Rolando Vilca Begazo
Los intentos del Ministerio de Agricultura (Minagri), por consensuar un nuevo convenio con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), para asumir la titularidad temporal de Majes Siguas II y destrabar su ejecución en el corto plazo, son insulsos. El gerente general del GRA, Gregorio Palma, aclaró que no aceptarán que “el Gobierno nacional maneje este proyecto”.
“El convenio no va. Entendemos que el ministro [Jorge Montenegro] hace lo suyo, pero no debemos olvidar que este proyecto es de los arequipeños y Arequipa tiene la capacidad para hacerlo. No podemos entregarlo al Gobierno nacional. Esa posibilidad de firma de convenio está descartada”, sentenció.
Con ello, queda claro que la intensión del gobernador Elmer Cáceres Llica, por insistir en la aprobación de la iniciativa legislativa para conseguir la garantía soberana por el costo de la adenda 13 (US$ 104 millones), en el fondo era para no perder su protagonismo político y más ahora, que piensa postular la presidencia del país.
Aunque según Palma no se puede confiar en las promesas de un Gobierno que está de salida y que además no cumple sus promesas, como el caso de la represa para el valle de Tambo en la provincia de Islay, que hasta ahora no se concreta.
Idas y venidas
Recordemos que semanas atrás, el consejo regional en una primera votación, desestimó la suscripción del referido acuerdo —que había sido conciliado durante semanas entre los técnicos y funcionarios del Minagri y el GRA— por la premura con que se pretendía aprobarlo, sin conocer bien el contenido ni analizar sus beneficios.
El GRA no podía obtener un aval a fin de garantizar el pago del costo de la adenda 13 —para el cambio tecnológico del sistema de riego de Majes II— por eso el Ejecutivo le dio la posibilidad de suscribir un convenio según el D.U. 021-2020, a fin de asumir directamente toda la responsabilidad financiera y legal para destrabar este proyecto.
Así y tras el primer intento frustrado de suscripción de este acuerdo, y a pedido del mismo presidente de la República Martín Vizcarra, el titular del Minagri, Jorge Montenegro mantuvo reuniones de trabajo con los consejeros regionales para “transparentar su contenido e incorporar algunas propuestas”.
Todo iba por buen camino y se tenía una versión revisada y consensuada que faltaba afinarse para que sea sometida a una nueva votación. Ahora todo esto quedó en el aire, ante la negativa del GRA de aceptar un acuerdo donde ellos mismos contribuyeron en la elaboración inicial.
“Traidores”
Incluso, el gerente general del GRA, Gregorio Palma, en un reciente foro sobre el Proyecto Majes Siguas II y sus implicancias, acusó de “opositores, entreguistas y traidores” a los consejeros regionales que “quieren entregar este gran proyecto al Ejecutivo nacional”, porque ahora avalan la firma del convenio con el Minagri.
Camino resbaladizo
Si bien la iniciativa legislativa del GRA para conseguir la garantía soberana por los US$ 104 millones —del costo de la adenda 13— tendría el respaldo de la Comisión de Presupuesto del Congreso, tal como lo anticipó su titular Humberto Acuña, la palabra final la tendría el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Al tratarse de un proyecto de ley que genera gasto y considerando que el Congreso no tiene era prerrogativa, es necesario que el MEF opine. Es por eso que Acuña solicitó la presencia de representantes de este despacho, además del Minagri y ProInversión, para el martes 29 de septiembre, cuando la parlamentaria Rosario Paredes sustentará la propuesta de ley.
Por otro lado, el asesor de este grupo de trabajo, Piero Cuba García, aclaró que para aprobar la garantía soberana solicitada por el GRA, no solo se debe modificar la ley de endeudamiento público de este año —tal como se consigna en la iniciativa legislativa— sino que se debe adecuar la ley de endeudamiento del 2021. “Eso es lo más importante, porque resta muy poco del 2020. De lo contrario esta ley quedaría coja”, advirtió.
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