Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo.
A pesar de las protestas violentas de diciembre del año pasado, el país alcanzó a registrar un crecimiento del 2,7 % en 2022, que resulta pequeño si tenemos en cuenta estadísticas pasadas, pero si se cumplen las perspectivas de Credicorp Capital, estaríamos hablando de que la economía del país crecería solamente 2 % para 2023. Una cifra que no es suficiente para crear nuevos empleos y que sólo serviría para mantener los que hay, siendo este el indicador más golpeado durante la pandemia.
El Bank of America había indicado en octubre pasado —cuando Pedro Castillo estaba en el poder— que la economía nacional podría registrar caídas significativas en su producción durante los dos últimos trimestres del año, pero que con lo avanzado en el primer semestre, el resultado total para 2023 sería positivo. Sin embargo, el difícil enero, el ciclón Yaku y el fenómeno de El Niño —que está haciendo tantos estragos en el norte— impiden conocer las implicaciones reales en el crecimiento del primer semestre, que nos serviría para amortiguar el segundo.
Ante este panorama, el gobierno debe afianzar una política económica que permita esquivar los rigores que trae una desaceleración, sobre todo en sus costos sociales.
Si bien hay noticias que desmotivan —no nos cuesta mucho hacerlo— como las maniobras del concesionario Cobra para no construir Majes-Siguas II, también está la aprobación del EIA y el fin de la controversia por los terrenos del proyecto Zafranal, que posibilitan su entrada en operaciones en 2025, y el destrabe del proyecto Chavimochic III por parte del premier Otálora, tras 5 años de paralización, asimismo, la propuesta de ampliación del aeropuerto de Arequipa. Todos estos ejemplos muestran que es posible jalonar nuestra economía, que con Castillo agonizaba.
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