En 2018, una niña se sentó frente al Parlamento sueco con un cartel que decía: “Huelga escolar por el clima”. Esta imagen rápidamente se viralizó y alcanzó una repercusión mundial. En cuestión de meses, Greta Thunberg de ser una activista local pasó a convertirse en la voz más influyente del debate climático internacional, interviniendo ante la ONU y líderes europeos. Este ascenso fue estratosférico y, como suele ocurrir con este tipo de fenómenos globales, resulta necesario, como observadores prudentes, analizar el contexto con escepticismo.
Desde los primeros días de su protesta, el empresario sueco Ingmar Rentzhog, fundador de la organización climática We don’t have time, difundió la imagen de Greta en redes sociales para contribuir a su viralización. Posteriormente se supo que Rentzhog tenía vínculos con redes de comunicación climática y con la organización Global Challenge, un think tank con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU. En el directorio de esta organización han participado figuras de gran relevancia en el sector empresarial y energético sueco, tales como Petter Skogar, director de la asociación de empleadores KFO, y Catharina Nystedt-Ringborg, asesora de la Agencia Internacional de Energía.
Esta difusión masiva sugiere una búsqueda de intereses económicos y políticos que trasciende la causa ambiental. Así lo muestra una investigación del diario The Times, la cual demostró que la conexión con Rentzhog no fue espontánea, sino planeada: los padres de Greta ya lo habían conocido previamente en una conferencia en Estocolmo. El fin de omitir estos detalles era, precisamente, evitar que se evidenciara la participación de grupos empresariales en el origen del fenómeno.
La trama se vuelve más compleja cuando se examinan otras conexiones. Daniel Donner, quien ejerció como jefe de prensa de Thunberg, fue miembro de la European Climate Foundation, organización dedicada a promover políticas energéticas en Europa. Entre los actores financieros que apoyan esta organización se encuentra el grupo Bloomberg, cuya actividad económica está vinculada, entre otros sectores, a la extracción de litio.
Este punto es crítico, pues la extracción de litio es una de las actividades industriales más agresivas con el entorno, lo que se traduce en elevados costos ambientales. Según las investigaciones de Garcés y Álvarez, académicos de la Universidad de Antofagasta, la producción de una sola tonelada de litio requiere aproximadamente dos toneladas de agua, recurso que no puede ser reutilizado en los procesos y que genera un impacto ambiental difícil de mitigar.
Esta situación expone el lobby al que está sujeto el activismo ambiental contemporáneo. Si la protección del entorno suele ser incompatible con las industrias extractivas de gran poder, ¿por qué se ocultan estas relaciones? La respuesta parece residir en la búsqueda de injerencias políticas y económicas que no siempre tienen como fin la preservación del planeta.
Esta tensión genera una pregunta incómoda: ¿puede una transición energética basada en la minería presentarse como una “solución ecológica”? La cuestión no niega la necesidad de reducir emisiones, pero obliga a considerar los costos ambientales reales. Al observar este conjunto de intereses, la ciencia se ve a veces opacada por dinámicas económicas y políticas. Queda en nosotros discernir la realidad, buscando siempre la verdad ante todo.