En 1990, nadie le prestaba dinero al Perú, sólo con la Constitución de 1993 retornaron los capitales al país, cuando se logró consolidar la certidumbre de que no se expropiarían empresas y se respetarían las reglas de juego.
Así fue por casi tres décadas y en el primer decenio del siglo XXI, fuimos la envidia de Latinoamérica por los números sin precedentes en la región, en cuanto a crecimiento económico y reducción de la pobreza. Pensamos que podíamos sostenernos en esa tabla de surf, pero el capital se empezó a ir con la elección presidencial de Pedro Castillo; prácticamente en 2021 todo el que pudo sacó su dinero del país y paulatinamente lo han seguido haciendo.
Pero ante la crisis, el Congreso no se da por aludido. En lugar de asumir su responsabilidad y tomar decisiones que pudieran ayudar a jalonar el crecimiento económico, el Parlamento ha tomado medidas para desincentivar el ahorro privado por un lado (retiro del 25 % de los fondos de las AFP y el 100 % de las CTS) y propiciar la indisciplina fiscal por el otro. Con estas acciones el déficit aumentó del 2 % al 2.5 %, en un momento en que la recaudación de impuestos está de capa caída.
El populismo y el cortoplacismo congresal, sumados a la incapacidad del gobierno de Dina Boluarte, han llevado a que S&P, una de las principales calificadoras de riesgo, le rebajara la nota al país. Esta situación encarecería la deuda que el Perú podría contraer en un futuro y propicia, además, que los inversionistas sean más cautelosos a la hora de traer su dinero.
Es necesario corregir el rumbo de las finanzas públicas ahora, antes de que se siga deteriorando, sin inversión será más difícil generar oportunidades laborales y desarrollo en infraestructuras que tanta falta hace.