Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
La sombra de la violencia electoral, que recientemente estremeció a Ecuador con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y a Colombia con la muerte de Miguel Uribe, ha comenzado a proyectarse también sobre el Perú. Días atrás, un ataque armado contra Rafael Belaunde Llosa, postulante del Partido Libertad Popular, recordó cuán vulnerables se han vuelto las campañas políticas incluso en zonas antes ajenas a estas dinámicas.
Belaunde sobrevivió al atentado en Cerro Azul, Cañete, después de que desconocidos acribillaran el vehículo en el que viajaba. Según se conoce, su respuesta fue inmediata: el candidato, quien posee permiso legal de portar armas desde 2008, repelió el ataque y salió ileso. La investigación periodística ha señalado que no existirían amenazas políticas previas; más bien, el móvil estaría ligado a la extorsión común. Empresas inmobiliarias vinculadas al candidato desarrollan proyectos en la zona, y trabajadores del sector —al igual que firmas de ingeniería— habrían sufrido agresiones similares en los últimos meses.
Aun así, el episodio se suma a una inquietante serie de ataques contra figuras públicas, incluidos los asesinatos de Percy Ipanaqué en Piura y del excongresista Óscar Medelius en Carabayllo. El gobierno de José Jerí, respaldado por facultades legislativas para enfrentar la inseguridad, no puede permitirse la inacción.
El panorama regional tampoco ofrece consuelo. El creciente poder de las economías ilegales está erosionando las instituciones democráticas en todo el continente. Las masivas protestas en México contra el gobierno de Claudia Sheinbaum reflejan el hartazgo ciudadano frente al dominio del narcotráfico, mientras que en Colombia inquietan las denuncias de infiltración en los organismos de inteligencia por parte de grupos armados. Si estos desafíos no se enfrentan con decisión, la ya frágil tradición republicana latinoamericana podría languidecer.
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