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Keiko Fujimori, en su primer mensaje a la nación como presidenta, anunció el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 1130 a S/ 1300. De acuerdo con el presidente del Instituto de Economía de Arequipa, Manuel Bedregal, este planteamiento tiene un tinte populista y carece de sustento técnico.
El especialista recordó que la discusión sobre el aumento del sueldo mínimo tiene que pasar por el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo. Por otro lado, puntualizó que esta propuesta carece de un cronograma claro, lo que genera expectativas sin base real.
Recientemente, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, puso en evidencia que el gobierno entrante no tiene fechas definidas. En declaraciones a un medio nacional, sostuvo que su cartera aún no cuenta con viceministros, por lo que deben abocarse a designarlos. Posteriormente, pasarían a convocar a empresarios y representantes de los sindicatos de trabajadores para iniciar la discusión.
“Eso demora unos 60 a 90 días, porque esos son los plazos que han habido antes”, afirmó.
Sobre el fondo de la propuesta, Manuel Bedregal sostuvo que el impacto para las empresas formales es mayor de lo que parece.
Un incremento de S/ 170, como el anunciado por Fujimori, termina costándole un 50 % más a una empresa. Esto se debe a que el ajuste no solo impacta en el sueldo mínimo, sino también en el cálculo de beneficios laborales como las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios (CTS) y aportes a la seguridad social.
“Eso encarece la formalidad y los sueldos dependen de la productividad”, sostuvo.
En ese sentido, Bedregal explicó que en el Perú la productividad laboral es baja debido a una serie de factores, como las brechas en infraestructura que no permiten un mejor desarrollo, la falta de medios de transporte y buenas carreteras, la limitada velocidad de internet, la burocracia y los sobrecostos.
“Por ello, el sueldo no se puede subir sobre una base unilateral sin hacer los cálculos correspondientes”, aclaró.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirma que el incremento de S/ 170 ha sido estudiado y que, con esta medida, las familias que perciben el sueldo mínimo recién recuperarán el poder adquisitivo que tenían en 2020.
Otro aspecto que también genera desconcierto sobre esta propuesta es que haya sido impulsada por el gobierno fujimorista. Bedregal recordó que, durante la campaña electoral, una iniciativa similar —aunque para elevar el sueldo mínimo a S/ 1500— fue planteada por el candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.
Durante el debate presidencial, Keiko Fujimori criticó este planteamiento. “Un aumento de la remuneración mínima vital lo puede lanzar cualquiera. El aplauso fácil no va a ser una medida que vamos a utilizar”, dijo en ese momento. Incluso, Luis Carranza, quien representaba al equipo técnico en materia económica, señaló que incrementar la RMV podía empujar a las pequeñas empresas hacia la informalidad.
La presidenta electa también hizo hincapié en otras propuestas, como el incremento de la Pensión 65, que pasaría de S/ 350 bimensuales a S/ 700.
Sobre este punto, Manuel Bedregal sostiene que también es una sorpresa que se haya ratificado, porque representa una oferta de gasto público permanente y el riesgo de una brecha fiscal negativa.
“Es cierto que el país recibirá un incremento de ingresos fiscales, producto de los mayores precios del cobre, y con ello habrá un mayor consumo que repercutirá en el IGV”, recordó. No obstante, esos altos precios y mayores ingresos no van a durar para siempre.
El problema de fondo radica en la decisión de comprometer un gasto público permanente con recursos que no tienen la misma condición. Esta medida es señalada como un nuevo síntoma de la improvisación y el tinte populista del Ejecutivo, que parece priorizar el impacto político inmediato sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro.
Por otro lado, está el pedido de facultades legislativas que recién será presentado ante el Congreso. El borrador, ampliamente difundido, contempla una reforma orientada al sector de las micro y pequeñas empresas (mypes), con la creación de un régimen laboral progresivo y un nuevo esquema de tributos con un impuesto a la renta progresiva.
Para Bedregal, en el contexto actual de una “economía de oferta”, los pequeños negocios, como las bodegas de barrio, ya enfrentan una competencia feroz de las cadenas de descuento y supermercados.
Un incremento unilateral de costos laborales, sin mejoras en la eficiencia, podría ser el golpe de gracia para miles de emprendimientos que luchan por competir con los grandes grupos económicos.
