César Ventura Pizarro
Para el jefe de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique, el dinero utilizado para los prestamos ‘gota a gota’ en la ciudad, —cuya garantía de pago es la vida e integridad de las personas que los solicitan—, tendría como fuente a la prostitución y trata de personas.
Esta es una hipótesis que reveló el funcionario en un foro sobre seguridad ciudadana, organizado por la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, por iniciativa de las universidades Nacional de San Agustín, Católica de Santa María y Católica San Pablo.
Como es de conocimiento público, los impagos de estos préstamos informales terminan en delitos como extorsión y atentados contra la vida y la salud de los prestatarios. En ese sentido, el jefe defensorial exhortó a la Macro Región Policial Arequipa a poner un mayor interés en los delitos vinculados a las organizaciones criminales. “Hemos observado un incremento de la organización criminal que conlleva a acciones de sicariato y extorsión en Arequipa. Esa es una amenaza latente contra todos nosotros”, destacó.
Incremento de delitos
En efecto, el Cnel. PNP Héctor Díaz, jefe de la policía comunitaria en Arequipa, confirmó que en la región, el número de delitos denunciados incrementó de manera drástica durante este año. Tal es así que las cifras, en lo que va del año, superan a las de todo 2022.
Por ejemplo, en lo que va de 2023 se registraron 1157 delitos contra la vida y la salud, mientras que el año pasado fueron 1153. Peor aún, durante este año se tienen 10 911 delitos contra el patrimonio, mientras que en los doce meses de 2022 fueron 8406. Este incremento también se registró en los delitos por violencia familiar y contra la seguridad pública, entre otros. “El crecimiento de la denuncia por diferentes delitos es alarmante”, reconoció el oficial policial, al sostener que una de las principales causas es la informalidad.
Apoyo institucional
Para combatir esta situación, la Policía cuenta con 3833 efectivos operativos a nivel regional. Una cantidad menor a la recomendada a nivel internacional. “Lo ideal es un efectivo policial por cada 250 habitantes. Nuestra realidad es un policía para 405 habitantes. Hay déficit de personal”, explicó Héctor Díaz.
Además de la Policía, las municipalidades provinciales y distritales, a través de sus dependencias de seguridad ciudadana, también participan en la lucha contra la inseguridad. En ese sentido, horas antes del desarrollo de este foro, el Congreso de la República promulgó —por insistencia— la ley que autoriza el uso de armas no letales a los serenos. Sobre esta norma, el gerente se Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), mayor (r) Carlos Mayoría, saludó la aprobación de esta norma y adelantó que la comuna provincial la implementará en el corto plazo.
EL DATO
Carlos Mayoría reveló que en la provincia de Arequipa, cada día, se intervienen a 46 personas en estado de ebriedad que provocan algún tipo de falta o delito.
Propuestas
A diferencia de los delitos contra la propiedad y violencia familiar, que son males estructurales desde hace muchos años, los relacionados con el crimen organizado son recientes para Arequipa. En ese contexto, las estrategias para abordar cada uno de ellos debe ser diferente. “No podemos pedirle a una junta vecinal que se enfrente a una organización criminal”, ejemplificó Ángel Manrique.
En ese sentido, para el jefe de la Defensoría del Pueblo, la violencia familiar es un delito que puede abordarse desde la junta vecinal, serenazgo y Policía, ya que las tres instituciones responden a un nivel primario de inseguridad. En tanto que, los delitos recientes vinculados a la criminalidad organizada, requieren de un plan abocado a reforzar el servicio de inteligencia policial con metas claras de corto y largo plazo.
Por otro lado, el jefe de la policía comunitaria resaltó que la central telefónica de emergencias 105 debe ‘centralizarse’, ya que hay dependencias policiales que tienen sus propias centrales. Para Ángel Manrique esta idea también debería aplicarse con los servicios de serenazgo de las diferentes municipalidades, así desde una sola ‘base’ se podría gestionar la atención de cualquier emergencia con personal policial y serenos.