La resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que impidió a Rafael López Aliaga asumir la Alcaldía Metropolitana de Lima, causó sorpresa. Resulta desconcertante que se le permitiera participar como primer regidor de Renovación Popular y que, después de las elecciones, se otorgara la credencial de alcaldesa electa a Jeanette Alonzo Contreras, segunda integrante de la lista de regidores.
El argumento del JNE tiene fundamento. Varios alcaldes buscaron eludir la prohibición de reelección inmediata postulando como primeros regidores, una maniobra que muchos interpretaron como una reelección encubierta. Sin embargo, el problema no radica en hacer cumplir la ley, sino en hacerlo tardíamente, cuando los ciudadanos ya habían acudido a las urnas.
Las reglas electorales deben ser claras, conocidas y aplicadas oportunamente. Permitir una candidatura para luego impedir que el ganador asuma el cargo constituye una contradicción institucional que erosiona la confianza ciudadana. ¿Qué sentido tiene votar por alguien que, finalmente, no podrá ejercer el mandato recibido?
Para los electores, semejante desenlace genera frustración y alimenta la percepción de que su voto importa poco. Para los candidatos, representa una incertidumbre que pudo evitarse mediante decisiones oportunas de las autoridades electorales.
Además, la composición de las listas podría producir una verdadera piñata de sorpresas en las municipalidades provinciales y distritales. Personajes prácticamente desconocidos terminarán ocupando alcaldías sin haber encabezado las preferencias ciudadanas. A más de uno se le aparecerá la Virgen y conseguirá trabajo por cuatro años sin esperarlo.
La legalidad electoral es indispensable, pero también lo son la predictibilidad y la seguridad jurídica. Una democracia no se fortalece cambiando las consecuencias del voto después de las elecciones, sino garantizando reglas claras antes de celebrarlas.