Deysi Pari
Ninguno de los planes de gobierno de los 35 candidatos a la Presidencia de la República aborda con suficiente detalle el problema de la minería informal e ilegal, según el Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Clave de la Biodiversidad.
La minería ilegal se ha convertido en una de las principales economías criminales en el Perú. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad generó alrededor de US$ 11 500 millones en 2025, lo que representa un 50 % más de lo reportado en 2024.
Al respecto, el abogado César Montes de Oca Dibán, especialista en derecho minero y profesor del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), sostiene que el problema de los planes de gobierno es que abordan el tema de la minería ilegal de una forma parcial e ineficaz.
En ese sentido, destacó que solo alrededor de un tercio de los partidos políticos presentó propuestas concretas para enfrentar la minería ilegal. El resto se mueve entre menciones genéricas muy declarativas —“combatir la ilegalidad”, “fortalecer la fiscalización”— y el silencio. “Incluso dentro de ese tercio, la calidad de las propuestas evidencia un problema: falta de comprensión de la magnitud de esta actividad”, detalló Montes de Oca.
César Ipenza, miembro del observatorio, sostuvo que algunos candidatos tocaron el tema de la minería ilegal e informal en sus planes, pero las medidas resultan insuficientes. Hay otro grupo que colocó propuestas, pero no las desarrollaron y no contribuyen a resolver el problema. Mientras que otro conjunto de aspirantes a Palacio de Gobierno no tocó el asunto.
Minería informal en Arequipa
En Arequipa, la minería informal se ha expandido, sobre todo, en las provincias de Caravelí, Camaná y Condesuyos, donde la extracción de oro ha generado toda una estructura económica informal y ha desatado una serie de delitos.
De acuerdo con el gerente regional de Energía y Minas en Arequipa, Iván Prado Barreto, el control de la minería informal está en una etapa de transición. “El Gobierno nacional está retomando un mayor control del proceso que durante varios años estuvo descentralizado hacia los gobiernos regionales”, dijo.
Prado sostuvo que esta transición enfrenta una fuerte presión social y política. Durante años, el Reinfo fue aprovechado por los ilegales para operar bajo este permiso temporal.
Aunque la vigencia del Reinfo se extendió hasta diciembre de 2026, la Comisión de Energía y Minas aprobó su extensión hasta diciembre de 2027 y se espera que el Pleno ratifique la medida.
En Arequipa, actualmente, hay 4744 registros de mineros en el Reinfo que están vigentes, mientras que otros 1329 están suspendidos.
En Arequipa también hay minería ilegal, aunque su actividad es por temporadas. Cuando las autoridades hacen operativos, desaparecen.
Propuestas vacías en la agenda política
De acuerdo con el reporte del Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad, los partidos que no tienen ninguna propuesta para la minería ilegal e informal son Fe en el Perú, que lleva como candidato a Álvaro Paz de la Barra, y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, que postulaba al fallecido Napoleón Becerra.
Los planes genéricos corresponden a Perú Libre, de Vladimir Cerrón, que hace referencias generales acerca de la minería ilegal. Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, en su plan resumen solo dice que el Estado comprará a mineros formalizados.
Mientras que el partido Unido Perú, de Charlie Carrasco, afirma que hará un censo nacional de los mineros artesanales para su formalización.
El partido Un Camino Diferente que, ahora está fuera de carrera, proponía simplificar y acelerar los procesos de formalización.
Minería ilegal
César Montes de Oca refiere que, en cuanto a minería ilegal, algunos partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular enfatizan el fortalecimiento de la interdicción, es decir, mayor presencia policial y militar, destrucción de maquinaria y control territorial.
“La lógica es clara: recuperar el monopolio de la fuerza del Estado. Pero la experiencia demuestra que la interdicción sin medidas complementarias solo desplaza la actividad ilegal hacia nuevas zonas”, refirió.
Agrega que Acción Popular y Alianza para el Progreso incorporan la necesidad de fortalecer los procesos de formalización minera, proponiendo ajustes o continuidad de mecanismos como el Reinfo. No obstante, la limitación es que muchas de estas propuestas no tienen plazos ni condiciones claras.
En el caso de Avanza País y algunos sectores técnicos vinculados a distintas candidaturas, se ha planteado la necesidad de modificar el marco normativo para facilitar la actividad minera formal.
Sobre el Reinfo
Uno de los puntos más críticos es la gestión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Este registro, creado originalmente en 2012 por un plazo de dos años, ha sido prorrogado durante 13 años, convirtiéndose en un mecanismo que, lejos de formalizar, otorga impunidad a quienes operan al margen de la ley.
Si bien algunas organizaciones como el Partido Morado proponen su cierre definitivo para fines de 2026, la mayoría de los planes de gobierno no abordan la raíz del problema: el impedimento para que los mineros inscritos en el proceso de formalización sean investigados penalmente.
Otras agrupaciones políticas como el partido País para Todos, por el que postula Carlos Álvarez, tampoco presenta propuesta alguna sobre el Reinfo o la formalización minera.
¿Un banco minero?
Juntos por el Perú, señala que las concesiones extinguidas pasarán a control del Estado para ser otorgadas a pequeños mineros asociados a cooperativas.
El candidato de este partido, Roberto Sánchez, llegó recientemente al distrito de Secocha, en Camaná, considerado el epicentro de la minería informal de oro en Arequipa. Allí, ante los mineros dijo que establecerá un banco minero “que le reconozca la titularidad de la tierra a los pueblos que vienen trabajando”.
Según Sánchez, el Estado podrá comprar el mineral, otorgar créditos, financiar la compra de maquinaria y brindar otros beneficios a los trabajadores. A ese conjunto de propuestas lo denomina “nueva minería social”.
Otras propuestas
El especialista César Ipenza advirtió que otros partidos como Ahora Nación, de Alfonso López Chau, proponen medidas que ya fueron establecidas, como la implementación de la interoperabilidad entre el Registro de Comercializadores y Procesadores de Oro con el Reinfo y otros registros de producción de oro. Aunque la medida ya fue creada, el Ministerio de Energía y Minas aún no la implementa.
Otra propuesta que llama la atención es la creación de un banco de ADN de mineral aurífero para identificar la procedencia del oro ilegal.
Alianza para el Progreso, de César Acuña, quiere sustituir el Reinfo por un régimen Mape con tramos diferenciados para la minería artesanal y pequeña minería.
Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, propone la creación de un fondo nacional de innovación minera para la minería artesanal y de pequeña escala con incentivos tributarios.
El partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto, solo menciona que reducirá la minería ilegal y avanzará en la formalización.
Faltan decisiones
El abogado César Montes de Oca señala que ya se tienen suficientes diagnósticos en el país y lo que faltan son decisiones. Desde su experiencia en el desarrollo de proyectos de inversión, en la regulación minera y en la gestión pública, el camino es claro: construir un sistema que haga inviable la ilegalidad y viable la formalidad. Eso exige soluciones técnicas, coordinación y, sobre todo, voluntad política.
“El mensaje es directo: mejoren sus propuestas, escuchen a los especialistas, incorporen evidencia y diseñen políticas aplicables. Porque gobernar es resolver problemas”, enfatizó.