Jhony Velásquez Delgado
Docente Asociado de la UCSP
Uno de estos días, camino al trabajo, me abordaron pensamientos en torno a una pregunta: ¿a quién debería reclamar cuando mi salud empeore como consecuencia de la contaminación de la ciudad? Ensayando respuestas vinieron a mi mente algunas instancias: la municipalidad provincial, el Gobierno regional, los ministerios del Ambiente y de Salud, e incluso la mismísima Presidencia de la República. Como ven, no me quedó claro quién debería ser el destinatario de mi clamor.
Sobre la calidad del aire en Arequipa, me permito comentar dos datos: según Benigno Sanz, gerente de la Autoridad Regional de Medio Ambiente (ARMA), “se ha detectado en el esmog de la ciudad compuestos de nitrato de peroxiacilo, que se forma por residuos de las emisiones de los carros y la radiación ultravioleta, los cuales son altamente teratogénicos y que a la larga pueden generar cáncer”.
Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), de la Gerencia Regional de Salud, asegura que “el promedio anual de material particulado PM10 en la estación instalada en la municipalidad es de 123 microgramos/m3 (µg/m3). El estándar de calidad ambiental (ECA) indica que el valor anual de PM10 no debe superar los 50 µg/m3”. O sea que el aire de mala calidad incluso triplica, en algunos puntos de la ciudad, el límite permisible.
Los economistas han desarrollado un concepto que tomaré prestado: las externalidades. Estas, según Economy Weblog del Instituto de Empresa de España, se podrían definir como “decisiones de consumo, producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas, y que afectan a terceros que no participan directamente en esas transacciones”.
Las externalidades, además, son el principal motivo que debería llevar a un gobierno a intervenir en la economía. Para todos quienes no lo usamos, el sistema de transporte público es una externalidad.
Razonando únicamente desde lo económico, un decremento en el estado de salud de la población a causa de la contaminación generada por el transporte público —sea que se use o no— será un coste social importante que tendremos que enfrentar en los próximos años de diversas formas: con nuestros ahorros, el sistema nacional de salud, los seguros privados, etc.
En tal sentido, ¿por qué tenemos que seguir respirando este compuesto tóxico al que aún llamamos aire?, ¿debemos resignarnos u organizarnos y reclamar el derecho a una vida digna? Si no cambiamos, una buena opción sería ir pensando a quién presentaremos nuestra queja, junto con el costo de la receta médica. Sigo sin tenerlo claro.
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