esta vez, la interrogante es otra: ¿por qué aquella central nunca se construyó y qué harán diferente ahora?
En el debate del JNE para el Gobierno Regional de Arequipa, realizado días atrás, se escucharon planteamientos de todo tipo, pero con escasa argumentación técnica. Lo que salta a la vista en este y otros debates es la ausencia de una propuesta que plantee un C5 como modelo de gobernanza. El Gobierno Regional de Loreto construye uno mediante el mecanismo de obras por impuestos (OxI); Ica ya opera el suyo. Sin embargo, Arequipa, pese a tener una economía minera que la sitúa entre las regiones de mayor PBI per cápita, no tiene ningún candidato regional que haya colocado el concepto de Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Coordinación y Cómputo como base de su propuesta en materia de seguridad.
En el ámbito municipal, las propuestas de los candidatos a la Municipalidad Provincial de Arequipa que han circulado en medios locales combinan ingredientes ya conocidos en materia de seguridad ciudadana: más personal de serenazgo, más cámaras, “serenazgo sin fronteras” y alguna mención a la interoperabilidad con la PNP. Nada cualitativamente distinto de lo que se escuchó en 2022.
Tenemos un antecedente muy ilustrativo. En el debate municipal de 2022, Justo Mayta (Arequipa Tradición y Futuro) propuso un centro de vigilancia con cámaras de videovigilancia, mientras que Benigno Cornejo apoyó el programa “Serenazgo sin fronteras” para que las unidades vehiculares pudieran intervenir en todos los distritos de la provincia. Cuatro años después, las propuestas son las mismas.
El caso de la fallida Central Unificada de 2020 enseña algo que los candidatos de 2026 parecen no haber asimilado: el problema es la falta de arquitectura institucional. El proyecto fracasó porque dependía de la voluntad simultánea de tres actores: gobierno regional, municipalidad provincial y PNP. Además, sin un convenio vinculante, presupuesto asignado en el expediente técnico, una entidad supervisora y un cronograma con responsables definidos, cualquier proyecto está condenado al fracaso.
Pero atención: estos son problemas que el mecanismo de obras por impuestos puede resolver cuando se aplica correctamente. El modelo establece un convenio de inversión, una empresa privada financista, una empresa ejecutora, una entidad privada supervisora y un plazo con hitos obligatorios.
Arequipa tiene los recursos. La minería genera regalías y canon suficientes para financiar un C5 metropolitano de primer nivel, y el mecanismo de OxI permitiría hacerlo con participación privada y sin afectar el presupuesto de inversión actual. Lo que falta es pasar de la promesa al convenio firmado; del anuncio, al expediente técnico aprobado.
El 4 de octubre, los arequipeños elegirán gobernador regional y alcaldes. Antes de votar, valdría la pena preguntar a cada candidato algo más que si instalará nuevas cámaras de videovigilancia: ¿cuenta con un expediente técnico para una central integrada? ¿Cuánto costará? ¿Quién la ejecutará y quién la supervisará? ¿Con qué municipios deberá suscribir convenios?
Si no tiene respuestas, estará ofreciendo la misma promesa que Arequipa escucha desde 2020. Y ya sabemos cómo termina esto.