¿El Poder Judicial puede destituir a una autoridad elegida por el voto popular?

Rolando Vilca Begazo

Los asesores legales del Gobierno Regional de Arequipa, apelaron la sentencia judicial que dispone la destitución del gobernador Elmer Cáceres Llica. Ahora una sala civil de la Corte Superior de Justicia, verá en segunda instancia si se confirma o revoca tal decisión. Sin embargo, el debate gira en torno a si el Poder Judicial puede remover del cargo a una autoridad elegida por el voto popular.

A la autoridad regional se le impuso está sanción en respuesta a la Acción de Amparo interpuesta en su contra, por vulnerar el derecho a la salud de la población arequipeña, al no implementar el protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas infectadas por el COVID-19, aprobado por el Ministerio de Salud en marzo de este año.

En opinión del profesor de Derecho Constitucional, Jorge Luis Cáceres Arce, de la sentencia emitida por el juez civil Luis Madariaga Condori, se advierte que de manera reiterada exhortaron al gobernador regional para que implemente el protocolo sanitario contra el coronavirus, pero este no hizo caso a tal solicitud.

Es por ello, que en aplicación del artículo 22 del Código Procesal Constitucional, se dispuso la destitución del cargo. Es más, Cáceres Arce consideró que si la sentencia es ratificada “no sería un exceso” de parte del Poder Judicial. 

“Si la sentencia está debidamente motivada en segunda instancia, se basa en normas constitucionales y en la doctrina [del derecho] no habrá ningún exceso”, aclaró.

No obstante, también advirtió que Elmer Cáceres Llica “no sería el único responsable” de esta inacción y por allí tendría que enfocarse la estrategia de defensa del gobernador regional.

“La Sala Superior de Justicia, podría revocar esta sanción porque el gobernador regional no es el único responsable. En todo caso se le debería considerar como corresponsable, junto al gerente regional de Salud y otras autoridades que recomendaron adoptar otras acciones [para enfrentar la pandemia en Arequipa]”, señaló.

Es por ello que Cáceres Arce, estimó que el caso —si la Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa ratifica la sentencia— podría llegar hasta el Tribunal Constitucional “y allí, [por la excesiva carga procesal que se hay] no se resolvería hasta que el gobernador regional culmine su gestión”.

Es una intromisión

Para Ricardo Sánchez, abogado y asesor del gobernador Elmer Cáceres Llica, la destitución dispuesta por el magistrado Luis Madariaga Condori, es un caso similar al ocurrido con la vacancia de Martín Vizcarra, “porque el Poder Judicial se entromete en situaciones que le corresponden únicamente al Jurado Nacional de Elecciones”.

Además y pese a sostener que en el Gobierno regional son respetuosos del Poder Judicial y de la decisión de los magistrados, admitió que preparan una denuncia por prevaricato en contra del juez Luis Madariaga y también solicitarán la intervención de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma).