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Luis Castillo señaló que “hay otro ámbito, el humano, donde se debe trabajar mucho”.
El abogado y especialista en derecho constitucional Luis Castillo Córdova dejó en claro que la propuesta de reforma política del presidente Martín Vizcarra Cornejo no será la solución para los males de la corrupción o la mejora de la clase política nacional, ni mucho menos para atender los problemas más urgentes del país.
La Constitución tal como está da para tener un sistema político de peso, pero ocurre que nuestros operadores políticos han sido lo que han sido y por eso nuestro sistema político está arruinado.
¿Qué implica que el Congreso haya otorgado la cuestión de confianza solicitada por el Gobierno? Hay diferentes interpretaciones al respecto.
Significa que el Congreso se compromete a debatir y votar las propuestas que forman parte de la reforma política y también se compromete a no ir en contra de la esencia de cada propuesta. Si el Congreso quiere ir en contra de esa esencia, lo que tendría que haber hecho era no dar el voto de confianza al pedido del premier, [Salvador del Solar].
¿Es constitucional que el gobierno de Martín Vizcarra le fije un plazo al Congreso para que apruebe los seis proyectos de ley, que forman parte de la reforma política?
No le puede imponer un plazo. Lo que sí va implícito es que hay un plazo razonable que se debe tomar y que no condice con un término de 20 o 30 días. Lo razonable tendrá que ir viéndose en la práctica según la complejidad, o no, de cada propuesta legislativa.
Ahora, de inicio, es irrazonable decir que este asunto esté zanjado en diez días o diez meses. Hay que rechazar los extremos, pero hacia el punto medio hay varias respuestas válidas.
¿Se puede confiar en la bancada fujimorista, que aún es mayoría en el Congreso, para que lo que se apruebe no vaya en contra de la esencia de estas propuestas?
La confianza no solo fue otorgada por esta bancada, sino por otras. En todo caso, la pregunta sería si es confiable que el Congreso, en su mayoría, que no solo es una bancada, pueda cumplir el pacto que asumió al dar el voto de confianza al Ejecutivo. Espero que sí, cuesta creer que un parlamento no corresponda a la palabra que ha otorgado.
Ahora habrá que mirar qué significa incumplir esa palabra. Si son seis proyectos de ley y de ellos cinco son aprobados sin romper su esencia y no se aprueba el otro por no estar de acuerdo, creo que habrá hecho honor al voto de confianza. Entonces, el voto de confianza tiene un margen de discrecionalidad y no arbitrariedad, fruto de la conveniencia política.
Operadores políticos
Los proyectos de ley que forman parte de la reforma política, ¿ayudarán a frenar los casos de corrupción y a recuperar la confianza de la población hacia la clase política del país?
Probablemente ayude en alguna medida. Los problemas no se resuelven con reformas constitucionales. Las buenas normas pueden ser mal aplicadas. La Constitución tal como está da para tener un sistema político de peso, pero ocurre que nuestros operadores políticos han sido lo que han sido y por eso nuestro sistema político está arruinado. Dependerá del concreto presidente, del concreto parlamentario, del concreto miembro de la Junta Nacional de Justicia, si es que lo que se construye es lo que se necesita, porque si son malos operadores, de nada sirve tener buenas normas.
La decisión final [de retirar la inmunidad] no debería ir a la Corte Suprema, sino, como lo dejó abierto el propio premier, puede quedar en manos de otro órgano constitucional.
Entonces, ¿es válido afirmar, como sostienen algunos parlamentarios, que esta reforma no resolverá los problemas más urgentes del país?
No los va a resolver porque no está destinada para ello, pero puede ayudar a resolverlos. Pero insisto, esa ayuda puede desaparecer con malos operadores.
El presidente [Martín Vizcarra] también debería tomar en cuenta que hay otras necesidades y no solo la reforma política. La pregunta es ¿está atendiendo esas otras necesidades? Parece que no tanto, por lo menos no con el mismo empeño y la misma fuerza que le pone a la reforma política, sabiendo que esta no es la solución a ningún problema.
Desde esa perspectiva, ¿cómo hacer para contar con operadores políticos íntegros moralmente y que respetan las normas?
Esa es la pregunta del millón. Necesitamos que a la política y al servicio de justicia entren personas que tengan una serie de cualidades reclamadas por esos ámbitos, en los que van a desenvolverse, y que existan los mecanismos necesarios para escogerlos con una rigurosidad máxima.
