Rolando Vilca Begazo
Las obras del proyecto Majes Siguas II no se reiniciarán en tanto no se apruebe el cambio tecnológico del sistema de riego —que demandaría un incremento de US$ 110 millones en su financiamiento—, según reconoció Javier Rospigliosi Vega, responsable del monitoreo y del seguimiento de esta obra.
Pero aceptar esta modificación —a través de la adenda n,° 13— en el contrato de concesión original no es tan sencillo. Por una parte, hay una discusión técnica para negociar no solo el costo del nuevo sistema de distribución del recurso hídrico, sino también sobre quién asumirá este adicional (el Gobierno nacional o el Gobierno regional). Y por otra, una vez más los cuestionamientos políticos amenazan la continuidad de este proyecto.
Por el lado económico, hay un serio problema con respecto a que el concesionario Angostura-Siguas S. A. presentó una propuesta por US$ 110 millones para el cambio tecnológico, en tanto que el tope para no poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto es de US$ 107 millones.
El propio Rospigliosi advirtió que existe una limitación legal para aceptar un incremento mayor, por cuanto se rompería el equilibrio económico-financiero del proyecto y dejaría de ser rentable. “El concesionario tendrá que ajustar su costo a esta cifra”, agregó.
Este tema es analizado por una comisión adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, presidida por Gabriel Daly, director de Política de Promoción de la Inversión Privada.
El plazo para que se apruebe la adenda n.° 13, según Rospigliosi, es el 31 de agosto. “Y a partir de esa fecha, en 15 días como máximo, se podrían reiniciar las obras, tal como está contemplado en una de sus cláusulas”, señaló.
Ruido político
Otro escenario que puede complicar la continuidad de Majes Siguas II es el político, aunque Yamila Osorio, gobernadora regional, lo descalifica rotundamente. Días atrás, los parlamentarios por Arequipa, Justiniano Apaza, Miguel Román, Ana María Choquehuanca y Horacio Zeballos, cuestionaron que el Gobierno regional respalde el cambio tecnológico que demandará un pago adicional de US$ 110 millones al consorcio Angostura-Siguas.
Ese dinero, señalaron, se debería invertir en la rehabilitación de la infraestructura hídrica de la primera etapa de este proyecto. En respuesta, Osorio dijo que solo a ella, como máxima autoridad del Gobierno regional, le corresponde evaluar y decidir temas vinculados con los proyectos que ejecutan. “¿De cuándo acá los políticos opinan sobre temas técnicos? Sus facultades legales no los habilita a disponer la paralización de un proyecto”, señaló con tono amenazante.
Cierre financiero
Otro dato que llama la atención es el cierre financiero del proyecto. Hasta el momento, el concesionario Angostura-Siguas no ha invertido un sol. Por el 16 % de avance de la obra, el Estado desembolsó US$ 114 millones y, de acuerdo con la propuesta de la adenda n.° 13, tendría hasta ocho meses y medio, después de su suscripción, para “acreditar que cuenta con la totalidad de recursos” para las obras de la segunda fase (US$ 268 millones).
El dato
Como corolario, se firmó el contrato con Luz del Sur para la construcción de las centrales de Lluta y Lluclla. Esta empresa invertirá US$ 970 millones para generar 670 MW de energía, pero siempre y cuando se retomen las obras.
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