Milagros Cahuana Cuentas
Piscóloga
La familia desempeña un rol fundamental en la educación de los hijos. No en vano es llamada ‘la primera escuela de formación’. De acuerdo a Antonio Bolívar, especialista en educación, la familia y la escuela son dos mundos que necesitan trabajar en común para lograr un desarrollo óptimo en el niño. Pero ¿qué sucede cuando la integración al colegio no se da de forma regular, sino por inclusión educativa?; es decir, ¿cómo toma la familia de un hijo con discapacidad el tema de su educación?
En este contexto la familia adquiere un rol protagonista en su nexo con la escuela, esto debido a que la familia conocerá de primera mano las necesidades educativas que requiere su hijo para lograr una inclusión educativa adecuada.
En la actualidad la inclusión educativa constituye una esperanza para la familia, quien busca encontrar en este ámbito respuestas y ayuda frente a la gran preocupación sobre el futuro que depara a los niños con discapacidad en el ámbito educativo. Actualmente esta esperanza viene mezclada con preocupación y confusión debido a las múltiples discusiones sobre la falta de claridad acerca de lo que supone la inclusión educativa.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la define como “un proceso cuyo fin último es lograr la inclusión social y la participación de todos, mediante estrategias educativas que respondan a la diversidad de demandas del alumnado, que trabajen particularmente con aquellos en riesgo de ser excluidos del sistema educativo (por discapacidad, pobreza, trastornos de aprendizaje y de conducta, etc.) y consecuentemente de la sociedad”.
De acuerdo a esta definición, la inclusión educativa supone contar con estrategias educativas que respondan frente a los diferentes tipos de discapacidades. Por ello, es comprensible la preocupación de la familia cuando en nuestro país conocemos la falta de un acompañamiento y estrategias educativas por parte del profesorado que recibe a los niños con discapacidad.
Esto no necesariamente por falta de voluntad, sino por la falta de una legislación que implemente políticas, recursos y soportes para los profesores y la familia de la persona con discapacidad. Esta carencia surge a pesar de la existencia de la Ley General de la Persona con Discapacidad Nº 29973 en la que se manifiesta que todas las instituciones educativas deben reservar al menos dos vacantes para niños con discapacidades de tipo leve o moderado; y aun cuando el Ministerio de Educación, de acuerdo a su Ley Nº 25762, debe velar por los cambios necesarios en el sistema educativo para lograr una educación de calidad y equidad para estas personas.
Al conocerse las carencias que originan el incumplimiento de ambas normas, el Ministerio de Educación debe ofrecer una genuina educación inclusiva, donde realmente se forme a las personas con discapacidad y exista acompañamiento externo por parte del personal educativo que cuente con estrategias y recursos para el manejo de la inclusión del niño con discapacidad, tanto en el colegio como en casa. Solo en ese momento, la familia de un niño con discapacidad podrá confiar en que la escuela es un ambiente seguro y entenderá que debe trabajar estrechamente con ella para lograr cambios significativos en el desarrollo de sus hijos.
