Nuestra tradición política es profundamente costosa y muchos la celebran: cada nuevo gobierno cree haber descubierto el país. Cambian ministros, cambian logos, cambian slogans, cambian prioridades. Y, como parte del ritual, también cambian planes, proyectos y estrategias.
El problema es que el país no empieza de cero cada cinco años; no obstante, el Estado peruano —liderado por quienes elegimos— actúa como si así fuera.
Allí comienza una de nuestras tragedias institucionales más reiterativas: la incapacidad de sostener una verdadera planificación estratégica.
La planificación es la herramienta mediante la cual un Estado define hacia dónde quiere ir, cómo piensa hacerlo y qué recursos utilizará para lograrlo. Sin planificación, el gobierno no dirige: improvisa.
El profesor austriaco Peter Drucker lo dijo: “La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”; pero para crearlo, primero hay que planificarlo. Eso exige continuidad, visión y disciplina institucional, exactamente lo que más escasea en nuestra política peruana.
En teoría, el Perú sí tiene un sistema de planeamiento. Existe el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, existen políticas nacionales, planes estratégicos sectoriales, institucionales, operativos y hasta una visión país a 2050 (Acuerdo Nacional, 2019).
Sobre el papel, el aparato técnico luce bastante sofisticado. El problema es que, en la práctica, muchos de esos documentos terminan convertidos en algo muy parecido a literatura administrativa: se escriben, se presentan… y luego se archivan elegantemente. Se cuenta con guías muy explicativas que no se quieren seguir porque la autoridad se considera omnipotente y, como tal, puede o no respetar el rumbo establecido.
Así, es lamentable que, tras un nuevo gobierno, también se cambie la memoria institucional. Esto se traduce en infraestructura paralizada, proyectos que se reformulan indefinidamente, prioridades que se reemplazan según el entusiasmo político del momento y políticas públicas que nunca alcanzan madurez suficiente para mostrar resultados.
En otras palabras: el Perú administra a corto plazo, es coyuntural y nos falta continuidad.
Veamos algunos ejemplos referentes con procesos sostenidos de desarrollo. Países como Corea del Sur, Singapur o el Congo, construyeron políticas de largo plazo capaces de sobrevivir a los cambios políticos. El Congo es, hoy en día, el primer productor de cobalto y está compitiendo con nosotros por el segundo lugar en producción de cobre. ¿Cómo dejar de apreciar —y quizás seguir— lo que están haciendo bien?
Muy a pesar de las diferencias ideológicas, tenemos que entender algo esencial: el desarrollo de nuestra sociedad requiere continuidad estratégica. Debemos dejar la funesta idea de confundir cambio político con demolición institucional.
Cada vez que asume un nuevo gobierno, lo primero que hace es cuestionar al anterior, desconocer sus avances y empezar a denunciar actos irregulares. Esto es parte de la “guerra” política de la mediocridad y no porque la gestión estuviera mal, sino porque no la hizo él. Y así, el Estado pierde tiempo, recursos y capacidad de ejecución.
La planificación estratégica termina subordinada al cálculo político inmediato. Douglass North, ganador del Premio Nobel de Economía en 1993, explicó que las instituciones son las reglas que reducen incertidumbre y permiten estabilidad en las decisiones colectivas. Cuando esas reglas cambian constantemente —o simplemente se ignoran— el resultado es exactamente contrario: incertidumbre permanente, falta de predictibilidad, seguridad jurídica, entre otros.
Esto nos arrastra a consecuencias concretas y conocidas: menor inversión, menor capacidad de ejecución, debilitamiento institucional, pérdida de confianza y falta de legitimidad.
Tengamos claro que planificar no limita la política. La planificación estratégica ordena la discrecionalidad política, permite que las decisiones respondan a objetivos nacionales y no únicamente a urgencias coyunturales.
Como señalaba el maestro alemán Peter Häberle, la legitimidad del Estado depende también de su capacidad de generar continuidad y reconocimiento social en sus decisiones. Un Estado que cambia radicalmente de dirección cada pocos años no construye legitimidad, construye fatiga institucional.
En el Perú seguimos admirando al político que “rompe todo para empezar de nuevo”, como si destruir la continuidad fuera señal de liderazgo. Cuando, en realidad, muchas veces es señal de improvisación.
Quizá por eso valga la pena volver a revisar El alegre saber (Nietzsche, 1882) o La gaya ciencia para entender la filosofía del eterno retorno y preguntarnos, como país, si realmente queremos seguir viviendo la misma historia una y otra vez. Porque mientras no entendamos que la planificación estratégica debe sobrevivir a los gobiernos de turno, el Perú seguirá atrapado en un ciclo perfectamente diseñado para impedir su propio desarrollo.