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Luis Salazar Steiger sostiene que “la licencia social entendida como ‘te dejo hacer el proyecto o no’ es algo que se debe revisar”.
El ex presidente y actual vocal de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), Luis Salazar, considera que se debe revisar el procedimiento de implementación de la consulta previa y la llamada licencia social, necesarias para la ejecución de los proyectos extractivos, como el de Tía María en Islay. En su opinión, tal como se aplican y entienden, frenan inversiones millonarias que no solo afectan el crecimiento económico, sino que impiden el progreso social del país.
¿Cómo está el país en términos de crecimiento económico y progreso social?
Lamentablemente, el Perú de hoy está frenado tanto en crecimiento económico como en desarrollo social.
¿A qué se debe esto?
A diferentes decisiones que hemos ido tomando como país y durante varios gobiernos, no solo se puede acusar a uno u otro, hay varias normas que salieron en el camino.
¿Qué acciones concretas ocurrieron?
Esto es gradual. No es algo puntual. Por ejemplo, una de las primeras normas fue la ley de Consulta Previa, que empieza a cambiar el rumbo del crecimiento económico y que frenó varios proyectos de explotación de recursos naturales. Allí empezó todo. Sale la legislación con buen nombre, pero mal implementada. También tenemos la ley de Protección al Consumidor, que incluye incentivos perversos al establecer que una parte de las multas impuestas a las empresas se destine a la asociación de consumidores que haya promovido la investigación [respectiva], entonces todas las asociaciones de consumidores en lugar de defender al consumidor, buscan a quién le pueden sacar multas para generar recursos económicos.
“El problema no es la consulta previa, [el problema es que] se hizo utilizando el descontento de la población para manejos políticos o con influencia ideológica”.
La ley de Consulta Previa, debió ayudar a resolver la conflictividad social vinculada a los proyectos extractivos del país, pero usted dice que frenó la inversión. ¿Entonces no beneficia a la población?
Es correcto que se vele por las comunidades y que se las escuche, pero no [pueden] darles el poder de veto como hasta ahora. Hoy, un grupo de 100 o 200 personas puede poner en riesgo un proyecto, digamos 25 o 30 mil millones de dólares en inversión, lo que hemos perdido en el tiempo como actualmente ocurre en Cajamarca y muchos otros casos.
Al crearse la consulta previa, se bloqueó el crecimiento económico y con ello se también el progreso social y lo vemos con la pobreza que aumenta en Cajamarca y la que se ha generado en otras regiones.
Pero desde el sector privado, ¿no ven necesario este mecanismo, como parte de esta licencia social y que debería tener todo proyecto extractivo?
¿Qué ocurre en el mundo? Hay todo un movimiento para que las minorías estén empoderadas en contra de las mayorías, bajo un concepto de abuso de las primeras, pero se llega al extremo que al final terminan dañando a esas minorías que quieren proteger. Efectivamente se tiene que trabajar con las comunidades para que estén de acuerdo, pero cuando se analizan estos conflictos [se ve que] es solo una minoría la que está en desacuerdo y allí está el problema.
Pongo un ejemplo, fuera del caso de Tía María en Arequipa, cuando se paró Conga [en Cajamarca] que comprometía una inversión de 5 mil millones de dólares, el 70% de la inversión se quedaría en el Perú, es decir unos 3 mil 500 millones, hubieran creado empleo y desarrollo para los peruanos. Además, con los impuestos que se pagaba, si eran bien administrados, se beneficiaba a esa población que hoy no tiene nada.
Entonces, el problema no es tanto la consulta previa, [el problema es que] se hizo como una forma de utilizar el descontento de la población para manejos políticos o con influencia ideológica.
“La licencia social entendida como ‘te dejo hacer el proyecto o no’ es algo que se debe revisar. En lugar de eso, deberíamos asegurarnos que todo el canon sea distribuido correctamente en beneficio de esas comunidades que hoy no reciben nada”.
¿La licencia social es o no necesaria para sacar adelante un proyecto extractivo?
Tal como se entiende en el Perú, no es correcto está tergiversado. ¿A qué me refiero? a que si un grupo de la población no lo quiere [entonces no se acepta] y no necesariamente debe ser así.
En todo caso, ¿cómo debe establecerse para que sea más representativo y se traduzca en un mecanismo más efectivo para viabilizar las inversiones?
Recordemos el ejemplo de ‘agua sí, oro no’ [en Cajamarca] cuando en realidad debería ser ‘agua sí y oro sí’. Ese tipo de cosas se manejan mal. La licencia social entendida como ‘te dejo hacer el proyecto o no’, es algo que se debe revisar. En lugar de eso, deberíamos asegurarnos que el canon sea distribuido correctamente en beneficio de esas comunidades que hoy no reciben nada.
