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“Eso ha generado un clima de agresiones, racismo, denuncias y contradenuncias que le hacen mucho daño a nuestra región”.
Para la ex gobernadora regional Yamila Osorio Delgado, la actuación de su sucesor Elmer Cáceres Llica frente a las protestas en el Valle de Tambo genera un ambiente de polarización social en la región, que puede afectar a la inversión privada y a la ejecución de futuros proyectos mineros como Zafranal y Pampa de Pongo.
¿Cómo cree que se resolvería este clima de convulsión social que se vive en el Valle de Tambo, tras dos meses de paralización en contra del proyecto Tía María?
En realidad, las posiciones radicales tanto del gobernador [Elmer Cáceres] y de alguna manera, la postura de retroceder de parte del mismo Gobierno nacional, nos lleva a decir que la única salida será la suspensión indefinida [del proyecto] para calmar el clima de conflictividad social. Eso es lo previsible.
¿Esto sería como consecuencia de que el Consejo de Minería anule la licencia de construcción entregada a Southern Perú o producto de una decisión política?
Esto es una crónica de una decisión anunciada por las propias declaraciones del presidente Vizcarra cuando estuvo en Arequipa y los audios que después se publicaron. Todo hace pensar que esa será la decisión que tome el gobierno. No veo que ellos opten por otra alternativa.
Los escolares están dos meses sin hacer clases y podrían perder el año lectivo.
Eso es muy preocupante y más aún que el Gobierno nacional no tome otro tipo de acciones legales o constitucionales para retomar las labores escolares. Todas las autoridades deberían hacer un esfuerzo para que se restablezcan las clases con normalidad.
¿El gobernador regional es quien lidera la oposición al proyecto Tía María? Lo que se observa es que los dirigentes gremiales y los alcaldes de Islay fomentan la movilización social y el gobernador no aparece de manera directa.
Hay una concurrencia de varios actores en esta posición radical, entre alcaldes, dirigentes sociales de Arequipa y del Valle de Tambo, el propio gobernador y algunos consejeros regionales. Aunque como autoridades deberían ser conscientes que representan los intereses de quienes están a favor y en contra de este tipo de inversiones, pero lamentablemente no actuaron en mérito a esa postura.
Es decir el gobernador regional Elmer Cáceres…
Tomó partido por un solo grupo de la población. Una autoridad no debería permitir que se pierda el año escolar y se agoten los esfuerzos para retomar el diálogo. Lo hicimos en nuestra gestión, que fue un escenario complicado donde Ollanta Humala les dijo [a los pobladores del Valle de Tambo] que la minería no iba y les abrió esa posibilidad, por eso había un reclamo político contra él.
Lamentablemente lo que se ha hecho con Arequipa es polarizar a la población. Eso ha generado un clima de agresiones, racismo, denuncias y contradenuncias, que le hacen mucho daño a nuestra región.
¿Qué efecto podría generar esa polarización social en la ciudad y la región?
Espero que no se afecte la inversión privada, que es un sector muy vulnerable ante un clima de inestabilidad social. En segundo lugar, esperamos que Perumin, que genera un movimiento económico importante en Arequipa, no se vea perjudicado en su desarrollo porque ante todo está la imagen de Arequipa, que en todos estos años creció por encima del promedio nacional alentada por la inversión privada.
Como ex gobernadora regional ha recibido la preocupación o malestar de los empresarios o representantes del sector privado por el rol que está asumiendo Elmer Cáceres en Arequipa.
Sí, en algunas reuniones sociales, eventos académicos y cuando tenemos oportunidad de conversar con representantes de gremios empresariales y políticos, manifiestan su preocupación sobre esta imagen y el clima de inestabilidad social que se refleja sobre la región y que no se miraba hace mucho tiempo.
El mensaje que se da al inversionista privado es de inestabilidad y falta de predictibilidad. De alguna manera, es como sentar precedente para que en otros casos y ante los mismos conflictos sociales el Gobierno nacional recule y finalmente se llegue a la misma solución.
A él [Elmer Cáceres] lo asocio más con una ausencia de liderazgo, con un oportunismo para fortalecer su imagen en los sectores que se oponen al proyecto Tía María.
De acuerdo a una reciente encuesta nacional, Elmer Cáceres es el personaje con mayor poder para desestabilizar el país, ¿realmente tiene ese poder?
Eso no me queda muy claro, porque él no es quien lidera las protestas, independientemente de su posición. Ha enardecido los ánimos, se ha querido empoderar y ha generado posiciones extremas, pero no es la figura que dice: se frena el paro, se da una tregua o se genera un diálogo. De alguna manera su discurso contribuye a enardecer los ánimos, pero en relación a su manejo y liderazgo sobre las poblaciones que están protestando, eso no me queda claro.
