Cambio climático: ¿cómo están nuestras políticas públicas?

Javier Montalvo Andía
Instituto de Energía y Medio Ambiente – UCSP 

Según el Tyndall Center de Inglaterra, el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras, esto debido a características muy particulares como, por ejemplo, que cuente con 27 de los 32 climas del mundo. Dentro de ese escenario surge la pregunta: ¿qué estamos haciendo frente a este problema y cómo estamos en relación con otros países de la región?

Dentro del marco normativo, el Perú cuenta con la Política Nacional de Medio Ambiente aprobada en el 2009, la cual promueve la incorporación del cambio climático como un elemento condicionante cuya especial consideración es fundamental para el desarrollo sostenible.

También, y de forma más específica, en el 2015 fue aprobada la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, la cual tiene como objetivo mostrar el compromiso del estado peruano en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

A nivel regional y en línea con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual dispone que cada Gobierno Regional elabore su propia Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), la región Arequipa cuenta con una Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático aprobada en el 2009.

¿Esto alcanza? Parece que no. Tanto las normativas nacionales como la regional se enfocan en resolver a través de políticas públicas las consecuencias actuales del cambio climático y solo establecen acciones voluntarias para los principales emisores de fuentes antrópicas de gases de efecto invernadero (GEI).

Estamos entonces frente a un marco normativo inmaduro que no ataca las causas del problema; lo que sí ocurre en países como Brasil, donde políticas regionales como la Resolución n.° 64 en Río de Janeiro y la Decisión de Directorio 254/2012 de Sao Paulo obligan a las empresas a reportar sus emisiones de GEI a través de un inventario de emisiones auditado y, además, a reducir o compensar sus emisiones a través de un plan de mitigación también auditado y aprobado por el órgano ambiental.

Está comprobado que desarrollar correctamente un inventario de emisiones de GEI abre posibilidades para la implementación de tecnologías limpias y para la identificación de oportunidades de mitigación a través de eficiencia energética. En otras palabras, este mecanismo retira de su ‘zona de confort’ a los involucrados y los induce a pensar en soluciones innovadoras con bajos niveles de emisión de GEI. Todo esto tiene como resultado la disminución o control de las emisiones y sus consecuentes beneficios para la sociedad.

Es, por tanto, de suma importancia que el Gobierno nacional y los gobiernos regionales definan estrategias y políticas más audaces que produzcan resultados tangibles con relación a la batalla contra el cambio climático, que beneficien directamente a la población y que resulten en decisiones apropiadas tanto del sector empresarial como de la ciudadanía.