Los hijos del cóndor: “Pedido de prisión preventiva se cae de maduro”

Kelly Castillo Mamani

“El pedido de prisión preventiva se cae de maduro”, consideró el abogado penalista y exfiscal, Juan de Dios Medina Aparicio, en referencia a lo que les esperaría a los integrantes de la presunta organización criminal Los hijos del cóndor, que tendrían como cabecilla al gobernador Elmer Cáceres Llica. Los detenidos cumplen 10 días de detención preliminar en diferentes carceletas de la policía en Arequipa.

Según el análisis de Medina, hay elementos de convicción graves, entre ellos, documentación, audios y declaraciones que justificarían que el Ministerio Público, solicite la prisión preventiva para los implicados. Además, valorarían que los sospechosos podrían obstaculizar la averiguación de la verdad o amenazar a los testigos.

“Creo que el Ministerio Público, tiene una estrategia (…). Se habla de obstaculización para que los testigos no declaren, por ejemplo, el caso de la consejera por Camaná, Crhiss Díaz, que está no habida y teme por su vida y la de su familia”, sostuvo Medina.

Cabe señalar que, durante el megaoperativo, también se especuló que Cáceres habría tenido las maletas listas para escapar, aunque su abogado, Iván Montes, afirmó que es “mentira”.

Medina Aparicio, afirmó que suma a la estrategia de la fiscalía, el hecho de que algunos implicados pasaron a la clandestinidad. “No todas las personas con detención preliminar han sido capturadas y eso significa que se ha evadido bastante. Eso hace prever que el Ministerio Público, tiene las cosas claras y el pedido de prisión preventiva se cae de maduro”, sostuvo.

Por otro lado, el también abogado penalista y docente de la Universidad Católica San Pablo, Federico Álvarez Neyra, coincide en que la conducta de tratar de huir, confirma el peligro procesal de fuga. “Si están al tanto y no se presentan voluntariamente ante el juez y, por el contrario, optan por desaparecer, consolidan la perspectiva del fiscal de que no es gente que va a someterse a juicio”, explicó.

Organizados para delinquir

Álvarez explicó que, la organización criminal, es un delito contra la seguridad pública y, para ser tal, debe estar integrada por un mínimo de tres personas, ser estable (por tiempo indeterminado), debe estar articulada con una estructura donde cada quien cumple una tarea o función específica, todo ello con el fin de cometer delitos.

La larga investigación fiscal que inició en el año 2019, apunta a que esto sería así, ya que Cáceres, habría comprado ‘voluntades’ de consejeros regionales con una serie de dádivas, con el fin de blindar a sus funcionarios cuestionados y que no fiscalicen su gestión, para lograr acuerdos regionales favorables. Entre las dádivas, habría coimas, terrenos del Estado y cupos de trabajo.

El abogado, Álvarez Neyra, sostiene que, en su forma básica, la organización criminal tiene una pena privativa de 8 a 15 años, además de días multa e inhabilitación, pero sube de 15 y máximo de 20 años para el cabecilla.

Medina Aparicio, opina que los integrantes —dependiendo de su rol específico en la red criminal— estarían afrontando una pena de 20 a 30 años, por ser varios delitos (organización criminal, cohecho, peculado, colusión y negociación incompatible), cuyas sanciones podrían acumularse.

Futuro de Arequipa

Mientras el escándalo por corrupción continúa, en el Gobierno Regional de Arequipa se percibe un halo de incertidumbre política y económica, que mantienen paralizada la gestión, lo que preocupa aún más porque la crisis se da en medio de la pandemia por el COVID-19.

Si bien el vicegobernador, Walter Gutiérrez, asumió como gobernador interino, este también está cuestionado pues según audios difundidos, también iba a recibir terrenos, aunque Gutiérrez descartó que esté involucrado. En tanto, el Consejo Regional se habría quedado sin quorum para tomar acuerdos, ya que siete de los catorce consejeros tienen pedido de detención preliminar.

Asimismo, hasta el momento se desconoce quiénes asumirán la gerencia general, la oficina de Presupuesto y entidades como Autodema (que tiene a su cargo el Proyecto Majes II), Copasa, entre otras, en remplazo de los funcionarios detenidos o con orden de captura.  Lo propio ocurre con el resto de gerencias (Educación, Salud, etc.), que continúan siendo ocupadas por personal de confianza de Cáceres.

La Defensoría de Pueblo, ya llamó a la nueva autoridad regional a garantizar los servicios básicos que presta el Gobierno regional e instó a que se designe a funcionarios públicos con “capacidad y probidad” en los cargos dejados por los funcionarios detenidos.

El también docente de la UCSP, Álvarez Neyra, opinó que estas conductas comprometen seriamente la institucionalidad y generan un efecto negativo y pernicioso en la administración pública, incidiendo de manera negativa en la realidad social, ya que hay una afectación directa a la población de la región, más aún en este contexto de pandemia.

Audiencia de apelación

La audiencia de apelación por la detención preliminar de Elmer Cáceres y otros once detenidos, será este viernes en horas de la mañana. Ellos buscan su libertad, sin embargo, según Juan de Dios Medina Aparicio, este recurso no prosperaría porque la defensa apelaría a rebatir pruebas que tiene el Ministerio Público y eso es un “grave error”, porque no es la instancia o etapa procesal para ello.