Es irresponsable tener proyectos mineros y no ejecutarlos en el momento oportuno

El gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, llamó la atención sobre las barreras burocráticas que retrasan la ejecución de inversiones mineras, tan importantes para impulsar el crecimiento económico regional y nacional en este contexto de recuperación del precio internacional de los metales.

¿En qué medida la recuperación económica del país depende o no de la ejecución de nuevos proyectos mineros?
Los proyectos mineros son un esfuerzo de mediano plazo, entonces la recuperación [económica del país] de corto plazo no puede estar tanto en proyectos mineros que con suerte se empezarían a desarrollar en el 2018 o el 2019.

Pero ¿hay algunos proyectos en cartera que tienen retraso en su ejecución?
Sí, allí valdría decir que es una irresponsabilidad perder el ciclo en el que tenemos recursos valiosos y no los ponemos en valor en el momento oportuno. Ya vimos lo que perdimos en años anteriores por no ejecutarlos antes, fue una parte considerable de crecimiento en el producto bruto interno (PBI) que perdimos.

[Según el IPE, en el 2014 el PBI del país dejó de crecer 4.5 % por los proyectos mineros paralizados por causas ajenas al sector]. El año pasado la mayor parte del crecimiento del PBI, que llegó a 3.8 %, se debió a los grandes proyectos mineros como Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde. Para este año tenemos la ampliación de Toquepala que en algo va a sumar, y nada más. El problema es que no tenemos el mismo flujo de proyectos grandes para iniciar el siguiente o el subsiguiente año.

¿Por qué ocurre esto?
En parte se debe a un ciclo más bajo del precio de los minerales, pero que se viene recuperando sostenidamente.

Ahora el precio de la libra bordea los tres dólares, ¿esto es un buen estímulo para recuperar el interés por agilizar más inversiones mineras?
Sí, el precio del cobre si bien no está como hace tres o cuatro años, ya llegó a un nivel en que proyectos importantes como Quellaveco de Anglo American se hacen rentables en su explotación. Lo que se debe entender es que no son proyectos que salen de la noche a la mañana, sobre todo en el Perú por las trabas burocráticas y los largos periodos que siguen desde la exploración hasta la inversión en sí. Perdemos demasiado tiempo valioso y además nos exponemos a que los precios empiecen a bajar; y lo otro son los conflictos ambientales que paralizaron inversiones grandes.

¿Estos son los principales problemas para concretar nuevos proyectos mineros?
Son tres: el primero es el precio; y el segundo, la burocracia o la demora por los trámites que de hecho han aumentado en los últimos años de manera significativa. Aquí hay un rol importante del Estado para empezar a podar esta maraña de burocracia que ha crecido alrededor de la inversión minera formal. Lo otro es la conflictividad social.

¿Cuánto se retrasan los proyectos de inversión minera por la burocracia?
Con estos trámites burocráticos los proyectos se tardan en salir como cinco años y en otros países no toman más de dos o tres años. Estamos extendiendo el proceso en dos o tres años más por la lentitud de la burocracia y eso no significa relajar los procesos de aprobación de los estudios de impacto ambiental, sino hacer más expeditivos los procesos, que son legítimos e importantes, para que los proyectos no se retrasen innecesariamente.

¿La conflictividad social alrededor de las inversiones mineras sigue igual o ha disminuido?
Difícil saber. La Defensoría del Pueblo tiene un estudio al respecto. En realidad ha variado muy poco. Las malas experiencias que se tuvieron es lo más significativo, como Conga en Cajamarca y Tía María en Islay. Es clarísimo que todo ello todavía nos pasa factura a los ojos de los inversionistas extranjeros, para que pongan dinero acá y pasen por todos los procesos reglamentarios y legítimos, y aun así puede que la inversión no salga.

En el caso del sur, Tía María sigue siendo un proyecto dormido que no logra superar los cuestionamientos.
Southern Perú no lo canceló. La posición formal es esperar que haya garantías sociales mínimas para replantear el proyecto. Claro que el proyecto era una cosa con los precios de los minerales hace dos años y otra ahora. Aquí el tema principal no es tanto Tía María, sino el mensaje que se da a los demás proyectos [mineros] del sur, e incluso del norte. Hay un mensaje generalizado de que aquí es muy difícil concretar inversiones mineras si tienes una población que se opone, si no has hecho un trabajo previo con la comunidad y las autoridades para hacer viable el proyecto.

El que no se concrete Tía María, ¿qué tanto puede afectar en la ejecución de más inversiones mineras en Arequipa o el sur en general?
Creo que muchos inversionistas dan por descontado ese proyecto. Ahora se fijan más en el rol de la Presidencia del Consejo de Ministros frente a problemas como Las Bambas y cómo seguirá el precio del cobre.
(Según las proyecciones del Ministerio de Energía y Minas, en Arequipa se tiene una cartera de proyectos mineros que asciende a US$ 5 019 millones y que representa el 10.7 % del total de las inversiones proyectadas en el país).

