¿Cómo evalúa el avance en el proceso de descentralización?
Nuestra evaluación no es muy rigurosa, pero hay algunos puntos identificados. Primero, consideramos que es un proceso que se necesitaba y en estos diez años se avanzó mucho. El segundo punto es que se puede mejorar aún más y esto está en relación a la capacidad de los gobiernos regionales. Les transfirieron responsabilidades, pero sin capacidades profesionales.
¿Faltó una transferencia de capacidades técnicas?
No quiere decir que se necesitaba de un programa de entrenamiento, sino de darle por ejemplo a una región como Arequipa, la autonomía para contratar a los ingenieros para decidir lo que se puede hacer en obras. Es decir, que no tenga que seguir pidiendo permiso desde el nivel central.
¿No cree que este modelo de descentralización sigue dependiendo de Lima?
No hay dependencia, es mucho menos que antes. Aunque eso no quiere decir que Lima no siga beneficiándose en aspectos como agua y transporte.
¿Entonces coincide en que debe haber más atención a las regiones del interior?
Exacto, y te doy un caso concreto: el Metro de Lima costará una cantidad de dinero importante y por eso no se podrá hacer otro en ninguna otra ciudad, por mucho tiempo. Otro punto a trabajar es el tema del canon. Debe haber una mejor planeación en su priorización de parte de las municipalidades y los gobiernos regionales.
¿A partir de qué criterios?
Los criterios los deben fijar las administraciones [políticas] y los ciudadanos. Lo que pasa es que no hay unos criterios muy claros. Al menos no los percibo. En Colombia por ejemplo, y no sé si sea bueno o malo, se priorizan salud, educación y agua; después lo que tú quieras.
Aquí en ocasiones se invierte en obras fastuosas que no resuelven las necesidades básicas de la población.
Ustedes pueden ver el caso de Colombia, si les parece conveniente. Pero hay otros ejemplos como Rumania, donde las inversiones rurales se orientan a carreteras rurales. Y es que se tiene que hacer carreteras que conecten a la troncal primero, y luego unir a las municipalidades grandes. Entonces, hay diferentes sistemas para ordenar y buscar acuerdos con la población sobre cómo priorizar estas inversiones.
¿La decisión debe ser política o técnica?
No tengo una fórmula que determine uno u otro criterio. Por eso es que los presupuestos tienen un proceso esencialmente político. El rol de los técnicos pasa por informar a los políticos sobre las priorizaciones que deberían asumir y las consecuencias de ello. [Al final] la decisión es enteramente política.
Ahora las regiones plantean la descentralización fiscal para que una mayor parte de los tributos que se generan allí se queden para financiar obras públicas. La arquitectura de la descentralización del Perú, es decir los impuestos que se recaudan localmente y cuya propiedad es de los gobiernos locales, no es muy diferente a la del resto del mundo. Entonces, quizás el primer paso es buscar maneras —y esto no puede salir de Lima— de mejorar el recaudo por impuestos eficientes.
¿Hay impuestos más dañinos que otros?
Por ejemplo, si se ponen muchos impuestos al trabajo, desalientas el empleo y los empresarios buscan empresas mecanizadas; y si se fija una alta tasa al capital, se empieza a no invertir mucho. En ese contexto, un impuesto eficiente es a la propiedad y es equitativo porque pagan más quienes tienen más propiedades, que generalmente son los más ricos. Los impuestos más eficientes son aquellos que se aplican a la propiedad y [su recaudación] corresponde a responsabilidades locales porque son recursos propios.
Pero la descentralización fiscal apunta a distribuir en una mayor proporción, por ejemplo, el IGV o el impuesto a la renta a favor de los municipios o gobiernos regionales.
Del IGV ya se distribuye un 2% vía Foncomún a las municipalidades y, esta es la mejor fórmula del mundo, en base a pobreza, eficiencia, necesidades y brechas. Claro, ahí hay un debate, si se distribuye más o menos.
El tema es que el sistema de recaudo en general en el Perú es uno de los más bajos (22%) de toda Latinoamérica. En Colombia se llega a 33%, que es el más alto comparando con el caso peruano. Entonces tienes un Estado muy pequeño y la pelea es porque se dé más [dinero], entonces algo se debe hacer. El Gobierno nacional no puede llegar a ciertas regiones que nunca podrán recaudar más.
Es decir, ¿usted propone premiar económicamente a la mejor recaudación de las municipalidades?
Lo que propongo es que antes de pensar cómo se soluciona la distribución de otros impuestos, hay que usar mejor los que ya se tienen. Y entre ellos, hay buenos y malos. Uno bueno es el [impuesto] predial, del que hay que maximizar su recaudación y no hay que pedir permiso a Lima para ello; aunque algo del catastro depende del Ministerio de Vivienda, pero tampoco es un problema complicado.
¿Cuáles son los impuestos malos?
