José Colque
En la ciudad de Arequipa ni los locales comerciales que cuentan con un certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y licencia de funcionamiento, están libres de sufrir un siniestro como la ocurrencia de un incendio.
El subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Diego Ayca, admitió que ante la falta de fiscalización de estos locales, no se puede garantizar las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Esta situación no sólo pone en riesgo a los propietarios o trabajadores, sino al público que acude a estas instalaciones.
“El ITSE tiene una vigencia de dos años. [Pero] lo que pasa con los administrados es que se confían y no hacen mantenimiento. Al año se vencen los extintores y hay que hacer recargas, también se debe revisar el pozo a tierra, se malogran las luces de emergencia, los cables se deterioran y todo eso incrementa el riesgo de un incendio”, mencionó.
El funcionario explicó que el seguimiento del estado en que se encuentra la infraestructura, la parte eléctrica y otros aspectos de los diferentes negocios, cada municipio (provincial o distrital) se hace a través de una Visita de Inspección de Seguridad, conocida como VISE, pero en la práctica esta no se realiza, sino que esperan a que se cumplan los dos años de vigencia del ITSE para iniciar un nuevo procedimiento.
Esta situación se puso en evidencia durante el incendio registrado en una ferretería ubicada en el distrito de Miraflores, a inicios de septiembre. Este local contaba con licencia de funcionamiento y certificado ITSE.
Allí, el fuego creció agresivamente porque había barriles de thinner (líquido inflamable similar a la gasolina), que explotaron causando daños a viviendas cercanas, según informaron autoridades de Defensa Civil de la MPA.
Ahora, si esto ocurre con los establecimientos formales, el problema se agudiza con los negocios informales como las madereras de la avenida Jesús, que fueron consumidas por las llamaradas el último 10 de septiembre.
Lo peor de todo es que, según la MPA, uno de cada dos locales (entre talleres, almacenes, tiendas, ferreterías y otros tipos de negocio que existen en Arequipa) funciona de forma ilegal, ante las limitaciones operativas de los municipios para encauzarlos en el camino del orden y la legalidad.
Piden informe de negocios formales e informales
Ante esta situación, Diego Ayca enfatizó que cada municipio distrital es responsable de la fiscalización en sus jurisdicciones. Y en mérito a ello, el 9 de septiembre enviaron sendos oficios a estos gobiernos locales (de toda la provincia), requiriendo informes sobre los locales que fueron inspeccionados, clausurados, así como aquellos que tienen permisos para operar y las posibles zonas con la presencia de comercios informales.
“Hemos dado 20 días de plazo, los [municipios] que no cumplan serán reportados ante la Fiscalía de Prevención del Delito y podrían incurrir en el presunto delito de omisión de funciones al no realizar las fiscalizaciones”, apuntó el funcionario provincial.
EL DATO
Se estima que cinco de cada diez locales entre talleres, almacenes y otros negocios en Arequipa, son informales, según informaron en el área de Defensa Civil de la municipalidad provincial.
Falta de fiscalización
El patrón de estos trágicos hechos, como los ocurridos días atrás, es el almacenamiento de material inflamable que, ante la ocurrencia de un incendio pone en riesgo la vida de las personas que viven o trabajan en zonas aledañas al negocio.
En otras ocasiones, los siniestros ocurrieron en un taller de muebles en Alto Selva Alegre, locales de venta de madera en la avenida Jesús de Mariano Melgar y en un taller de carpintería de Miraflores.
Tanto en los negocios formales como informales la falta de fiscalización es notoria. Por ejemplo, en Miraflores, distrito donde se han registrado dos de los últimos cuatro incendios, hay siete fiscalizadores en campo para estas inspecciones de locales, pero la comuna no sabe dónde se ubican los negocios informales, según reconoció el alcalde Germán Torres.
“¿Como podemos saber cuántos negocios ilegales hay y que trabajan a puerta cerrada? La capacidad operativa de fiscalización no se da abasto. Sólo cuando se sabe su ubicación se interviene”, puntualizó la autoridad.
En este distrito, hay un promedio de mil locales entre talleres, tiendas y negocios de diferentes rubros que cuentan con certificado ITSE.
Por su parte, Diego Ayca advirtió el cuidado que se debe tener para brindar las licencias de funcionamiento ya que, para obtener este documento, los municipios “sólo piden el llenado de un formato, el pago de derechos y el RUC”.
Incluso, aseguró el funcionario, en muchos casos no se pide el certificado de zonificación de estos locales que suelen ser talleres o almacenes donde se guarda material inflamable. Esta realidad se contrasta con el caso de la ferretería y el taller de carpintería que se incendiaron en Miraflores. Ambos locales estaban en la calle Calvario, una zona urbana y a escasas cuadras del grifo de la avenida Progreso.
Distritos con potencial riesgo
Desde el área de Defensa Civil de la MPA, indicaron que por los recientes casos de incendio y la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, preocupa la fiscalización en sectores de la parte alta de Cerro Colorado y Yura, donde hay talleres pirotécnicos que ya dejaron un muerto en diciembre de 2023.
Además, en las partes altas de Alto Selva Alegre y Socabaya, como en la Av. Jesús de Mariano Melgar, también existen negocios de venta de madera y carpinterías. En otros sectores, como la feria de El Altiplano y el óvalo de Mariscal Castilla también hay mueblerías.
Mientras que en Bustamante y Rivero existen talleres de soldadura, almacenes o incluso el sector conocido como “La Cachina”, potenciales lugares de riesgo ubicados en zonas urbanas, advirtió Diego Ayca.
“Debe haber negocios clandestinos [en Miraflores] como en cualquier otra parte del mundo. La situación es que los vecinos tienen que ser responsables para cautelar la integridad física de sus familias”, agregó el alcalde distrital Germán Torres.
Bajo esa premisa, ambas autoridades sostuvieron que la participación de la ciudadanía es clave para identificar estos negocios y denunciar su existencia ante los municipios correspondientes, para así evitar futuros incendios que pudieran afectar viviendas aledañas.
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