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Nuestro país es uno de los principales destinos mineros del mundo. Esta posición no es gratuita: contamos con importantes reservas geológicas a nivel mundial y con una cartera de proyectos capaz de incrementar de manera significativa la producción minera nacional. No obstante, el potencial del subsuelo no se convierte por arte de magia en inversión, en desarrollo o en bienestar. Existen varios desafíos que se deben atender para lograr esa conversión.
Los temas más relevantes, producto de las reflexiones académicas y empresariales realizadas en importantes encuentros mineros como el World Mining Congress 2026 y el Conamin, son: competitividad, confianza y predictibilidad; inversión para una producción eficiente; y legitimidad social y desarrollo territorial.
Si hablamos de competitividad, confianza y predictibilidad, es urgente construir un entorno institucional que permita el desarrollo de proyectos dentro de plazos razonables, manteniendo estándares ambientales, sociales y técnicos. A la fecha, la intervención de diversas autoridades, la duplicidad en la evaluación de ciertos aspectos, la falta de criterios uniformes y el incumplimiento de plazos administrativos incrementan la incertidumbre en los inversionistas. Esto se agrava frente a inversiones que requieren horizontes superiores a los 30 años, sobre todo por el tema de la estabilidad económica y política.
Este problema debe atenderse mediante el “destrabe”, el cual no debe interpretarse como una eliminación absoluta de controles; por el contrario, implica la revisión de los procedimientos antes de digitalizarlos o unificarlos en una misma plataforma. Asimismo, se relaciona también con el fortalecimiento de la interoperabilidad entre entidades públicas, la uniformización de criterios y el cumplimiento de los plazos establecidos para la emisión de respuestas.
Para fortalecer la confianza también es importante atender el incesante crecimiento de la minería ilegal. El país enfrenta una evidente asimetría: mientras la minería formal soporta extensos procedimientos y responsabilidades, las actividades ilegales avanzan al margen de esas obligaciones. No obstante, el problema no está solo en realizar más operativos contra la minería ilegal. Sin un marco regulatorio eficiente que aliente la formalidad, se favorecerá a quienes operan sin permisos ni controles.
Respecto a la innovación para una producción eficiente, existe un enorme desafío frente al incremento de la demanda mundial de cobre y otros minerales estratégicos, ello impulsado sobre todo por la transición energética y la inteligencia artificial. Dicha demanda devela otra realidad mundial. La disminución de las leyes minerales (cantidad de metal valioso que contiene el material que se extrae del suelo/subsuelo) y las dificultades para ubicar nuevos yacimientos, comprometen aun más la posibilidad de que países como el Perú puedan atender la demanda de minerales críticos.
A tal efecto, además de la incorporación de inteligencia artificial, automatización y tecnologías que permitan procesar minerales de baja ley y reaprovechar recursos que se consideraban desechos (relaves, por ejemplo), también se requieren iniciativas innovadoras orientadas al uso eficiente del agua, la incorporación de fuentes alternativas de energía y el desarrollo de infraestructura compartida.
Este proceso también requiere una articulación entre empresas, Estado, academia y proveedores, sobre todo en tecnología. Es importante entender que, para lograr una mejor posición como país minero, no basta con adquirir tecnología extranjera; el país debe generar conocimiento propio, fortalecer la educación y formar profesionales capaces de responder a las nuevas necesidades de la industria minera.
En relación a la legitimidad social y desarrollo territorial, resulta importante comprender la actividad minera como un espacio de desarrollo. Para ello, los programas sociales o compensaciones puntuales no son suficientes. Se requiere cumplir con los compromisos, promover la participación temprana, garantizar la transparencia y generar oportunidades concretas, especialmente en territorios posmineros (cierre de minas y remediación de pasivos ambientales).
También implica la promoción de proveedores locales, de empresas comunales, servicios públicos, entre otros, a lo largo de la vida útil de la mina. Además, supone mejorar la distribución y el uso del canon, así como de la renta minera en general, a fin de contribuir al cierre de brechas sociales. Ello permitiría, a su vez, desplegar una mayor presencia del Estado y de la minería formal en zonas impactadas por actividades ilegales.
Existen otros retos vinculados con la exploración, seguridad, operaciones y logística, talento humano, entre otros aspectos; sin embargo, la predictibilidad institucional, la innovación y la legitimidad territorial son desafíos que se han vuelto a poner sobre la mesa a partir de los recientes eventos mineros. En tal sentido, atender dichos desafíos de manera articulada permitirá que el potencial geológico del Perú se transforme en inversión responsable y desarrollo sostenible.