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A tres semanas de las elecciones de gobiernos subnacionales —regionales y municipales, tanto provinciales como distritales—, volvemos a enfrentar un escenario con un número considerable de candidatos y muy pocas propuestas serias que permitan un debate a la altura de los desafíos de Arequipa como territorio y como sociedad.
En Arequipa, son 15 los candidatos que aspiran al gobierno regional y 18 los que buscan llegar a la alcaldía provincial. A ellos se suman numerosos postulantes a los municipios distritales de toda la región.
Ante la imposibilidad de evaluar propuestas que, en la práctica, no existen, lo que corresponde es señalar las oportunidades de mejora que tiene Arequipa, de modo que los candidatos cuenten con información concreta para orientar sus planes de gobierno durante el próximo periodo 2027–2030.
Si se revisa el Incore 2027 (Índice de Competitividad Regional), Arequipa se ubica en el tercer lugar del ranking nacional, detrás de Lima y Moquegua; sin embargo, respecto al Incore 2026 ha retrocedido en salud, infraestructura y entorno laboral, a lo que se suma una evaluación ya deficiente en institucionalidad.
El trabajo informal, que a nivel nacional alcanza el 70.2 %, se replica en cifras similares en la región, configurando un mercado laboral mayoritario sin beneficios ni condiciones mínimas de trabajo. Esto desprotege no solo al trabajador, sino también a su familia, y limita las posibilidades reales de mejorar su calidad de vida.
El centralismo es otro problema pendiente de resolver. Se suele decir que el Perú es centralista porque Lima concentra el 33 % de la población nacional, el 46 % del PBI, el 75 % de los depósitos y el 73 % de las colocaciones de crédito del sistema financiero. Sin embargo, la provincia de Arequipa reproduce —y en algunos aspectos agrava— ese mismo patrón dentro de la región: ante la falta de una infraestructura de conectividad adecuada, concentra al menos el 80 % de la producción regional, el 90 % de la población urbana y más del 90 % de la captación y colocación de fondos.
La inseguridad ciudadana, por su parte, dejó de ser un problema exclusivo de Lima y las ciudades del norte. Las manifestaciones más violentas de la delincuencia —minería ilegal, préstamo “gota a gota” y cobro de cupos a distintas actividades económicas— han llegado a nuestra región, limitando el emprendimiento y reduciendo las posibilidades de las familias más vulnerables de abrir negocios que les permitan cubrir sus necesidades básicas de alimentación, nutrición, educación y vivienda.
En infraestructura, la cantidad de colegios con servicios básicos deficientes y la falta de centros médicos y hospitales de referencia acentúan la desigualdad entre el centro y la periferia regional.
En cuanto a inversión, Arequipa cuenta con una cartera relevante de proyectos, concentrados principalmente en el sector minero-metálico. Entre ellos destacan la optimización de Cerro Verde y los proyectos Tía María, Zafranal y Pampa de Pongo, que en conjunto suman unos US$ 7500 millones, sin contar el proyecto Don Javier —una mina de hierro aún en etapa de estudios— que representaría otros US$ 600 millones de inversión en su fase de exploración.
En salud, son seis los proyectos en curso: la ampliación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, la renovación del hospital Goyeneche, el hospital Maritza Campos, la puesta en funcionamiento del nosocomio de Camaná, la culminación del hospital de Cotahuasi —con un avance del 68.5 %— y los centros médicos de Chala y Matarani.
En educación, son 28 los proyectos en ejecución pendientes de culminar, entre ellos el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Majes-Caylloma.
En transporte, hay tres proyectos principales: el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón (con la ampliación de su terminal de pasajeros y la construcción de un nuevo cerco perimétrico), la culminación de la vía Arequipa–La Joya con el túnel mellizo, y la Interoceánica del Sur. En energía, en tanto, son más de 20 los proyectos en cartera —principalmente de energías renovables y no contaminantes como la fotovoltaica, el hidrógeno verde y las centrales hidroeléctricas— que podrían posicionar a Arequipa como una potencia energética de clase mundial.
Finalmente, el puerto Corío y el emblemático proyecto Majes Siguas II (proyecto de ampliación de la frontera agrícola con alcance energético), no pueden seguir detenidos: juntos podrían superar los US$ 4000 millones de inversión.
No cabe duda de que, si se concreta el conjunto de proyectos mencionados, el rostro de Arequipa y de la macrorregión sur cambiaría sustancialmente en el mediano y largo plazo.
Los candidatos tienen, entonces, mucho por hacer, aunque hasta ahora han dicho poco o casi nada. Esperamos que en los próximos días se pronuncien y expliquen no solo el qué, sino también el cómo lograrán convertir a Arequipa en una región con perspectivas reales de crecimiento, capaz de generar progresivamente nuevos puestos de trabajo formal y decente para las nuevas generaciones, logrando así mejores condiciones de vida para todos.