Isabel Alvarez Cabana
Miles de personas no pueden salir de Arequipa, el abastecimiento de algunos productos en mercados se reduce y el turismo vuelve a caer. Estas son solo algunas de las consecuencias de la crisis política y social que se vive y que pone en evidencia la vulnerabilidad de la región.
Basta con el bloqueo de una carretera para que la ciudad empiece a pagar el precio. Mientras que, un descuido en el Cono Norte, generó que el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón cierre por casi 8 días. Se dio a conocer que al día se pierde 20 vuelos y 5 mil pasajeros se ven afectados.
Para el jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel María Manrique, estos escenarios no pueden quedar solo como un tema anecdótico, sino que, a partir de ello, las autoridades deben definir un nuevo rediseño del desarrollo urbano de la región, en un mediano plazo.
Condiciones de seguridad
Aeropuertos Andinos del Perú (APP), concesionario del terminal aéreo de Arequipa, informó en un comunicado que el reinicio de sus operaciones, programado para el 26 de enero, está sujeto a las condiciones que garanticen la seguridad de todos.
A decir de Manrique, es inconcebible que el aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país solo tenga un cerco perimétrico de rejas (estas fueron retiradas por los manifestantes más de una vez). Es necesario que Sutrán (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) evalúe las condiciones de seguridad del lugar.
Para el expresidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Avit), Jorge Valderrama, así el cerco fuera de concreto, los manifestantes habrían ingresado a las instalaciones, porque se ha perdido el respeto a la propiedad pública y privada. Precisó que los ataques deben ser denunciados.
¿Qué hacer con el aeropuerto?
No se puede permitir que la vía aledaña al aeropuerto sea bloqueada todos los días. Manrique cuestiona que ni el sector privado ni el Estado, hayan tomado acciones frente al desborde del crecimiento urbano en los alrededores del terminal aéreo y terrestre. Por ello, considera que se debe pensar en la reubicación de estos servicios.
Mientras tanto, señala que la concesionaria junto al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), el Ministerio de Transportes, la Policía y el Ejército establezcan estrategias de contingencia y seguridad.
En opinión de Valderrama, se debe revisar el contrato con la concesionaria del aeropuerto, y advierte que no se hizo nada por mejorar su infraestructura. Se requiere ampliar las salas de embarque, el estacionamiento, mejorar la pista, entre otras cosas.
Sistema vial deficiente
Antes del aeropuerto, los manifestantes primero toman las carreteras, pues estas permiten el desarrollo de un país al conectar las ciudades con pequeños poblados y zonas de alta productividad, sostiene Gerhard Paul Rodríguez, docente del Departamento de Arquitectura e Ingenierías de la Construcción de la Universidad Católica San Pablo.
Precisa que las carreteras fueron bien diseñadas y cubrían las necesidades del país en su momento, pero ahora son deficientes. No soportan el actual parque automotor, no permiten una interconexión como debería ser y generan los problemas que vemos hoy en día, como el desabastecimiento de productos.
Así como hasta ahora persiste la red de caminos inca, que cubre gran parte del territorio peruano, el Estado debe diseñar nuevas rutas de interconexión. Rodríguez explica que primero se debe potenciar el sistema vial para que crezca el país y no al revés.
Urge reestablecer el orden
Para el exjefe de la Región Policial de Arequipa y ahora alcalde de Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden, son luchas del “pueblo contra el pueblo”, lo único que los diferencia es el uniforme.
El problema es el reducido número de policías que hay en la región. El coronel en retiro señala que con más de 5 mil efectivos no se puede resguardar todos los servicios estratégicos. Se necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Zegarra Black lamentó que en algunos casos se haya perdido el respeto a los derechos de los demás durante las protestas. Por lo que también espera que el Ejecutivo tome las decisiones convenientes para controlar la crisis.
Soluciones inmediatas
La autoridad municipal sostiene que una de las medidas que se debe adoptar es definir la fecha del adelanto de elecciones, uno de los pedidos de los manifestantes. Y considera que las otras demandas como la renuncia de Dina Boluarte o la asamblea constituyente no son viables.
En tanto, el representante de la Defensoría del Pueblo sostiene que el sector privado y público deben establecer una estrategia articulada para garantizar los derechos de las personas y el resguardo de la infraestructura aérea, portuaria y terrestre.
Aunque de forma tardía, ayer en una reunión sostenida entre autoridades de la región y otras instituciones, se propuso programar una visita a los distritos de Cerro Colorado y La Joya, donde los bloqueos de vías son permanentes, por tanto, requieren el apoyo de la autoridad provincial y regional.
EL DATO
Jorge Valderrama pide que el sector Turismo se declare en estado de emergencia, a fin de que el Estado coordine con el sector privado estrategias para la reactivación. Se requiere participar en ferias internacionales y de la mano de todos los actores abaratar costos en favor de los visitantes.
“Como pequeño empresario, no encuentro una luz al final del túnel, donde haya un líder que convoque a la iglesia, a los colegios profesionales, al sector público, comités de lucha o al Gobierno Central; alguien que promueva una mesa de diálogo”.
Jorge Valderrama, expresidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Arequipa.
EL DATO
Hasta antes de la pandemia, había al menos 433 agencias de viaje registradas en Arequipa, pero muchas de ellas no pudieron reactivarse. El año pasado lograron recuperarse a un 40%, sin embargo, en diciembre solo alcanzaron el 15% y este mes no llegarían ni al 5%.
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