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Contra los pronósticos iniciales, la oposición en el Congreso está logrando poner contra las cuerdas al Ejecutivo. La semana pasada debía votarse en el Senado la delegación de facultades legislativas solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori, pero no se alcanzó el cuórum necesario, pese a que el oficialismo cuenta con el voto dirimente de Miki Torres, presidente de la Cámara Alta.
La ausencia de Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación demuestra que controlar la presidencia del Senado no garantiza la gobernabilidad que Fujimori esperaba. Conviene considerar dos aspectos.
Primero, el diseño de la bicameralidad fue impulsado por el fujimorismo durante la legislatura anterior. Sin embargo, como dice el refrán, «una cosa es con guitarra y otra con cajón». Pasar de liderar el Legislativo a conducir el Ejecutivo ha revelado dificultades que probablemente no figuraban en sus cálculos políticos.
Segundo, resulta paradójico que fuera Alberto Fujimori quien sepultara la bicameralidad mediante la Constitución de 1993. El unicameralismo facilitaba la construcción de mayorías parlamentarias y simplificaba las negociaciones entre ambos poderes.
Hoy, Keiko enfrenta las consecuencias de una reforma que parecía ampliar su influencia política. Pese a contar con representantes en ambas cámaras y presidir el Senado, sus iniciativas permanecen bloqueadas cuando se aproxima el tercer mes de su gobierno.
La negociación con Buen Gobierno y Obras resulta indispensable, incluso mediante acuerdos que contemplen su incorporación al gabinete. La alternativa de recurrir a cuestiones de confianza podría profundizar el enfrentamiento sin modificar la composición del Senado.
La paradoja es evidente: el fujimorismo recuperó la bicameralidad pensando en fortalecer su poder, pero ahora descubre que las reglas diseñadas para gobernar también pueden convertirse en obstáculos para hacerlo.