El constitucionalista Víctor García Toma consideró que la actitud de los congresistas de Fuerza Popular —al plantear acusaciones constitucionales en contra del fiscal de la Nación y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, así como al exigir la comparecencia del presidente, Pedro Pablo Kuczynski— es errática y abusiva por su desconocimiento del derecho constitucional y el parlamentario.
¿Qué tan grave es que el Congreso denuncie constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez?
Lo primero es que estas acusaciones son descabelladas, carecen de fundamento jurídico y, en atención a que están dirigidas a la más alta autoridad encargada de investigar y perseguir el delito, se prestan para que muchos crean que detrás hay un afán intimidatorio o, en todo caso, tendiente a menoscabar la recta administración de justicia [en el país].
Desde su percepción, ¿hay un interés político detrás, si consideramos que la bancada de Fuerza Popular es la que impulsa esta acción en el Congreso?
No lo podría afirmar. Pero desde el punto de vista jurídico, las dos denuncias [de Yeni Vilcatoma y Daniel Salaverry] son un claro homenaje a Mario Moreno ‘Cantinflas’. No tienen ninguna razón o fundamento legal.
Pero no se puede negar que es la bancada fujimorista la que canaliza estas denuncias. Por ejemplo, la comisión permanente del Congreso solo con los votos de esta organización partidaria fijó el plazo para investigar si proceden estas denuncias.
El problema no es que se haya fijado el plazo. Eso es correcto. Las denuncias ya habían sido admitidas. El momento en que debieron ser rechazadas fue en la etapa anterior. La observación que hace la bancada fujimorista respecto a que la comisión solo debía establecer el plazo es correcta. Lo que no se dice es que el error estuvo en el momento de calificar las denuncias, que son claramente descabelladas.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha señalado que esta denuncia sería grave para el país porque iría en contra de la democracia y no se respetaría la autonomía de los poderes del Estado.
Sería grave si finalmente se aceptan las denuncias poco criteriosas y establecidas de manera poco técnica. Por eso considero que el camino que se debe seguir es el del archivo.
Al margen de quién haya presentado las denuncias, ¿el hecho de que procedan no afectaría a la institucionalidad del país?
El fiscal de la Nación como cualquier otro alto funcionario público puede ser denunciado, incluso hubo el caso de fiscales destituidos no hace mucho. Nadie es intocable, y no puede escapar a una investigación o control, eso es correcto. El problema es que en este caso particular ninguna de las dos imputaciones se reviste de legalidad y consistencia. Así que, habiéndose cometido la barbaridad de ser admitidas, esperamos que sean archivadas. De no rectificarse el camino, ahí sí estaríamos en la postura que ha planteado el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Si a este contexto le añadimos la denuncia constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), por pronunciarse sobre una sentencia en el caso El Frontón en el 2016, el ingrediente político ya no se puede ignorar.
En este caso puntual es evidente que estos magistrados emitieron una resolución claramente equivocada. Esto de interpretar, entre comillas, el voto de un magistrado [en una sentencia anterior] evidentemente es un error. Pero al margen de que esto sea un error, la Constitución señala que los miembros del TC no responden por sus votos de opinión. Entonces, la acusación constitucional en su contra no procede porque no se puede sancionar criterios y opiniones. Ese es el tema de fondo.
El exprocurador José Ugaz ha señalado que detrás de esta denuncia estaría la intención de que el fujimorismo capture el TC, y para ello ya tendrían los nombres de sus reemplazantes.
Esa información no la tengo y no puedo opinar sobre eso. Sin embargo, debemos aclarar que la conducta jurisdiccional asumida en relación al caso de El Frontón merece una crítica. Pero la denuncia constitucional no tiene fundamento jurídico porque va en contra de lo que la propia Constitución señala en su artículo 201, donde dice que los miembros del Tribunal Constitucional no responden por los votos de opinión.
Por otro lado, la comisión de investigación Lava Jato, desde hace algunos días, insiste en citar al presidente, Pedro Pablo Kuczynski. ¿La inmunidad presidencial lo ampara, de ser investigado por casos anteriores a su elección?
Ante el parlamento, sí. El artículo 117 de la Constitución señala que durante su periodo presidencial solo puede ser investigado, en el Congreso, por otras infracciones; sin embargo, ello no significa que el presidente no pueda dar cuenta de su conducta. El Código Procesal Penal señala la obligación del presidente de comparecer ante una autoridad judicial en el marco de una investigación, y así ha sucedido.
Por el caso Odebrecht ya declaró [ante el Ministerio Público] y podría rendir otras testimoniales a medida que avancen las investigaciones. En consecuencia, en el ámbito del Congreso el presidente goza de inmunidad para proteger su figura de la impopularidad partidaria o de afanes de notoriedad de algunos políticos; pero en lo que se refiere a la investigación judicial sí está obligado a comparecer. Son dos ámbitos diferentes.
Los integrantes de la comisión Lava Jato han señalado que este incumplimiento de comparecer podría originar una infracción constitucional y desencadenar, eventualmente, una vacancia presidencial.
El tema de la comparecencia [obligatoria] solo corresponde ante las autoridades judiciales. Si lo citan, el presidente está obligado a asistir. En el caso de los parlamentarios, el presidente puede decidir no asistir, responder por escrito o simplemente callar. Eso estaría dentro de lo que le permite la Constitución.
La actuación de Fuerza Popular en todos estos hechos, ¿no evidencia una intención de imponer su poder o intentar gobernar de manera paralela al gobierno de Kuczynski?
Lo que pasa es que ellos tienen una mayoría parlamentaria y no saben qué hacer con ella. Al carecer de una dirección política clara, de planes y de programas de acción, la conducta de la célula parlamentaria fujimorista deviene errática por un lado y abusiva por otro.
Claro. Sin embargo, ¿esta actuación responde a las indicaciones de Keiko Fujimori o cree que actúan por propia iniciativa?
Esa es una conjetura que es tan válida como que también se podría negar. Lo que es claro es que en lo que se refiere a las denuncias presentadas contra el fiscal de la Nación, contra los magistrados del Tribunal Constitucional; no nos olvidemos del caso del ministro [del Interior], Basombrío; y la exigencia de comparecencia del presidente ante el Parlamento se evidencia una bancada fujimorista desbocada. Eso es lo objetivo.
¿Hay un exceso de protagonismo por imponer su mayoría?
Es una mayoría desbocada y no tiene claro cómo hacer uso de la presencia política que se le otorgó a través de los votos y, por consiguiente, al no tener una dirección y un programa van de tumbo en tumbo. Eso está pasando.
¿No hay ninguna intención de traerse abajo al gobierno del presidente Kuczynski?
Eso sería apresurado por ahora. Lo que es objetivo es que son cuatro acciones arbitrarias y ¿hacia dónde va eso?, no lo sabemos. Si es prepotencia, falta de visión política o si hay un propósito deliberado, eso no lo sabemos. Lo objetivo es que en estas cuatro acciones analizadas, la calificación que se les puede dar es de ‘jalados’ en derecho constitucional y en derecho parlamentario.
