Cesar Ventura Pizarro
Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el dinero y los activos lavados en el Perú durante el 2015 suman la friolera cifra de US$1,617 millones. Esta actividad ilícita mueve dinero y bienes equivalentes a cuatro veces el presupuesto inicial de la región Arequipa.
La entidad señaló además que, desde el 2007 hasta marzo de este año, los activos lavados superan los US$12 mil millones. Esta suma es casi equivalente al 30% del presupuesto nacional, lo que demuestra que en la última década se ha “disfrazado” una gran cantidad de dinero generado de ganancias ilícitas.
Actividades ilícitas
La mayor cantidad de este dinero proviene del tráfico ilícito de drogas (42%) y la minería ilegal (34%). Los delitos contra la administración pública aportan el 7% del monto lavado y el resto de actividades ilegales suman el 17% del total. Son en total 33,339 operaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS ha llegado a calificar como sospechosas. De esta cifra, el 39% proviene de bancos.
En ese sentido Oscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), confirmó que “el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas siempre está al acecho y los agentes del sistema financiero estamos permanentemente atentos para identificar operaciones sospechosas”.
Si bien el sector financiero no es causante de este delito, sí constituye un medio usado por los delincuentes para el encubrimiento de estos activos. Y así como los bancos, también las notarías e inmobiliarias terminan en ocasiones involucradas en este proceso.
Los políticos no se salvan
En medio del escenario electoral salieron a luz nombres de políticos involucrados en el delito de lavado de activos. Los casos más sonados:
– Nadine Heredia, presidenta del Partido Nacionalista Peruano: la fiscalía formalizó una denuncia de lavado de activos contra la primera dama, incluso pidió impedimento de salida del país para ella y su hermano.
– Joaquín Ramírez, congresista de Fuerza Popular: La fiscalía pidió al Poder Judicial el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para el ex secretario general de FP por este delito.
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