Víctor Condori
Historiador
Tras la derrota de la rebelión cuzqueña encabezada por los hermanos Angulo y el cacique Mateo Pumacahua en 1815, el virreinato peruano volvió a disfrutar de una relativa paz social después de más de un lustro de levantamientos, invasiones y guerras dentro y fuera del territorio.
En ese contexto, uno de los grandes responsables de la contrarrevolución en el Perú —y en buena parte de América del sur—, el septuagenario virrey José Fernando de Abascal, premiado por la corona con el título de Marqués de la Concordia en 1812, decidió retirarse definitivamente a tierras españolas, dejando el cargo en manos de uno de sus mejores generales, Joaquín de la Pezuela, en julio de 1816.
Política represiva
Durante los años de guerra previos y aunque la región de Arequipa fue invadida por un ejército rebelde proveniente del Cuzco en noviembre de 1814, la mayoría de sus habitantes se mantuvieron fieles a los intereses reales, contribuyendo con cuantiosos donativos, préstamos, alimentos, animales de carga y miles de soldados.
Desafortunadamente y muy a pesar de aquel esfuerzo, la Ciudad Blanca no logró librarse completamente de la sospecha o desconfianza a ojos de las autoridades virreinales que, a partir de 1815, querían llevar a cabo una rigurosa política de control y vigilancia a fin de erradicar cualquier manifestación o simpatía entre algunos miembros de su población por aquellos movimientos insurgentes.
Entre las principales manifestaciones de esta política represiva, estuvo la multiplicación de procesos judiciales contra vecinos y autoridades acusadas de mostrar actitudes bastante sospechosas —por no decir complacientes— con las fuerzas insurgentes durante la ocupación de la ciudad. Dentro de los implicados destacaron el presbítero Mariano José de Arce y el abogado José María Corbacho.
También ordenaron la separación, por razones similares, de algunos regidores del Cabildo de la ciudad y como si esto no fuera suficiente, el cierre y posterior reorganización del Seminario Conciliar de San Jerónimo, considerado como un centro de formación y difusión de ideas subversivas entre la juventud arequipeña.
De ese modo y a fin consolidar todas las medidas y resoluciones adoptadas, la corona nombró como intendente de Arequipa en 1816 al coronel Juan Bautista de Lavalle y para obispo en 1817 a monseñor José Sebastián de Goyeneche. Ambos eran criollos de familias acomodadas y reconocidos por sus servicios a la monarquía.
La economía arequipeña
Desde el punto de vista económico, estos años fueron de gran crecimiento, principalmente en dos actividades: el comercio de importaciones y la producción de vinos y aguardientes. ¿La razón? No solo fue la estabilidad política y social de la que disfrutó el Perú durante aquella breve coyuntura, sino en la pacificación de los ricos mercados surandinos como Cuzco, Puno y el Alto Perú (hoy Bolivia).
Dicho crecimiento se reflejaría en la recaudación de la aduana de Arequipa, que pasó de 36 937 pesos en 1810 a 52 453 en 1816 y 61 593 pesos en 1817. En tanto que, la producción de vinos de los valles de Vítor, Majes y Moquegua que en 1812 habían alcanzado en total 473 936 botijas, para 1816 superaron largamente las 640 000.
Finalmente, los ingresos generales de la Tesorería, también experimentaron un notorio incremento de 433 679 pesos en 1814 a 543 059 pesos en 1816.
Esta situación de estabilidad política y crecimiento económico, cambiaría progresivamente a partir de 1818, a raíz de la caída de la Capitanía General de Chile en manos de fuerzas patriotas provenientes del otro lado de la cordillera y dirigidas por el general José de San Martín y asimismo, por la permanente amenaza de invasión marítima del territorio peruano, obligando al virrey Pezuela a reforzar el ejército destacado en el Alto Perú al mando del general José de la Serna y a la creación del denominado Cuerpo de Reserva. Una fuerza militar compuesta de casi 3 000 soldados bien armados y entrenados, con sede en la Intendencia de Arequipa y bajo el comando del brigadier Mariano Ricafort.
El cuerpo de reserva
El objetivo principal de aquella considerable fuerza militar, estaría relacionado no solo con la necesidad de mantener el orden y la tranquilidad en una región bastante convulsionada por las últimas rebeliones e invasiones insurgentes, sino de proteger la costa sur del virreinato peruano, principal puerta de ingreso al Alto Perú y a sus ricos yacimientos mineros, ante una posible invasión de la escuadra libertadora encabezada por el almirante Cochrane y proveniente de la recién fundada República de Chile.
El referido cuerpo del ejército español estuvo integrado por las tres armas más importantes en aquella época: infantería, caballería y artillería; divididos en tres batallones de 800 soldados cada uno, tres escuadrones de 200 y un pequeño destacamento de artillería de casi 70 hombres de los cuales 2 000 quedarían acantonados en la provincia de Arequipa y sus alrededores, y 1 000 en las costas de Arica, el principal puerto de la región.
Para un adecuado cumplimiento de sus labores, dicho cuerpo y sus respectivas unidades fueron convenientemente pertrechados —según correspondía— con fusiles, pistolas, bayonetas, sables, monturas, piedras de chispa, fornituras, municiones de artillería y cuatro cañones, vale decir, con todo lo necesario para su servicio; un oficial que la mande y un piquete de artilleros expertos que las manejen.
Finalmente, mientras los cañones, fusiles y sables eran responsabilidad de la autoridad virreinal, la asignación del vestuario, los salarios y la manutención de la tropa, debían ser cubiertos por el Gobierno local con los fondos obtenidos por las autoridades a partir de préstamos forzosos y donativos voluntarios, exigidos a toda la población de la Intendencia de Arequipa y por varios años.
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