Moquegua: los conflictos sociales que pueden frenar su crecimiento

Liz Ferrer Rivera

Entre diciembre de 2024 y febrero de este año, se registraron protestas sociales en contra de actividades mineras y proyectos relacionados a este sector en Moquegua. Considerada como la primera región minera del Perú, Moquegua enfrenta por lo menos tres conflictos sociales activos este año y cada uno de ellos se encuentra en una etapa distinta de desarrollo.

Coralaque contaminado

A inicios de diciembre pasado, pobladores bloquearon la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente Montalvo. El motivo de la protesta fue su rechazo a la contaminación del río Coralaque, la responsabilidad del daño ambiental cayó en la minera Aruntani que extraía oro en la región.

Aruntani operaba la unidad minera Florencia-Tucari, ubicada en los distritos de Carumas y San Cristóbal, en la provincia de Mariscal Nieto. El río Coralaque se encuentra en territorios de las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

La mina operó hasta el año 2016, oficialmente, y en 2019 el Gobierno ejecutó las cartas fianzas para su cierre ante incumplimiento de la minera. También se abrió una mesa de diálogo y hay decretos y pronunciamientos del Gobierno que respaldan la protesta en Moquegua.

Como consecuencia de estos hechos, el 13 de diciembre se emitió la resolución ministerial que aprobaba las acciones inmediatas para el cierre definitivo de la unidad minera Florencia-Tucari. Algunos tomaron la noticia como un logro, pero otros consideraron que había tardado demasiado.

“La mesa de diálogo tiene ya buen tiempo de creación y también acuerdos, pero no se han traducido en hechos. El ministro (Rómulo) Mucho quería avanzar, pero con su cambio parece que todo se ha paralizado, no escuchamos nada al respecto en los últimos meses, salvo lo que se habló a raíz de la huelga a fines del año pasado, pero todo quedó en compromisos”, comentó el economista y analista de conflictos mineros, Richar Maquera Quispe.

San Gabriel y Huatipaka

El lunes 3 de febrero, los comuneros del distrito de Ichuña acataron un paro indefinido contra la empresa minera Buenaventura, responsable del proyecto San Gabriel. El argumento de la protesta es que San Gabriel se ejecutaría en terrenos de las comunidades.

San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata que se ubica en Ichuña, provincia de Sánchez Cerro. Su producción estaría entre las 150 000 y 160 000 onzas de oro anual y el tiempo de vida de la mina se estima entre los 14 y 15 años. Buenaventura anunció que el proyecto empezaría a operar en julio de este año.

“En la mesa técnica de diálogo tenemos varios temas: ambiental, modificación del estudio de impacto ambiental (…), sin embargo, en esta oportunidad estamos tomando (discutiendo) el Fondo de Desarrollo Económico para Ichuña”, declaró el comunero Williams Casilla.

Por último, uno de los proyectos que también generó protestas en febrero fue Huatipuka. Pertenece a la empresa Tower and Tower y el Gobierno le otorgó la concesión minera para la exploración de recursos; no obstante, el objetivo sería otro.

La compañía pretende construir una planta de tratamiento y relleno de residuos sólidos en la Pampa Guaneros. Para los moqueguanos este proyecto significa un riesgo porque, en época de lluvias, los huaicos arrastran residuos de la pampa hacia el río Osmore, el cual finalmente desemboca en el mar.

En una última reunión de trabajo del grupo técnico que atiende el conflicto, las autoridades moqueguanas manifestaron su demanda de que el estudio de impacto ambiental de Huatipuka sea revocado por el Gobierno central.

Conflicto y mesas

César Montes de Oca, abogado especialista en derecho minero, sostiene que el conflicto es inevitable, está en la naturaleza humana tener diferencias y cuestionar. Eso sí, destaca que el objetivo es llegar siempre al diálogo.

Para el también docente del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo, el Gobierno tenía la mala costumbre de abordar los conflictos sociales cuando ya estaban en pleno desarrollo y no antes, cuando se incuban. Sin embargo, sostiene, que en 2024 notó que la participación del Estado fue más activa y menos tardía.

Respecto a las mesas de diálogo, considera que son herramientas valiosas, pero su gran defecto está en lo rígidas que pueden ser si se pretenden aplicar de igual forma en todo el país.

“El Gobierno quiere que la misma fórmula funcione en todas las regiones y eso es imposible. Cada región tiene una cultura, costumbres e ideas diferentes. En el caso de Moquegua, el diálogo puede ser más viable porque es una región con poca población y un alto nivel de educación”, refiere.

Al igual que el economista Maquera, considera que los plazos y resultados en las mesas de trabajo son primordiales para evitar que el conflicto empeore. “Si no se cumplen los acuerdos y los plazos, se gesta un nuevo conflicto y la frustración de los demandantes. Ese es el efecto contrario de lo que se quiere”, concluye.