Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
Cuando todo parecía indicar que Zoraida Ávalos era un cadáver político, tras ser inhabilitada por el Congreso de la República el año pasado, la semana pasada volvió como fiscal suprema en el Ministerio Público. Este hecho se dio gracias a que la 3.ª Sala Constitucional de Lima, declaró fundada parte de la demanda de amparo que había presentado frente a su inhabilitación.
En este caso, el Poder Judicial nuevamente ha tomado disposiciones frente a decisiones del pleno del Congreso, como son las inhabilitaciones por denuncias constitucionales que prosperan en el pleno.
Frente a esto, la Mesa Directiva no se ha pronunciado y si quisiera bajarle el tono a la cuestión y pasarla por agua tibia, bastaría con no hacer nada, pero es un escenario poco factible, ya que la misma Zoraida ha indicado que no descarta denunciar o iniciar algún proceso legal contra aquellos congresistas que estuvieron detrás de su inhabilitación.
Ante ese escenario, la Procuraduría del Congreso, por mandato del pleno, podría iniciar las gestiones para mantener su medida de inhabilitación ante el Tribunal Constitucional, lo que tomará tiempo, además, no queda claro cuál será el resultado de todo esto. Lo que sí queda en limpio es que la lucha por el Ministerio Público mueve todas las aristas de los sectores políticos y hacia su control van dirigidas todas las maniobras, a las que se suma la petición de la fiscal Delia Espinoza, para suspender a Patricia Benavides por otros 36 meses, cuando la suspensión que le impuso la Junta Nacional de Justicia vencía el próximo 6 de junio.
Todo parece indicar que, en las próximas semanas, seguirá la puja para definir el destino del Ministerio Público donde, a todas luces, se juega la vida política del país.
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