Ir al contenido
La propuesta para eliminar el tope de las tasas de interés en el sistema financiero peruano pone sobre la mesa una discusión que enfrenta dos posibles efectos: créditos con intereses más altos y la eventual inclusión financiera de quienes tienen mayores dificultades para acceder a un préstamo formal.
La iniciativa, que está incluida dentro del pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori ante el Congreso, plantea eliminar el límite máximo que actualmente regula las tasas de interés activas. El techo, establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), llega a 114.13 %.
Para Antonio Escobar Juárez, especialista en finanzas y profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo, eliminar este límite significaría retornar a un esquema de libre determinación de tasas, en el que bancos, cajas municipales, financieras y otras entidades establezcan la tasa de costo efectivo anual (TCEA) de acuerdo con el riesgo del cliente y sus propios costos de operación.
El especialista considera que uno de los principales efectos de la propuesta de Keiko Fujimori podría ser el regreso al sistema formal de personas que actualmente no califican para un crédito. Entre ellas, pequeños emprendedores, negocios de subsistencia, personas con ingresos reducidos y ciudadanos sin historial crediticio.
“Al poder cobrar una tasa que ellos consideran acorde a un riesgo más alto o a elevados costos de operación para su atención, las entidades estarán dispuestas a prestarles nuevamente en el sistema formal”, sostiene Escobar.
Sin embargo, esto no se traduciría en mayores tasas de interés para todos los usuarios. Según el docente, los clientes de riesgo bajo y medio probablemente no experimentarían mayores cambios, debido a que sus tasas ya se encontrarían por debajo del límite y existe competencia entre las entidades financieras.
El impacto sí podría sentirse en el segmento de mayor riesgo. En estos casos, la tasa podría incrementarse respecto al tope vigente, pero la alternativa para muchos de estos usuarios puede resultar todavía más costosa: recurrir al mercado informal.
Escobar advierte que quienes quedan fuera del sistema financiero formal pueden terminar recurriendo a préstamos como el denominado “gota a gota”, donde las tasas de interés pueden superar ampliamente los límites legales y los mecanismos de cobranza pueden incluir prácticas violentas que ponen en riesgo la integridad física de los deudores.
El problema de la exclusión financiera no es menor. En 2022, el BCRP estimó que los topes de tasas afectaron a 226 mil clientes. De este grupo, 126.7 mil fueron excluidos de la cartera de créditos, mientras que el resto quedó fuera del proceso de bancarización. Otras estimaciones elevan a más de medio millón el número de personas que quedaron fuera del sistema financiero.
Para el economista y director del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo, Germán Chávez Contreras, el debate debe centrarse especialmente desde la situación de los microempresarios. A su juicio, las entidades financieras podrían cobrar tasas de interés que superarían el actual 114.13%, un nivel que ya considera elevado.
Chávez sostiene que la medida probablemente no tendría un efecto significativo sobre el costo financiero del consumo de las familias, pero sí podría encarecer el financiamiento destinado a actividades vinculadas con la informalidad. Esto podría reducir algunas iniciativas de microempresa y afectar de forma negativa al empleo informal.
El especialista señala que la reducción del crédito formal ha llevado a muchos microempresarios a buscar créditos en el mercado informal, donde enfrentan costos mucho mayores. Los más expuestos serían quienes tienen ingresos inferiores a S/ 3000 y no cuentan con historial crediticio.
Las dificultades que enfrenta este segmento para acceder a un crédito constituirían uno de los principales argumentos a favor de la eliminación del tope: permitir que las entidades financieras puedan asumir riesgos que actualmente consideran demasiado altos para prestar bajo el límite vigente.
La eliminación del techo no significa que el mercado quede sin controles. Para Escobar, existen tres mecanismos que podrían contribuir a evitar cobros excesivos.
El primero es la competencia entre bancos, cajas municipales, financieras, cooperativas y fintechs, que debería presionar las tasas hacia abajo para captar a los clientes con mejores perfiles de pago.
El segundo es la transparencia. La posibilidad de comparar fácilmente la TCEA entre distintas entidades permitiría a los usuarios identificar las alternativas más convenientes.
El tercero es la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que tiene entre sus funciones vigilar las prácticas del sistema financiero, sancionar cobros indebidos y garantizar la transparencia de los contratos.
No obstante, Escobar considera que existe una tarea pendiente: fortalecer la educación financiera, especialmente entre las personas de menores ingresos. Saber comparar tasas, identificar el costo real de un préstamo y elegir una opción acorde con la capacidad de pago será determinante si finalmente se elimina el límite.
