Rolando Vilca Begazo
La Contraloría General de la República encontró serias irregularidades en la construcción del tramo III de la variante de Uchumayo (entre el puente San Isidro y la vía de evitamiento), a cargo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Esta obra se inició en el 2016 y hasta la fecha no se culmina, contribuyendo así al caos vehicular de la ciudad.
Pagos adicionales
El informe de auditoría n.° 629-2018-CG/MPROY-AC advierte que el 27 de mayo del 2015, el Gobierno Regional aprobó un presupuesto de S/ 77 877 446.55 para este proyecto. Sin embargo, dos meses después los costos se actualizaron a S/ 88 373 934.45, “es decir, tuvo un aumento de S/ 10 496 487.90, equivalente a 13.48 %”.
Lo que llama la atención es que la Contraloría advierte que la aplicación de la fórmula polinómica de reajuste de precios del expediente técnico “no daba lugar al aumento del presupuesto” de la obra. Asimismo, se encontró un incremento “sin sustento alguno” en el costo de los muros de contención prefabricados, lo que ocasionó un pago adicional por S/ 2 464 466.71.
Sin EIA
Otra deficiencia identificada es que el proyecto se ejecutó sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la Certificación Ambiental. En su lugar, el GRA aprobó, “sin tener competencia para ello, un estudio de la Declaratoria del Impacto Ambiental que no correspondía”.
Tampoco se contó con los estudios de interferencias (cambio de redes eléctricas, de telefonía, de agua, de desagüe, entre otros); además, la ampliación del puente Arrayanes no contó con las conexiones que la unirían a la futura vía Metropolitana, y el estudio de telecomunicaciones estuvo incompleto. Todo ello ocasionó la aprobación de pagos adicionales por S/ 6 832 132.55.
Convenio en cuestión
La Contraloría también señala que los funcionarios del GRA suscribieron un convenio con el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM), en el que le encargan el proceso de selección para la contratación del ejecutor y el supervisor de la obra “sin contar con la disponibilidad física del terreno” y “no acreditaron el sustento necesario de la necesidad y la viabilidad del encargo”.
Esta decisión del GRA, aclara el informe n.° 629-2018-CG/MPROY-AC, va en contra de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y ocasionó un incremento de S/ 927 427.42 en el presupuesto de inversión, que corresponde al monto pagado al OIM por sus servicios.
Adelanto irregular
Otra deficiencia encontrada es el irregular pago adelantado por S/ 19 500 000 al ejecutor Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), ocurrido el 28 de diciembre del 2015, pese a que no había disponibilidad de los terrenos a intervenir. Es más, la obra no comenzó sino hasta el 11 de septiembre del 2016.
Responde
Por su parte, el Gobierno Regional de Arequipa cuestionó las observaciones del informe de auditoría y exhortó a la Contraloría General de la República “a no ceder a presiones políticas y actuar con absoluta neutralidad”.
A través de un comunicado, el GRA señala que el expediente técnico del proyecto y la Declaratoria del Impacto Ambiental se heredaron de la gestión de Juan Manuel Guillén.
En cuanto a la suscripción del convenio con el OIM, se aclara que “la ley lo permitía y buscaba agilizar el proceso” porque se corría el riesgo de perder el presupuesto asignado por el Gobierno nacional para la obra. Este argumento también fue usado para respaldar el pago adelantado a ICCGSA.
El dato
La Contraloría identificó fisuras y grietas en 174 losas del pavimento rígido, de las cuales 53 deberán reemplazarse por cuenta del contratista (ICCGSA).
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