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El Perú ha vivido momentos difíciles a propósito de las recientes elecciones generales. Los resultados de la segunda vuelta reflejan la decisión del elector por la propuesta de menor riesgo, menos radical y menos traumática para una sociedad que se siente insegura por el incremento de la criminalidad, desprotegida por la pérdida progresiva de la institucionalidad durante los últimos 30 años y desorientada por la inestabilidad política. No hay nada más equivocado que pensar que la política y la economía van por caminos separados y que las decisiones políticas no tienen impacto en la economía.
La inestabilidad política la vemos en la fragmentación del voto de los últimos procesos electorales, en la pérdida sistemática de la institucionalidad que genera desconfianza en la ciudadanía y en la tensión vivida entre un poder ejecutivo débil y un Congreso hostil y desafiante, que aprobó leyes con iniciativa de gasto pese a que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, ello no está permitido.
Debo precisar que el actual Congreso —que está culminando funciones— no solo ha relajado la norma fiscal (déficit fiscal no mayor al 1 % del PBI y la deuda pública no mayor al 30 % del PBI), sino que, además, aprobó 53 iniciativas legislativas que llevarían a la economía a soportar un déficit promedio del 5.8 % del PBI para el período 2026-2036. Es más, solo con las leyes ya promulgadas, la deuda pública sería superior al 47 % del PBI para el año 2036 y, sumando los proyectos de ley en trámite, esta podría alcanzar el 70 % del PBI, según el Consejo Fiscal.
Esta situación política altamente inestable, ocurrida en los últimos quince años, nos ha llevado a perder 3.5 % en la capacidad productiva de largo plazo de nuestra economía (PBI potencial). Además, ha provocado que el crecimiento del PBI real caiga a tasas por debajo del 3 %, lo cual es insuficiente para reducir la tasa de pobreza y generar empleo para las nuevas generaciones laborales. Esto nos ha llevado a perder entre el 12 % y 15 % del presupuesto nacional (aproximadamente 3 % del PBI) por corrupción del sector público.
El caos en el terreno político ha tenido un efecto negativo en la economía del país. Esta situación se ha visto agravada por problemas estructurales como la inseguridad, el centralismo, la informalidad laboral y productiva, así como el déficit en infraestructura social y productiva que se ha incrementado año tras año, alcanzando en la actualidad una brecha superior a los 180 mil millones de dólares para los próximo diez años.
Ante esta realidad, la propuesta de gobierno de Keiko Fujimori deberá buscar la armonía entre lo político y lo económico, sin descuidar el fortalecimiento de la inversión pública y privada para reducir la brecha de infraestructura social y productiva. Asimismo, deberá mejorar la eficiencia y competitividad del aparato productivo y generar mejores condiciones de vida para todos.
Replantear el modelo de descentralización del año 2002 (gobierno de Alejandro Toledo) es más complejo, pero no puede renunciarse a una mejor asignación de recursos a nivel regional, especialmente para las regiones del sur del país, donde se tiene que demostrar una presencia del Estado real, efectiva e integradora.
Los incentivos a la inversión privada, especialmente al sector mipyme, deben ir acompañados de una rápida atención a la creciente criminalidad e inseguridad ciudadana que soporta el país, pues cada vez son más los micro, pequeños y medianos empresarios que cierran sus puertas por la extorsión y el sicariato.
Finalmente, los resultados de la gestión del nuevo Gobierno dependerán de su capacidad política e institucional (que viene debilitada) para lograr las reformas necesarias y mantener la disciplina fiscal, a pesar del Parlamento, ahora bicameral.