Candidatos postulan junto a hijos, esposas y hermanos: ¿qué dice la ley?

En Arequipa, varios aspirantes al gobierno regional y municipios llevan a parientes en sus listas. Lejos de cuestionar esta práctica, justifican su presencia por la falta de cuadros políticos.

Escrito por Encuentro
Edwin Martínez reconoció que involucró a sus parientes porque no contaba con más candidatos.
Edwin Martínez reconoció que involucró a sus parientes porque no contaba con más candidatos.
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Algunos personajes de Arequipa quedaron en evidencia al pretender fundar dinastías políticas aprovechando las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Sin ningún rubor, incluyeron a familiares en sus listas de candidatos al gobierno regional y municipalidades.

Quizás el caso más escandaloso en nuestra ciudad corresponda al candidato —y en unos días excongresista— Edwin Martínez Talavera. El postulante por Acción Popular al Gobierno Regional de Arequipa tiene a sus dos hijos como aspirantes a un cargo público.

Su hija, Fiorella Martínez Mogrovejo, figura como candidata a regidora del municipio provincial, mientras que su hijo, Yordan Martínez Mogrovejo, postula como regidor a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar.

Además, su hermana, Esperanza Victoria Martínez Talavera, aparece como candidata accesitaria a la consejera regional de Condesuyos; y su sobrino, Christopher Nill Martínez Talavera, también postula como regidor a la comuna de Mariano Melgar.

El mismo Martínez admitió la presencia de sus parientes y la justificó señalando la falta de cuadros políticos en Acción Popular para completar las listas de candidatos.

“Acción Popular es un partido gastado, viejo y herido, por eso no hay candidatos. Me llamó el candidato Andrés Risueño Portugal [postulante a la Alcaldía Provincial de Arequipa] y me pidió que mi hija lo apoye porque no tenían candidatos jóvenes ni cuota de mujer. Entonces, le pedí a mi hija que me ayude para salvar la candidatura”, reconoció en una entrevista concedida a una radioemisora local.

Hijos, padres y esposas

Sin embargo, este no es el único caso. Angelina Falconí Herrera, hija del exparlamentario Marco Falconí Picardo, fundador de Fuerza Arequipeña, postula como candidata a vicegobernadora regional por ese partido. La lista está encabezada por Alfredo Zegarra.

Asimismo, en Cocachacra, el actual alcalde, Abel Suárez, postulará a la Alcaldía Provincial de Islay por Alianza para el Progreso, mientras que su hijo, Joao Suárez, busca sucederlo en el cargo de la comuna distrital de Cocachacra.

De igual modo, el alcalde de Socabaya, Roberto Muñoz, postula a la Alcaldía Provincial de Arequipa por Avancemos, mientras que su padre, Marcelino Roberto Muñoz Pila, actual teniente alcalde de Socabaya, hará lo propio en la comuna de este distrito. En mayo, Muñoz dijo a la prensa local que la decisión de su padre era una expresión de amor y que nadie podía quitarle ese derecho.

En esta cuestionada lista también aparece Jennifer Maritza Neira Gonzales, esposa de Elmer Cáceres Llica, postulante al Gobierno Regional de Arequipa por Alianza para el Progreso. Ella postularía a la Alcaldía Provincial de Caylloma.

En tanto que, Vannia Torres Túpac, hija del actual alcalde de Miraflores, Germán Torres, iría como primera regidora en la lista de Arturo Valderrama, excongresista y exburgomaestre de Miraflores, en la lista de Fuerza Arequipeña.

No se queda atrás el exalcalde de Arequipa, Yamel Romero Peralta, quien postula por el Apra junto a su hermana, Miriam Lourdes Romero Peralta, que va como regidora en su lista de candidatos. Cabe recordar que, durante la gestión municipal de Romero, su hermana Sitza, tuvo una presencia importante en el comité de damas de esa institución.

Políticos impulsan dinastías familiares en los cargos públicos.
Políticos impulsan dinastías familiares en los cargos públicos.
EL DATO

En el Perú no existe una norma electoral que prohíba la postulación de los parientes del candidato.

Ocurre en el país y en el extranjero

Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Arequipa, pues a nivel nacional existen muchos casos por enumerar. Uno de ellos: los hermanos Fujimori. Keiko postuló a la Presidencia de la República, mientras su hermano Kenji candidateó al Congreso.

Del mismo modo, figuran los hermanos Acuña que, de la mano de Alianza para el Progreso, llegaron al Parlamento y gobernaron en regiones del norte. También está el caso del hermano y la cuñada del expresidente Pedro Castillo, que lograron curul en el nuevo Congreso bicameral.

Esta práctica política tampoco es reciente, ya que, en las elecciones generales de 1962, mientras Fernando Belaúnde postulaba a la presidencia, su padre, Rafael, competía como diputado por Arequipa.

A nivel internacional, encontramos casos similares. Los Kirchner son un ejemplo. Mientras Néstor ejercía la presidencia de Argentina, su esposa, Cristina, ocupaba un escaño en el Senado. Cuando Néstor terminó su periodo presidencial, Cristina asumió como presidenta de ese país.

Asimismo, los hijos de Jair Bolsonaro ocuparon curules tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado durante su mandato presidencial en Brasil. Uno de ellos, Flavio Bolsonaro, postulará este año como candidato a la presidencia y competirá con Luiz Inácio Lula da Silva.

Abuso y aprovechamiento

¿La participación de estas “dinastías familiares” representa un problema para la democracia o se ha convertido en una práctica común?

El profesor del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), Carlos Gómez de la Torre, consideró que incluir a familiares en las listas de candidatos es un abuso.

“No se trata de rellenar o llevar a grupos familiares a la gestión pública, sino a los mejores cuadros”, sentenció.

También consideró que podría configurarse un aprovechamiento de ese vínculo familiar para obtener beneficios del cargo público. Desde su perspectiva, esta problemática debería normarse para evitar tales excesos y garantizar la participación de gente idónea en la política. “Esta es una especie de nepotismo”, afirmó.

Según el docente, una eventual prohibición de esta práctica no constituiría un acto de discriminación ni atentaría contra los derechos políticos de las personas involucradas, ya que su finalidad sería evitar un probable mal uso del cargo público.

Además, lamentó que la sociedad se muestre indiferente ante esta situación, pues ello impide que exista una sanción moral para estos candidatos.

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