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Arequipa atraviesa una crisis silenciosa en su tejido urbano que, lamentablemente, se ha normalizado: la privatización de facto de nuestros parques. Lo que debería ser el corazón de la vida en comunidad (espacios de encuentro, de juego y descanso) se ha transformado en una red de fortalezas cercadas. Es una anomalía difícil de encontrar, con tal intensidad, en otras ciudades del Perú y del mundo: el acceso al principal espacio público por naturaleza no es un derecho garantizado, sino una concesión arbitraria que depende de si el vecino encargado de las llaves decide, en su mejor humor, abrir el candado.
Esta situación no constituye solo una molestia cotidiana, sino una flagrante contravención a la Ley N.° 31199, de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, que establece, sin margen a la ambigüedad, que los espacios públicos son bienes de dominio público: inalienables, inembargables e imprescriptibles. Su naturaleza intrínseca es la accesibilidad universal; sin embargo, en Arequipa, es una normativa que las autoridades locales prefieren ignorar.
Es necesario comprender que Arequipa no es un caso aislado, sino un síntoma visible de una crisis urbana que afecta a todo el país. En diversas ciudades del Perú, el miedo a la inseguridad ha derivado en una peligrosa tendencia a la fragmentación del tejido social mediante el enrejado sistemático, no solo de parques, sino de calles enteras y urbanizaciones completas. Esta proliferación de “islas urbanas”, desdibuja la idea de ciudad como lugar de encuentro.
Bajo la excusa de la inseguridad (preocupación legítima de los vecinos), las autoridades arequipeñas han abdicado de su responsabilidad legal y han optado por el camino más sencillo: entregar las llaves a las juntas vecinales. Sin embargo, este razonamiento es una pendiente resbaladiza: si aceptamos que la solución ante la inseguridad es enrejar el parque, ¿por qué no proceder entonces a cerrar todas las calles de Arequipa y clausurar cada urbanización?
Al renunciar a su responsabilidad de gestión, el municipio no solo falla en su deber, sino que provoca un efecto contraproducente: mitiga un problema inmediato, pero genera otro al vaciar de ciudadanos el espacio público. Nuestras autoridades parecen ignorar principios urbanísticos elementales que, desde los años 60, Jane Jacobs dejó claros: la seguridad de un parque no la garantiza una reja, sino los “ojos de la calle”, es decir, la circulación constante y el uso intensivo del espacio por parte de los ciudadanos. Al privatizar el uso del parque se crea una dinámica perversa donde el vecino con la llave se erige como “dueño” del espacio, generando conflictos de convivencia y atentando contra la democracia urbana. ¿Con qué derecho un grupo de residentes decide horarios de funcionamiento o restringe el ingreso a otros ciudadanos? Este es un claro síntoma de una ciudad enferma.
Es imperativo que el Colegio de Arquitectos de Arequipa y la sociedad civil exijamos un cambio de paradigma. Las municipalidades no deben avalar el funcionamiento de “parques cerrados”. Es necesario exigir planes de gestión que aseguren la apertura total de los parques y el posterior retiro de todas las rejas. Esta apertura debe ir acompañada de un compromiso municipal serio: garantizar la seguridad mediante iluminación eficiente y fiscalización rigurosa que promueva la presencia ciudadana activa, como sucede en cualquier parte del mundo.
Recuperar nuestros parques es recuperar nuestra dignidad como ciudadanos. Mientras sigamos permitiendo que las rejas nos dividan y que la llave de un vecino dicte quién puede disfrutar de una mañana al aire libre, estaremos renunciando a la ciudad que realmente merecen nuestros hijos. La ley es clara; la voluntad política, lamentablemente, brilla por su ausencia.