Carlos Timaná Kure
Director Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
La salida de Piero Corvetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) era, a estas alturas, inevitable. Los problemas logísticos observados en los recientes comicios —demoras en la distribución de material electoral y mesas que abrieron tarde, especialmente en Lima— erosionaron aún más la confianza en una institución cuyo principal activo debería ser la credibilidad.
En cualquier democracia funcional, el deber esencial de una autoridad electoral no es solo contar votos, sino convencer a los ciudadanos de que cada voto cuenta. Esa certeza exige neutralidad, eficiencia y transparencia. Corvetto ya arrastraba cuestionamientos desde las elecciones de 2021, cuando una parte importante del país puso en duda la imparcialidad del proceso. En ese contexto, renovarlo para un segundo periodo fue una decisión, cuando menos, imprudente.
La responsabilidad política de ese nombramiento recae sobre la entonces Junta Nacional de Justicia y, en particular, sobre quienes respaldaron su continuidad. Las instituciones no fracasan de golpe; se deterioran cuando decisiones discutibles se acumulan sin costo alguno para quienes las toman.
Ahora comienza una etapa más delicada. Las investigaciones fiscales y policiales deberán determinar si hubo irregularidades patrimoniales o conflictos de interés. Si existieron motivaciones económicas, el caso será grave. Si, en cambio, primaron afinidades ideológicas dentro de una entidad que debía mantenerse escrupulosamente neutral, el problema no sería menor.
El momento de la renuncia añade preguntas. Corvetto dejó el cargo solo después de requerimientos vinculados a contrataciones dentro de la Onpe. Eso sugiere que la presión institucional, y no una reflexión sobre los errores cometidos, precipitó su salida.
El Perú no puede permitirse autoridades electorales bajo sospecha. En un país políticamente fragmentado, la confianza en el árbitro importa tanto como el resultado del partido. Recuperarla exigirá algo más que un relevo de nombres. Exigirá reglas claras y consecuencias para quienes fallan.
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