César Ventura Pizarro
La informalidad laboral sigue siendo un problema sin una solución visible en el país, pues ocho de cada diez trabajadores son informales. En Arequipa, esta proporción mejora pero tampoco es buena, pues de cada diez trabajadores, siete son informales. Así lo confirmó Mauricio Matos Zegarra, socio del área laboral de Ernst and Young Arequipa, en el Encuentro de Líderes Empresariales realizado en la Universidad Católica San Pablo.
Los trabajadores que pertenecen a este masivo grupo no cuentan con seguro de salud, acceso a una pensión de jubilación, vacaciones pagadas, gratificaciones, entre otros beneficios sociales que sí tiene un empleado registrado en planillas.
Lo peor es que, en Arequipa, en los últimos meses el número de empleados formales estuvo disminuyendo. De acuerdo con registros del Ministerio de Trabajo, en noviembre de 2022 había 213 814 trabajadores formales en el sector privado, mientras que en enero de este año, el número se redujo a 201 909. Lo que significa que, en sólo dos meses, 11 905 servidores pasaron a la condición de informalidad o desempleo.
El problema
El incremento o reducción de la formalidad laboral está muy ligado con la inversión privada. Cuando existe mayor inversión empresarial, se crean más puestos de trabajo formal. En los últimos meses esta relación no se dio de forma positiva en el país. Pues, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, la inversión privada cayó en 12 % durante el primer trimestre de este año, sumando así tres trimestres consecutivos de contracción.
Este y otros factores contribuyen a la disminución de trabajadores formales. Para Matos, la tendencia en lo que resta del año es que la informalidad continúe en aumento. Lo peor es que las consecuencias se ven reflejadas en el incremento de la pobreza en el país. “Mientras más informalidad laboral existe, más pobre es la región. Y por el contrario, cuando más ingresos tiene una región, la informalidad tiende a bajar”, explicó el también docente de la San Pablo, Mauricio Matos.
EL DATO
Las regiones de Huancavelica, Apurímac y Puno superan el 90 % de informalidad laboral.
La solución
Este no es un problema coyuntural en el Perú, sino estructural. Por lo que requiere soluciones de largo plazo y amplio alcance. Según Matos, urge una política nacional de promoción de la formalización laboral, que tenga como foco principal a las micro y pequeñas empresas del país, que son la raíz de este tipo de oferta laboral.
En ese sentido, para el laboralista, esta política debe orientarse a promover incentivos tributarios hacia las empresas para que contraten personal de forma regular. Es decir, que puedan deducir impuestos al contratar formalmente.
Por el contrario, el camino no debería ir por el lado de incentivar la contratación formal condicionada a la reducción de beneficios laborales que, si bien disminuye el costo de contratar formalmente a la empresa, va en contra de la cobertura social que requiere un trabajador. Matos recordó que una mala experiencia de este tipo de soluciones fue la fracasada ‘Ley pulpín’ en 2014, que reducía beneficios laborales a jóvenes, por lo tanto, también costos para los empleadores, con la finalidad de que más empresas se animen a contratarlos. Al final, esta ley fue derogada por la presión social.
Acciones
Desde esa última experiencia, en el país no se volvieron a ver otras propuestas legislativas que pretendan reducir la informalidad. Al momento es un problema sin solución.
Fuera del ámbito legal, Matos precisó que se puede incentivar la formalidad, tomando acciones que promuevan la inversión privada y estabilidad jurídica y política. Sobre este último aspecto, lo importante es tener reglas claras que aseguren confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.
En tanto que, desde el sector público se debe agilizar la ejecución presupuestal para hacer más obras que, a su vez, generan empleo formal. En esa perspectiva, en Arequipa, se deberían destrabar proyectos como el de Majes – Siguas II y promover iniciativas privadas como el proyecto minero Zafranal.
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