Cuando ocurren las protestas, Cáceres Llica no sale al frente de ellas ni para pedir que sean pacíficas.
A él lo asocio más con una ausencia de liderazgo, con un oportunismo para fortalecer su imagen en los sectores que se oponen al proyecto Tía María.
Creo que la posición debió ser de agotar todas las medidas posibles para lograr un diálogo y evitar esta polarización de la población. No generar más inestabilidad ni desconfianza en la región Arequipa a nivel nacional e internacional. Discrepo con ese rol, se está generando enfrentamientos y odios innecesarios entre los arequipeños.
¿Con la postergación indefinida de Tía María no se pondría en riesgo otros proyectos como el de Pampa de Pongo y Zafranal?
El mensaje que se da al inversionista privado es de inestabilidad y falta de predictibilidad. Algún costo habrá. De alguna manera, es como sentar precedente para que en otros casos y ante los mismos conflictos sociales, el Gobierno nacional recule y finalmente se llegue a la misma solución.
En el caso de Tía María, Elmer Cáceres anuló la servidumbre que en su gestión se entregó a favor de Southern Perú, porque no se respetó la priorización de esos terrenos para la construcción del proyecto del gasoducto sur peruano. ¿Qué ocurrió?
La resolución la firma el gerente general de mi gestión [José Luis Rodríguez Silva] y como dice en la parte expositiva, teniendo informes tanto de la Superintendencia de Bienes Nacionales como del Ministerio de Energía y Minas, donde era procedente otorgar esta servidumbre. Esta resolución, que no la firmé, tuve que leerla ahora, cuando se hizo esta denuncia y claramente se hace referencia a las autorizaciones que te menciono.
¿Al margen que haya firmado o no ese documento, cree que se actuó legalmente o por allí hubo alguna omisión?
De acuerdo a la parte expositiva, hay una actuación de buena fe acatando los informes de los entes competentes porque esos terrenos no son del Gobierno Regional de Arequipa, solo los administra y para poder disponer de ellos requería de la opinión de estos dos entes técnicos [la Superintendencia de Bienes Nacionales y el Ministerio de Energía y Minas].
¿Qué pasaría si se omitió esa información en la evaluación de parte del gerente general?
En todo caso eso debió advertirlo el Ministerio de Energía y Minas, porque ambos proyectos [el gasoducto y Tía María] son de su competencia.
La problemática de salud es a nivel nacional. No hay región, ni la propia Lima, que se salve de esta situación de brechas, de déficit en infraestructura y de personal. El sistema de salud, en general, está fallando.
¿La crisis que se vive en el sector Salud de Arequipa, se pudo evitar en su gestión o no?
La problemática de salud es a nivel nacional. No hay región, ni la propia Lima, que se salve de esta situación de brechas, de déficit en infraestructura y de personal. El sistema de salud, en general, está fallando. En nuestra gestión hicimos muchos esfuerzos para mejorar con una visión de mediano y largo plazo.
En unos años se sentirá el impacto de inversiones que realizamos en Camaná, Cotahuasi y el mismo Mollendo o en el Cono Norte.
¿No se pudo adquirir más equipos como incubadoras y respiradores mecánicos?
Las limitaciones siempre fueron de presupuesto. Como gobierno regional se dio todo lo que se pudo y se gestionó ante el Gobierno nacional. Pero en el Gobierno nacional después de la declaratoria de emergencia, pedíamos apoyo y al final todo quedaba en la foto y en las actas, tal es así que tuvimos que recurrir a la minera Cerro Verde para que nos done camillas y equipos para las salas de cirugía [del hospital Honorio Delgado] cuando se tuvieron que cerrar porque los equipos estaban malogrados. También se consiguió dos clinibuses, que ahora están almacenados. Tuvimos que tocar las puertas del sector privado porque el gobierno nacional no nos apoyaba. Esta realidad la tienes en el Perú.
¿Es decir no se pudo comprar más equipos médicos?
En mi gestión ampliamos la unidad de cuidados intensivos neonatales en el Honorio Delgado. También se mejoró hemodiálisis, donde había hacinamiento. Con recursos propios y privados, la participación del Gobierno nacional era mínima a pesar de las visitas de ministros. En esta gestión también se declaran en emergencia hospitales y aun no hay un sol de inversión.
El proyecto para el nuevo hospital Goyeneche, también tendría deficiencias y habría que elaborar uno nuevo. ¿Se gastó tiempo y dinero y no se consiguió nada?
Eso no es cierto. Hay un informe de Contraloría General de la República que establece que los avances en los expedientes se ven limitados por la falta de colaboración del personal del propio hospital y eso es lamentable. Esto confirma lo que el actual gerente regional de salud manifestó, donde la falta de colaboración del mismo personal genera retraso en las adquisiciones.
