Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, se ha convertido en el peor hito de violencia política en el vecino país en los últimos tiempos.
La corrupción —a cuya denuncia se había dedicado como periodista y diputado— se convirtió en el eje de su discurso de campaña. Prometió que, de llegar a ser elegido como presidente, sacaría a las mafias enquistadas en el Estado ecuatoriano; por lo que no es difícil suponer que al tocar estos intereses resultara amenazado —como lo hizo público— y posteriormente, asesinado.
Y es que, Ecuador dejó de ser uno de los países más tranquilos de Sudamérica y se convirtió en el epicentro de una violencia creciente, debido al narcotráfico, al servir de centro de acopio de la cocaína producida en Colombia y Perú para su envío a los EE.UU. En ello, definitivamente, el cierre de la base Naval que tenía EE.UU. en el puerto de Manta, en 2009 —decretado por el presidente Rafael Correa—, estaría pasando factura con el incremento de la actividad de las economías ilegales en el vecino país.
Esto es un campanazo de alerta para todos los países de la región, ya que el narcotráfico es, desde su inicio, una fuente de desestabilización de nuestras democracias, ya sea por vía de la violencia, como lastimosamente nos lo mostró el asesinato de Fernando Villavicencio, o la financiación de campañas políticas. En este momento, por ejemplo, viene siendo investigada la campaña de Gustavo Petro, en Colombia y otros regímenes autocráticos, como el de Nicolás Maduro en Venezuela.
Resulta imperativo para el Perú tomar medidas a fin de evitar que el negocio del VRAEM incida en nuestras próximas elecciones generales, estamos advertidos de lo que puede pasar ante la inacción.
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