No debemos poner todas nuestras esperanzas allí [en la reforma política], hay otro ámbito, el humano, donde se debe trabajar mucho.
Es decir, ¿establecer criterios o requisitos que permitan elegir a los más adecuados?
Pero promoviendo el que postule gente que puede ser adecuada. Porque si la gente que tiene ese perfil no se interesa y no participa, habrá muy poco de dónde escoger. Eso tiene que ver desde el hogar hasta el propio ejemplo que nos dan los políticos.
Inmunidad parlamentaria
En relación con la inmunidad parlamentaria, ¿el retiro de este beneficio debería seguir en manos del Congreso?
Ahí diferenciaría el parlamento de los concretos parlamentarios. La institución de la inmunidad en manos del Parlamento no ha sido tan mal usada como ocurre ahora, pero esto es una coyuntura. Estos parlamentarios no estarán luego. ¿Por qué le vamos a negar al Parlamento que sea el que políticamente decida la conveniencia o no de levantar la inmunidad de un congresista?
¿No sería juez y parte?
Si el parlamento no da permiso para que sea enjuiciado, no significa que no será procesado después, cuando deje de ser parlamentario. Ahora lo necesita en el parlamento, eso es un juicio de conveniencia política. En cualquier caso, la decisión final [de retirar la inmunidad] no debería ir a la Corte Suprema, sino, como lo dejó abierto el propio premier, puede quedar en manos de otro órgano constitucional.
¿Como cuál?
Puede ser, aunque se necesite de una reforma constitucional para ello, el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia. Pero no la Corte Suprema, ahí también se puede decir que son juez y parte, el Poder Judicial reclama y la Corte Suprema dirá que sí.
La reelección tendría que estar permitida en los parlamentarios, alcaldes y gobernadores, tal vez no de forma indefinida pero sí por uno o dos periodos más.
¿Las modificaciones a la ley de organizaciones políticas y a la ley electoral permitirán fortalecer los partidos, contar con mejores cuadros y transparentar los fondos de financiamiento electoral?
Va a ayudar, pero no será la solución a los problemas. Se necesita trabajar en otros ámbitos que atañen a eso, como tener personas con el perfil adecuado e interesadas en acceder a la política y al servicio de justicia. Si no tenemos eso, esa ayuda será insignificante.
Es decir que aun con esta reforma nada nos garantiza que se destierre la corrupción para las elecciones del 2021.
Efectivamente, porque finalmente quien va a hacer o dejar de hacer algo que pueda ser calificado como un acto de corrupción no es la norma, es el destinatario de la norma. Y las normas, para quienes sabemos algo de derecho, son siempre interpretables. Por eso el dicho “Hecha la ley, hecha la trampa”. Por eso, no debemos poner todas nuestras esperanzas allí [en la reforma política], hay otro ámbito, el humano, donde se debe trabajar mucho.
Lo otro es que la decisión final queda en el electorado. Y vemos que no se emite un voto responsable para no elegir a los mejores cuadros.
Ese voto será responsable cuando existan postulaciones de personas que atraigan, realmente, por un cambio. No de los que puedan ser oportunistas de una situación atractiva para ser parlamentarios o jueces. Los países que nos llevan mucha distancia en esto tienen problemas en la política, en la justicia, etc., pero tienen muy buenos cuadros y aquí no los hemos tenido, no por lo menos como regla general. Excepcionalmente, hay buenos jueces y políticos, pero en los últimos años no han sido la generalidad. Eso de alguna manera también desalienta, ¿no?
La reelección es buena
En la línea de construir una clase política más adecuada, ¿la prohibición de la reelección no resulta contraproducente?
No es lo que nos conviene. La reelección tendría que estar permitida en los parlamentarios, alcaldes y gobernadores, tal vez no de forma indefinida pero sí por uno o dos periodos más. La prohibición de reelección mata a los buenos y desalienta a los que no participan y lo podrían hacer. En política se aprende haciendo, entonces, hay que aprovechar la experiencia del que hace algo.
¿La reelección debería llegar hasta el presidente de la República?
En un plano general, sí, pero en las actuales circunstancias no la defendería. Defendería la reelección presidencial cuando constate que tenemos una clase política responsable, fuerte y verdaderos líderes políticos. En tanto no ocurra eso, es riesgoso, porque no tenemos esos líderes y estadistas que justifiquen la posibilidad de volverlos a elegir.
