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¿Los recursos que genera la actividad minera en el Perú se traducen en bienestar colectivo?
María Justiniani Romero, profesora del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), sostiene que sí es posible, pero para ello se necesita “dar una mirada” al marco regulatorio de la actividad minera en el Perú.
Además, se debe tener en cuenta que la economía social de mercado, consagrada en el artículo 58.° de la Constitución Peruana, no se materializa solo cuando la minera genera riqueza, sino cuando existen instituciones públicas y normas capaces de convertir esa bonanza de recursos en oportunidades para todos.
Esta fue una de las conclusiones ofrecidas por la docente durante la 1.ª Jornada de Economía Social de Mercado, organizada por el Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la UCSP.
Según los datos mencionados por Justiniani, con base en el último boletín estadístico minero emitido por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la inversión en esta actividad extractiva reportó un crecimiento interanual del 32.7 % a agosto de 2026. Además, la generación de empleo directo creció más de 1 %, las exportaciones mineras representaron el 55.4 % del incremento de los envíos nacionales y las transferencias a gobiernos regionales y locales por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia superaron los S/ 13 310 millones.
Frente a estas cifras, surge la siguiente interrogante: ¿todos estos recursos generan el bienestar colectivo que los peruanos demandan?
Justiniani explicó que la Constitución Política del Perú resguarda la iniciativa privada y la libertad de empresa en su artículo 58.°, pero precisa que estas se ejercen dentro de una economía social de mercado donde el Estado orienta el desarrollo nacional.
Agregó que el artículo 59.° exige que la creación de riqueza respete la moral, la salud y la seguridad pública, mientras que los artículos 60.° y 61.° garantizan el pluralismo económico, la subsidiariedad empresarial del Estado y la vigilancia de la libre competencia para corregir externalidades y resguardar el interés público.
En el ámbito extractivo, el artículo 66.° establece que los recursos naturales son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. Aunque la ley permite que los particulares operen mediante concesiones, el Tribunal Constitucional (en sentencias emblemáticas como la del caso de la regalía minera) ha determinado que la concesión no otorga una propiedad privada absoluta, sino un régimen jurídico sui generis sujeto a condiciones, autorizaciones y fiscalización.
Como se trata de recursos minerales no renovables, Justiniani explicó que resulta constitucionalmente legítimo imponer exigencias tributarias y socioambientales amparadas en el principio de solidaridad intergeneracional e intrageneracional.
Durante su ponencia, la docente enumeró seis tensiones que llevan a preguntarse si realmente existe economía social de mercado en el Perú.
La primera enfrenta la libertad de empresa frente a fiscalización punitiva. Justiniani mencionó que existe un debate sobre si la fiscalización a la minería cumple una labor orientada a la protección ambiental y de seguridad o si ha degenerado en un esquema puramente sancionador sobre el sector formal.
La segunda tensión contrapone la atracción de inversiones con las exigencias socioambientales, mientras que la tercera enfrenta la generación de riqueza con la distribución territorial. Pese a los más de S/ 13 310 millones transferidos por canon y regalías, persiste una marcada incapacidad del Estado para convertir esos recursos en infraestructura básica y servicios de salud o transporte en las zonas de influencia directa.
La cuarta tensión se refiere a la seguridad jurídica frente a la inestabilidad normativa. Debido a que la minería es una actividad de alto riesgo que demanda inversiones multimillonarias y periodos de maduración de al menos 10 años sin generar ventas. Según datos del sector, solo uno de cada 100 títulos de concesión otorgados llega a convertirse en una mina en explotación. Al respecto, la docente explicó que los cambios normativos arbitrarios vulneran la predictibilidad que se necesita para estos proyectos de largo plazo.
Una quinta tensión es la característica no renovable de los recursos. Cuando un yacimiento se agota, es evidente que la empresa minera se retirará y si el marco normativo peruano y la gestión pública no diversifican las actividades económicas, las regiones mineras como Arequipa quedarían “al aire”. Por ello, es válido cuestionar qué otra actividad sostendrá a la región en el futuro.
La sexta tensión es acerca de la formalidad e informalidad. La docente explicó que no se puede mantener marcos regulatorios que establezcan extensiones indiscriminadas por tiempos indefinidos, como ha ocurrido con el Reinfo.
El director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la UCSP, Carlos Timaná, explicó cómo nació la economía social de mercado en Alemania tras la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial.
En aquel momento, los alemanes venían de sufrir la hiperinflación de 1923, el gran crack económico de 1929 y la dictadura nazi de 1933. Buscando una salida que no fuera ni un capitalismo sin reglas ni un comunismo donde el Estado controle todo, un grupo de pensadores creó una tercera vía: la economía social de mercado.
