El caos político y la violencia aumentan la crisis en el Perú

Juan Pablo Olivares

Desde que Pedro Castillo fue destituido y Dina Boluarte asumió la presidencia, 27 personas han muerto y más de 200 resultaron heridas. Este es el saldo de los enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FF. AA.), según el reporte del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo.

Estas cifras oficiales producto del estallido social que aún mantiene en vilo al país, generan más caos y violencia que agravan la crisis en que vivimos. Además, han eclipsado las masivas marchas pacíficas que exigían un país más justo y en paz.

Estrategia política

Las protestas y actos de violencia que se desencadenaron en diferentes regiones del país, en los últimos días, en opinión de Manuel Ugarte, docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo, tienen como causa “el discurso de odio, de resentimiento, de división y lucha de clases, que el gobierno de Pedro Castillo promovió”.

“Esto como una estrategia política para instaurar en el Perú una asamblea constituyente (ilegal), que sea el punto de partida de un gobierno socialista dictatorial y antidemocrático”, agregó.

Juego ideológico

Las imágenes de policías secuestrados, comisarías quemadas, saqueos y bloqueo de carreteras, en diferentes puntos del país, dieron la vuelta al mundo, como una prueba de que, el llamado “vandalismo” tomó las manifestaciones. Llevados por la ira, convirtieron al país en un campo de batalla.

Para Ugarte, los ataques perpetrados por grupos violentistas, repiten sospechosamente la misma estrategia de tomar vías de comunicación, aeropuertos, centros de producción de energía y combustible, comisarías, edificios de entidades estatales. “El objetivo es claro, desestabilizar la democracia para instaurar por la fuerza un régimen socialista”, sostuvo.

En ese sentido, la intervención de la PNP y las FF. AA., según Manuel Ugarte, devolvieron la confianza en la democracia, porque ante el golpe de Estado de Castillo, se pronunciaron a favor de la Constitución y del orden democrático, del equilibrio de poderes y del Estado de Derecho.

“Es un error asumir que la acción policial sea una de las causas del escalamiento de la violencia. Sostener esto es caer en el juego ideológico de aquellos grupos que prepararon esta asonada contra la democracia y el Estado de Derecho”, puntualizó.

En varios puntos del país, las FF. AA. tomaron medidas enérgicas contra las protestas, que, a decir de los manifestantes, fueron injustas y solo se convirtieron en el acelerador de movimientos de masas violentas, exigiendo el cierre del Congreso de la República, el adelanto de elecciones y hasta la liberación de Pedro Castillo.

Sobre este punto, Ugarte, consideró que, no se puede equiparar a las instituciones del Estado de Derecho con los grupos violentistas, como si se tratara de un conflicto político entre dos bandos con la misma legitimidad.

“Los radicales violentistas no son un movimiento político con una visión diferente de la conducción de la democracia, ellos son antidemocráticos y sus estrategias son contrarias a la ley y los derechos”, dijo.

Asimismo, sostuvo que si bien es cierto que la democracia debe garantizar la pluralidad de las opciones políticas, esto solo puede darse sobre la base de valores como el respeto de los derechos humanos, la paz social, el ejercicio de las libertades, el bien común y el equilibrio de poderes.

“Estos grupos violentistas se han puesto al margen de la democracia, al margen de los valores democráticos y al margen de la ley. Y esto les quita toda legitimidad legal, social y moral”, concluyó.