Carlos Timaná Kure (*)
Politólogo
La prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, me hizo pensar en lo duro que es esto para todos en general: saber que quien debía defenderte; trabajar por ti; atender los problemas del país; representar todas las esperanzas, por lo menos de la mitad más uno de los peruanos, ha caído preso.
Soy hijo adoptivo de Arequipa y el Perú, pero en el país del que soy oriundo, Colombia, nunca se ha judicializado a ningún presidente, por lo menos desde la Constitución de 1991 y no es que no haya habido razones para hacerlo. De allí que vea con buenos ojos la función de control que realiza el Congreso peruano, y elogie la potestad del Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú sobre el presidente.
Estas brindan esperanzas respecto a la posibilidad de obtener justicia cuando el presidente comete actos ilegales, de tal forma que no haya nadie que se escape de la ley, y así la función pública de todos queda en el marco del Estado de derecho.
Este tipo de comportamiento del Poder Judicial se puede observar en el caso francés, de Jacques Chirac, quien fue condenado a dos años de prisión en el 2011 por desviación de fondos de su partido durante su gobierno en la Alcaldía de París (1977-1995); también la semana pasada en Brasil, en el caso de Lula da Silva; y en la forma como se vienen desarrollando las investigaciones al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina.
La prisión preventiva a los esposos Humala no debería alegrar a nadie. Pierde el país al reconocer que el fenómeno de la corrupción no se quedó en la década del noventa, sino que persigue a todos los presidentes de este siglo y parece que no será fácil retirarlo de la cultura política nacional. Pero lo que llama aún más la atención es que la corrupción es medida con mayor o menor peso en la opinión publicada, dependiendo del espectro político del implicado, y eso no puede pasar en una sociedad que anhele la justicia como un fin a alcanzar.
El contradictor político y yo debemos tener las mismas reglas de juego para tener un debate alturado y una democracia sana. Somos los ciudadanos los que debemos velar porque esto se dé, y no entregarles a los medios de comunicación el poder de erigirse como los jueces, ya que si se debieran a la verdad sería hasta lícito que lo hicieran; pero son empresas y quedan al arbitrio de los intereses particulares y, al mismo tiempo, tienen agendas ideológicas, así que más que justicia terminan tomando solo agua para sus molinos.
La verdad y la justicia son los dos pilares que deberían llevarnos a reflexionar sobre este momento doloroso de la vida nacional; deberían convertirse en el fin común de todos los ciudadanos, y volverse el parámetro de grandeza de quien ostente la batuta del destino del país y de quienes sirven en los medios de comunicación. Solo así podremos convertir este caso en una oportunidad de aprendizaje y no en un capítulo más del desarrollo que la corrupción nos ha robado.
(*) El autor publica originalmente sus artículos en www.transformandoelperu.org.pe
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