“El tema no es Tía María, para dejar en claro, sino la percepción que genera en el país un presidente que ya cerró una negociación [con los opositores al proyecto] pero le dice otra cosa al país”.
Al inicio de la entrevista, usted señalaba que no nos fue bien en los últimos años en términos de crecimiento económico y progreso social, ¿qué se debería hacer para revertir esta situación?
En el Perú lamentablemente no avanzamos en índice de progreso social y además estamos deteriorando el desarrollo económico. Para dar una idea, este año se habla de un crecimiento económico menor al 2%, se proyectó un 4% y seguimos bajando y bajando, por los diferentes problemas ocurridos y las expectativas son que cerremos el año con 1.8 % o 1.9% de crecimiento.
¿Qué va generar esta reducción en el crecimiento económico?
Solo para mantener el desarrollo social que tuvimos hasta ahora, necesitamos generar 300 mil nuevos empleos por año. Con un crecimiento 1.8%, no vamos a generar más de 120 o 130 mil empleos, es decir hay 180 mil jóvenes que van a salir a buscar trabajo y no van a encontrarlo y eso generará más inestabilidad social, más descontento y más problemas en el país. Para que se pueda crear un mínimo de desarrollo social debemos crecer por lo menos 5.5% o 6%.
¿El crecimiento económico frenó solo por impacto de la crisis política del país o también hay un contexto internacional que retrae la economía?
Desde el punto de vista económico, no hay un contexto internacional que deteriore el crecimiento del Perú. El mundo ha crecido a tasas de más de 3% en los últimos años, este año podríamos frenar un poco, pero hablamos de 2.5% o 3%. Cuando el Perú crece menos de lo que crece el mundo ya estamos en problemas. Ese es el primer dato.
El segundo dato, es que no hay un hecho específico que marque un deterioro. Este proceso en el Perú comienza entre finales del 2010 e inicios del 2011, cuando se genera mucha normativa nueva en el país. Empieza con Alan García, sigue con Humala y continúa con este gobierno. El tema es que viene como una pendiente que acelera y estamos cayendo cada vez más rápido y tenemos que buscar formas de parar esto.
¿En qué medida el gobierno de Vizcarra está reaccionando a este síntoma, para propiciar que la economía del país se recupere?
Lamentablemente el gobierno de Vizcarra está agudizando el problema. La mentira, la manipulación, el hecho de estar en contra y en muchos casos, de medidas que impulsarían el desarrollo económico, o de no darse cuenta que las posiciones que se toman [es perjudicial]. El tema no es Tía María, para dejar en claro, sino la percepción que genera en el país un presidente que ya cerró una negociación [con los opositores al proyecto] pero le dice otra cosa al país. Eso origina que toda la inversión en general, tanto nacional como extranjera se pregunte ¿es seguro invertir o no en nuestro país?
¿Se refiere a la negociación expuesta en los audios que se filtraron, donde habría asumido un compromiso de paralizar el proyecto Tía María?
Así es, pero no solo eso. También está el enfrentamiento estéril con el Congreso, usando como herramienta la mala imagen que se ganó esta institución o esa posición de adelantar las elecciones generales. Puede ser que políticamente sea una medida correcta y que por un tema de popularidad sea lo mejor, pero es una coyuntura muy pequeña.
Un país que empieza a desconocer la Constitución o que pretende cambiarla por un tema de encuestas según el ánimo de la población, es un país que no es seguro y si no es seguro, es un lugar donde la gente no va a invertir y eso está ocurriendo en este momento. La inversión se está frenando fuertemente.
Recordemos que la pobreza se reducía a medida que crecía la economía y desde que se frenó en el 2017, donde unos 150 mil peruanos retornaron a la pobreza y eso es un crimen como país. En el 2018 se logró controlar eso, pero este año se prevé que más peruanos vuelvan a la pobreza y eso es inaceptable.
Un país que empieza a desconocer la Constitución o que pretende cambiarla por un tema de encuestas según el ánimo de la población, es un país que no es seguro y si no es seguro, es un lugar donde la gente no va a invertir.
¿Es posible que el Perú crezca económicamente al margen de enfrentamiento político?
Lamentablemente no. Hoy se amenaza con cambiar la Constitución y sobre todo el capítulo económico. Eso es parte de este movimiento que trabaja para adelantar las elecciones y todo eso. Si eso ocurre, regresamos al Perú de los años 70, cuando hubo una mayor intervención del Estado.
Ese es otro paradigma. Está comprobando en el mundo que cuando el Estado interviene más en la economía hay más corrupción, veamos los casos de Venezuela, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte, todos estos países que tienen una alta intervención del Estado en la gestión económica y se vuelven sumamente corruptos y nosotros estamos siguiendo ese camino.