En el tema de la conflictividad social, ¿percibes un esfuerzo de parte del gobierno actual para superar los problemas que heredó de la gestión de Ollanta Humala?
Han tratado de trabajar canales institucionales adicionales, pero la imagen que se da con el establecimiento a discreción de mesas de diálogo, donde se exige la presencia de ministros y estos acuden, no es muy buena. Cuando la comunicación entre los ministros, el premier [Fernando Zavala] y el presidente [Pedro Pablo Kuczynski] no se ve tan articulada, se le resta fuerza a estas iniciativas, porque finalmente terminan cediendo a las presiones.

Con la experiencia de la huelga docente, no sería nada raro que en algún conflicto social se demande la presencia del mismo presidente para encontrar una solución.
Claro. En algún momento se dijo que a las mesas de diálogo no van más los ministros, pero a los pocos meses se cambió eso. Con todo este manejo de la huelga docente se da una mala imagen y se envalentona a grupos que quizás no están buscando la atención a las demandas de la comunidad, sino a intereses políticos.

La economía de Arequipa

Del seguimiento al comportamiento económico de Arequipa elaborado por el IPE, ¿qué es lo que más destaca?
Primero, que Arequipa es la cuarta región con mayor crecimiento económico entre el 2007 y el 2016 [después de Apurímac, Cusco y Ayacucho], lo que contribuyó a reducir la pobreza, y ahora está entre las regiones menos pobres del país. Arequipa registró un crecimiento promedio anual de 4.25 % y solo en el 2016 llegó a 26.30 %, debido principalmente a la actividad minera [la ampliación de Cerro Verde].

El ingreso promedio mensual de Arequipa se encuentra solo por debajo de Moquegua [en Arequipa el salario promedio llega a S/ 1 500 y en Moquegua es de S/ 1 800].
Además, desde el último trimestre del 2015, las regiones mineras son las que reportaron un mayor crecimiento económico. En el 2016, el Perú creció 3.8 % y sin el aporte de Arequipa [la ampliación de Cerro Verde] y Apurímac [el inicio de la producción de Las Bambas] solo habría crecido 1 %. Allí radica la importancia del sector minero en el crecimiento de la economía.

¿En qué medida favoreció todo este impacto a la inversión pública en Arequipa?
El ciclo de la minería en los últimos diez años ha permitido que en Arequipa el gasto público se cuadruplique y pase de mil millones a cuatro mil millones de soles. Esto debería ir de la mano de la mejora, también en cuatro veces, de los servicios públicos, pero eso no ha ocurrido. Ahora, de ese gasto el 50 % se concentró en los gobiernos locales, un 25 % en el gobierno regional y cerca de 20 % en el Gobierno nacional.

Si hablamos solo de inversión pública los gobiernos locales ejecutaron [entre el 2008 y el 2016] 1 246 proyectos con un costo promedio de solo S/ 700 000 por cada uno, mientras que a nivel regional y nacional se invirtió en promedio S/ 3.6 millones por cada proyecto. Como vemos, el reto es promover la articulación de las autoridades subnacionales para ejecutar proyectos de mayor impacto en sus localidades.

Otro cuestionamiento de parte de las propias autoridades es que la ley que impide la reelección limita la ejecución de obras de mayor inversión, y que no podrán inaugurar. ¿Crees que esta ley en contra de la reelección limita realmente la ejecución de obras?
Aquí te hablo de manera personal, porque a nivel del IPE no tenemos una postura institucional. Esta es una ley nociva, porque te corta el incentivo para hacer proyectos de largo plazo. Ahora, más importante todavía es que se quita la posibilidad de desarrollar experiencia de gestión pública en muchas regiones y provincias donde no se tiene esta capacidad técnica. Entonces, hacer una ley pensando en un número limitado de casos [solo el 10 % de las autoridades, en promedio, son reelegidas] es una regulación por anécdota y me parece que en el mediano y el largo plazo será más perjudicial que beneficiosa.

Ahora, ejecutar proyectos de mayor envergadura también significa un mejor trabajo de diseño y elaboración de expedientes.
Hay un desincentivo desde varios lados para hacer proyectos grandes. Primero, no hay coordinación suficiente entre las autoridades subnacionales. Segundo, no existe un plan de infraestructura nacional bien elaborado y que sea vinculante [para que sea de cumplimiento obligatorio]; además, los mecanismos para prevenir los riesgos de inversión pública te empujan a hacer inversiones chicas y, por último, tienes este corte de la gestión a los cuatro años. Entonces, al final solo priorizas proyectos pequeños.