César Ventura Pizarro
El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, reveló que la concesionaria Cobra, encargada de la ejecución del proyecto Majes – Siguas II, sólo ejecutó el 27 % de la obra, pese a que se le transfirió dinero para un avance financiero de 57 %. Es por ello que se decidió contratar a una empresa auditora internacional para revisar la ejecución presupuestal y avance de la construcción.
Esta decisión se dio después de que Cobra solicitara, a través de una carta dirigida al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la activación de la resolución del contrato de concesión, con lo que expresaba su intención de no continuar con la ejecución del proyecto.
Ante esta situación, la autoridad regional reafirmó la posición del GRA de ejecutar el proyecto, con o sin la empresa concesionaria. Además, anunció la creación de una nueva estructura orgánica para la dirección del proyecto, la misma que reemplazaría a la actual Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), cambiando también la denominación de la megaobra a Proyecto Integral Especial Majes – Siguas.
Posición del GRA
Esta es la tercera vez que Cobra manifiesta su intención de retirarse del proyecto Majes – Siguas II. La primera vez fue en 2015 y la segunda, en enero del año pasado. En paralelo, desde la concesión de la obra en 2011, el contrato inicial tuvo 13 adendas, la última firmada en julio de 2022. Estos sucesos terminaron por elevar el costo del proyecto de US$ 425 millones a US$ 650 millones.
Sobre estos hechos, el gobernador regional indicó que fueron las adendas 12 y 13 las que desnaturalizaron el contrato inicial y, en consecuencia, generaron un perjuicio para la continuidad del megaproyecto. “Nunca hubo una posición firme de la institución [GRA] para decirle a la concesionaria que se estaba saliendo del contrato”, señaló.
De igual forma, indicó que si bien agotará todas las vías de diálogo con Cobra, no descartó recurrir a un arbitraje internacional para determinar la responsabilidad de la concesionaria y garantizar la ejecución de este proyecto, que se encuentra paralizado desde diciembre de 2017.
“La concesionaria debe saber que si persiste en no reiniciar los trabajos será el GRA el que resolverá el contrato de concesión y, si debemos llegar a un arbitraje internacional lo haremos en las mejores condiciones”, advirtió Rohel Sánchez.
LO DIJO
“La Adenda 13 ya se firmó y no corresponde juzgarla […]. Hemos pedido al gobernador la intervención de la Contraloría para que, los órganos técnicos y de control del Estado, señalen cuál es el estatus de avance real de la obra. Eso debió hacerse hace años”.
Julio Cáceres Arce
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
¿Diálogo insulso?
Semanas atrás y hasta días antes de que Cobra presentara la carta para resolver el contrato de concesión, representantes de la empresa y del GRA tuvieron reuniones –por mediación de la Cámara de Comercio de Arequipa– para superar las controversias por las acusaciones mutuas de incumplimientos, a fin de retomar las obras. El avance era lento, pero nada hacía presagiar la intención de Cobra de retirarse del proyecto.
No obstante, el gobernador manifestó su sospecha de que la empresa se presentaba sin la intención real de llegar a una solución. “Una carta de esta naturaleza no se redacta de un día al otro”, sentenció.
Juan Banich, director de desarrollo y gestión social de la Universidad Católica San Pablo, participó de estas reuniones y relató a Encuentro que ambas partes tenían posiciones distintas sobre los compromisos pendientes. Allí Banich notó la confianza de los representantes de Cobra por defender sus argumentos en un arbitraje. “Cobra se mostraba a favor de una búsqueda de arbitraje. No podría afirmar si era su principal intención, pero de llegar a ese punto mostraba más argumentos para defender su posición”, declaró.
Para Banich, llegar a un arbitraje internacional sería una salida poco conveniente para los intereses de la región Arequipa, pues el proyecto quedará paralizado por más de un año.
EL DATO
Arequipa pierde US$ 360 millones en exportaciones cada año si el proyecto se sigue retrasando.
Incumplimientos
Lo que sostiene Cobra es que el GRA no cumplió con sus compromisos, entre ellos destacan la entrega de terrenos saneados y además, reclama un pago de US$ 205 millones por obras ejecutadas.
Sobre el primer punto, el gerente de Autodema, Ulises Aguilar, reconoció que no se cumplió con la totalidad de la entrega de terrenos, aunque aclaró que el área pendiente es de sólo 1500 metros cuadrados, equivalentes a 0.15 hectáreas, que ya están en proceso de saneamiento.
Respecto al dinero invertido y solicitado por Cobra, el gobernador Rohel Sánchez mostró su sorpresa, pues los avances físicos no coinciden con los montos reclamados por la empresa. “¿Dónde están esos 205 millones de dólares? El avance de la obra debería estar en 70 % y aún no se inició. Con ese monto el túnel trasandino de 18 km, debería tener avance del 70 % y no pasa de 200 metros. Con ese monto el aliviadero de Condoroma también debería estar casi terminado”, cuestionó.