Todo lo que sea [impuesto a la] propiedad es bueno y consumo también. Yo estaba pensando más en el caso de las licencias y permisos para crear nuevas inversiones. Esas fuentes de ingresos no hay que maximizarlas, allí hay que pensar en eficiencia. Un gobierno regional cualquiera debería maximizar las fuentes de recursos que son buenas para el crecimiento y eficiencia de su región, y minimizar las que son malas.
Es decir, ¿mejorar la recaudación del impuesto a la propiedad?
Ponle impuesto a todo lo que sea malo como externalidades. El impuesto a los automotores, por ejemplo, por el tema de contaminación que además beneficiará a todos porque mejorará la calidad del aire. Ese tipo de externalidades hay que cobrarlas, recaudas más y te cuesta menos proveer salud y descontaminar la ciudad.
¿Minimizar significa reducir los costos, por ejemplo en este tema de los permisos y licencias para crear nuevos negocios?
Es eso o, por lo menos, si vas a cobrar otorgas un buen servicio, en el sentido que sea rápido y eficiente.
¿La actual distribución del canon debe reformarse? Este modelo solo beneficia a las regiones mineras a costa de aquellas que no tienen la suerte de contar con recursos naturales.
Allí no tengo opinión al respecto.
Por un tema de equidad, ¿todas las regiones que forman parte de un Estado no se deberían beneficiar por igual?
Claro, pero si tienes una familia de cinco hijos, ¿le deberías pasar un pedazo de mantequilla igual a todos o dejas que ellos escojan? Esa decisión es muy de la familia. Un economista no puede decir cómo hacerlo. Por principio tus recursos completos deberían garantizar los servicios básicos de salud, escuelas, comisaría, sistema judicial, etc., en todas las regiones. ¿Cómo pagas por eso?, es una decisión que cada país debe tomar.
En Colombia la gran reforma del canon fue esparcir la mantequilla y dársela a todos, pero no sé si ese modelo se aplique en el Perú. En Estados Unidos, Alaska se queda con mucho del dinero del petróleo y el resto va al nivel central. El Perú debe escoger su modelo, no hay una receta que funcione igual para todos; es una decisión interna y política. Ustedes tienen que encontrar lo que funciona para el país, de manera que sigan creciendo y beneficiando a todos por igual.
En el tema de formalización económica, ¿la ruta elegida por Pedro Pablo Kuczynski es la más adecuada para el país?
Lo primero que debemos preguntarnos es cómo mejorar la productividad para el país. Eso es lo que importa, y me parece espectacular que el gobierno de Pedro Pablo y sus ministros hayan puesto este tema en la mesa. No hay soluciones fáciles. La falta de formalización está asociada con la falta de productividad.
Ahora, la formalización en sí tiene dos caras: una es la productividad y otra es el acceso a calidad de vida. En el primer caso, la formalización puede ayudar a meter más empresas en el sistema [económico] y eso te ayudará mucho para alcanzar lo segundo.
¿Pero solo fijar una tasa baja de impuesto a la renta para propiciar la formalización de las Pymes, por ejemplo, es suficiente?
Esa es la pregunta teorética, si es necesario pero no suficiente. Hay que medir en base a la red de pago de impuesto.
En el caso peruano más de 80% de unidades económicas son informales.
Claro, allí quizás no haya que imponer nada para formalizarlos, pero esto te genera un hueco donde todas las empresas serán informales. Otro tema es el de la informalidad laboral donde unos tienen contrato y otros no. Esto es un tema difícil y no se puede sacar una ley de trabajo muy flexible porque de golpe dañamos derechos para ciertas industrias o regiones.
Tampoco podemos sacar una ley para todos. Esto se debe tratar más en segmentos. Por ejemplo, ¿cómo formalizo a mis empleados o a mis vendedores ambulantes? Allí ya no se trata de una ley de trabajo, sino de acceso a servicios básicos como seguro de salud y ese tipo de cosas.
En el tema de formalización laboral, en lugar de reducir los beneficios laborales para ampliar este beneficio, se puede plantear un incentivo tributario a los empresarios.
No sé. Mira, la formalización debe estar sujeta a un buen sistema de seguridad social y a tus derechos laborales; que se respete todo y, además, algo muy importante es que sientas que tienen esos servicios. Entonces ahí sí se debe dar facilidades para que se acceda a todo esto.
Le insisto, ¿formalización laboral sí, pero no a costa de reducir los beneficios laborales como vacaciones, CTS, etc.?
Allí tenemos dos cosas: beneficios laborales y costos laborales. Los derechos laborales no se deben reducir. Lo mínimo que te sugiere la Organización del Trabajo lo debe respetar cualquier país. Eso no se debe ni discutir. Los costos laborales son otra cosa y sí deberían ser determinados por el mercado, siempre y cuando se respeten los derechos básicos de los trabajadores, y quizás más.
En opinión de Pedro Luis Rodríguez, la reducción de un punto en el impuesto general a las ventas (IGV) en el Perú no provocaría un cambio muy importante. “Si es necesario háganlo, el tema es la eficiencia para el recaudo y cómo se puede incluir a todos en la red del sistema económico para cobrarlo”.
